REFORMA CONSTITUCIONAL EN SANTA FE
El daño está hecho
Por:
José Curiotto
Domingo 16 de
Octubre 2016
En política no sólo es necesario ser... sino parecer. Y si de apariencias se trata, habrá que decir que al aceptar ser defensores de personas detenidas en Rosario por causas relacionados con estafas inmobiliarias y lavado de activos; los ex ministros de Justicia de la provincia, Héctor Superti y Juan Lewis, y el ex ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, acaban de mancillar sus respectivas imágenes y perjudicar la de los gobiernos que integraron.
Es verdad que mientras la Justicia no diga lo contrario, los detenidos seguirán siendo inocentes. También es cierto que, como profesionales del Derecho, los ex ministros no hacen otra cosa más que cumplir con su función de abogados.
“Asumir la defensa de dos ex compañeros de la facultad (dos escribanos), que están muy lejos de ser millonarios, y mucho más lejos de ser delincuentes de cuello blanco como dicen, no es ni más ni menos que aquello a lo que se dedican los abogados penalistas: defender gente acusada de cometer delitos”, escribió Lewis en su muro de Facebook.
Sin embargo, el hecho de haber actuado en la función pública no es un dato menor. Mal que les pese, desde que formaron parte del gobierno provincial, Héctor Superti, Juan Lewis y Daniel Cuenca dejaron de ser Héctor Superti, Juan Lewis y Daniel Cuenca, para convertirse en ex ministros, a quienes depositaron su confianza gobernadores que, a su vez, habían recibido la confianza de la ciudadanía a través del voto.
A la hora de aceptar la defensa de los sospechados, no parecen haber tenido en cuenta que sus actitudes también afectarían a quienes en su momento los convocaron para cumplir funciones tan importantes. Cuesta creer que estos abogados no hayan sido conscientes de las repercusiones de sus actitudes.
Pero eso no es todo. Superti fue en su momento el abogado representante del ex gobernador Antonio Bonfatti en la causa abierta por la balacera contra su domicilio particular. Y Lewis, se desempeñó hasta ayer -le pidieron la renuncia- como asesor del mismo bloque socialista que en la Cámara de Diputados de la provincia manifestó su beneplácito por los operativos conjuntos entre fuerzas provinciales y federales que terminaron con las detenciones realizadas en Rosario.
Mientras algunos de los imputados son defendidos por estos ex ministros de la provincia, otros aparecen representados por el mismo abogado que defiende a integrantes de la banda de Los Monos. No parecen datos alentadores.
Como si todo esto no fuera suficiente, existen otros elementos preocupantes: el hecho de haber ejercido funciones en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Seguridad, les dio la posibilidad a estos abogados de acceder a información sensible que, quizá, pudiera resultar determinante en la marcha de las causas judiciales que se inician a partir de ahora. Además, Lewis y Superti cumplieron un rol clave en la implementación del nuevo sistema procesal penal.
“Tenemos que estar de un lado o del otro en la lucha contra el narcotráfico, la violencia y la corrupción, en todas sus formas y todos sus niveles”, dijo el gobernador Miguel Lifschtiz.
La verdad es que, más allá de los esfuerzos que pudieran realizar Superti, Lewis y Cuenca a la hora de brindar explicaciones, resulta inevitable que el ciudadano común se cuestione de qué lado están -¿estaban?- estos ex funcionarios.
En tanto, los santafesinos se preguntan quién es quién en este juego, y las sospechas son inevitables. El daño está hecho y, a estas alturas de las circunstancias, parece ser demasiado tarde para evitar sus consecuencias.
“Asumir la defensa de dos ex compañeros de la facultad (dos escribanos), que están muy lejos de ser millonarios, y mucho más lejos de ser delincuentes de cuello blanco como dicen, no es ni más ni menos que aquello a lo que se dedican los abogados penalistas: defender gente acusada de cometer delitos”, escribió Lewis en su muro de Facebook.
Sin embargo, el hecho de haber actuado en la función pública no es un dato menor. Mal que les pese, desde que formaron parte del gobierno provincial, Héctor Superti, Juan Lewis y Daniel Cuenca dejaron de ser Héctor Superti, Juan Lewis y Daniel Cuenca, para convertirse en ex ministros, a quienes depositaron su confianza gobernadores que, a su vez, habían recibido la confianza de la ciudadanía a través del voto.
A la hora de aceptar la defensa de los sospechados, no parecen haber tenido en cuenta que sus actitudes también afectarían a quienes en su momento los convocaron para cumplir funciones tan importantes. Cuesta creer que estos abogados no hayan sido conscientes de las repercusiones de sus actitudes.
Pero eso no es todo. Superti fue en su momento el abogado representante del ex gobernador Antonio Bonfatti en la causa abierta por la balacera contra su domicilio particular. Y Lewis, se desempeñó hasta ayer -le pidieron la renuncia- como asesor del mismo bloque socialista que en la Cámara de Diputados de la provincia manifestó su beneplácito por los operativos conjuntos entre fuerzas provinciales y federales que terminaron con las detenciones realizadas en Rosario.
Mientras algunos de los imputados son defendidos por estos ex ministros de la provincia, otros aparecen representados por el mismo abogado que defiende a integrantes de la banda de Los Monos. No parecen datos alentadores.
Como si todo esto no fuera suficiente, existen otros elementos preocupantes: el hecho de haber ejercido funciones en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Seguridad, les dio la posibilidad a estos abogados de acceder a información sensible que, quizá, pudiera resultar determinante en la marcha de las causas judiciales que se inician a partir de ahora. Además, Lewis y Superti cumplieron un rol clave en la implementación del nuevo sistema procesal penal.
“Tenemos que estar de un lado o del otro en la lucha contra el narcotráfico, la violencia y la corrupción, en todas sus formas y todos sus niveles”, dijo el gobernador Miguel Lifschtiz.
La verdad es que, más allá de los esfuerzos que pudieran realizar Superti, Lewis y Cuenca a la hora de brindar explicaciones, resulta inevitable que el ciudadano común se cuestione de qué lado están -¿estaban?- estos ex funcionarios.
En tanto, los santafesinos se preguntan quién es quién en este juego, y las sospechas son inevitables. El daño está hecho y, a estas alturas de las circunstancias, parece ser demasiado tarde para evitar sus consecuencias.
Con información de
El Litoral
