Las leyes Nº 26.206 de Educación y la Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional pretendieron devolverle cierta unidad al Sistema Educativo dejando atrás la Ley Federal de Educación Nº 24.195 y sus consecuencias y la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo aspiró a morigerar los efectos de la transferencia de los servicios educativos a las provincias económicamente devastadas.

¿Se logró? Las respuestas no serán satisfactorias. Cierto es que la actual política educativa propuesta por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación tiende a romper con el intento y retira la pretendida presencia del Estado nacional en cuestiones sensibles.

Un ejemplo suele aclarar las cosas: los sindicatos docentes luchamos para obtener capacitación gratuita, continua y en servicio. Existe desde el año 2013, gracias a acuerdos paritarios, el programa nacional de formación permanente Nuestra Escuela. Sin embargo, el actual titular de la cartera educativa nacional entendió necesario discontinuar el programa y nos expresó a los representantes de los trabajadores docentes que judicialicemos la continuidad del programa.

Un contrasentido y despropósito si vemos que, con el afán de instaurar la “meritocracia” y “productividad” en educación, pretende evaluar a docentes que trabajan (en el mismo lugar que los alumnos estudian) en ambientes -la más de las veces- poco recomendables en términos edilicios y con salarios de pobreza, siempre entendiendo que la gestión actual procure llegar más allá de la “General Paz”.

La subejecución presupuestaria y el desmembramiento de los equipos que coordinaban programas como el Conectar Igualdad, y la discontinuidad de los programas socioeducativos, como por ejemplo, CAI, CAJ y Nuestra Escuela, explican por sí que llegó el ajuste a la Educación.

El 12 de febrero de 2016, Esteban Bullrich logra que el Consejo Federal -que preside- afirme “la unánime voluntad” de “sostener la inversión en Educación establecida en el 6% del PBI” en la llamada “Declaración de Purmamarca”.

El ministro reunió en Jujuy a las máximas autoridades de Educación del país para decir que tiene la voluntad de cumplir la legislación vigente. En efecto, la Ley Nº 26.206 -año 2006- dice que “cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Mejor iniciativa era un cónclave para invertir más en educación.
Nuestra entidad sindical ya en el año 2010 -que la Ley Nº 26.075 previó para alcanzar el 6% del PBI- presentó una propuesta para incrementar el presupuesto educativo a través de una iniciativa firmada por todos los diputados nacionales por Santiago del Estero.

Por estas horas ingresa nuevamente un proyecto en la Cámara Baja nacional -elaborado por UDA- que actualiza el proyecto inicial y propone: incrementar progresivamente hasta alcanzar, en el año 2021, una participación del 10% en el Producto Interno Bruto (PIB); lograr que, como mínimo, el 40% de los alumnos tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas; llevar la obligatoriedad escolar de 4 a 3 años; crear un fondo para inversión tecnológica; prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, procurando el Estado la incorporación progresiva del Incentivo Docente al sistema formal del salario, con los aportes correspondientes; crear una Comisión de Control y Seguimiento de la Inversión Educativa integrada por representantes del Consejo Federal de Educación y las organizaciones sindicales signatarias de la paritaria federal docente; exceptuar del pago del impuesto a las ganancias a los docentes.

Bullrich dice estar realizando una “revolución educativa”. Es decir, propone hacer una gran construcción con herramientas de una obra menor.

El 29 de julio dijo a este diario que “el presidente Macri ha propuesto una revolución educativa” y que pretende que “los chicos... sean los que salgan a crear esos empleos”. Pues los trabajadores de la educación, policías, médicos, enfermeros, empleados públicos en general, somos empleados que decidimos estar al servicio del otro”.

Los paros en todo el país, de las principales entidades sindicales de los docentes públicos, no son sólo un reclamo de recomposición salarial.

Los impuso el propio ministro de Educación y Deportes de la Nación. Más de un millón de docentes decidieron estas medidas de acción directa, no es una liviana ocurrencia de dirigentes, sino una resolución de los trabajadores en su conjunto.

Defendemos la escuela pública de gestión pública porque es la primera opción para los hijos de los trabajadores.