ACV, accidentes y armas son las principales causas de discapacidad
Jueves 04 de
Diciembre 2014
En la provincia, una de cuatro personas con discapacidad tiene una limitante motora. Desde el hospital Vera Candioti advierten que la mayoría está en edad productiva. Pese a los avances en materia de derechos, todavía se sigue discriminando.
Los accidentes cerebrovasculares (ACV), los siniestros viales y las heridas por arma de fuego son las principales causantes de discapacidades motoras en la ciudad. “Entre un 60 % y un 70 % de los pacientes internados que llegaron al hospital, con una hemiplejia, había sufrido un ACV. Le siguen quienes tuvieron un accidente de tránsito, la mayoría de los cuales se trata de jóvenes que andan en moto y sin casco. Al mismo nivel, están los heridos de arma de fuego, que también quedan con secuelas”, detalló la directora del hospital de rehabilitación Vera Candioti, Liliana Revello. En la provincia, una de cuatro personas que tramitó su certificado de discapacidad tiene una limitación motora.
“Casi siempre después de un ACV o de un accidente en moto quedan secuelas motoras. En el hospital se trata de trabajar en el autovalimiento, es decir trabajar al máximo las capacidades que quedan en el individuo para que se pueda desenvolver y desarrollar en su casa, en su lugar de estudio o de trabajo y en lo social, todo lo cual hace a una buena calidad de vida”, explicó Revello.
En la provincia, hay 66.357 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento de validez nacional, que acredita esta situación. Más de la mitad (54 %) son hombres y están en edad productiva (entre 20 y 65 años), el 28 % tiene menos de 20 años y uno de tres tiene una discapacidad mental, según datos de la Subsecretaría de Inclusión para las Personas con Discapacidad de la provincia.
Por año, unas 16.000 personas tramitan su certificado de discapacidad en Santa Fe. Las tendencias demográficas indican que el número de estos individuos va en aumento y con ello se incrementan los efectos de la discapacidad en su familia y la comunidad. Según el último Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Mundial (BM), “más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; y casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento”, todo lo cual representa el 15 % de la población mundial.
Discriminación
Pese a los avances en materia legislativa y de derechos, en Santa Fe —y en la Argentina—, la discapacidad sigue siendo motivo de discriminación: así lo viven los protagonistas y así lo cree el resto de la población. El 15,9 % de los adultos mayores, el 13,9 % de las mujeres y el 12,6 % de los jóvenes santafesinos aseguraron haber sufrido algún tipo de discriminación por su discapacidad, según la encuesta del Mapa Nacional de la Discriminación, recientemente publicado por el Inadi y la UNL. Y el 63 % de los santafesinos comparte la idea de que se discrimina a estas personas. Sin embargo, el nivel socio-económico y el aspecto físico son motivos más fuertes para desdeñar al otro.
En este sentido, es necesario continuar concientizando sobre los derechos de estos sujetos. “Es importante tener un Día de las Personas con Discapacidad para sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer y poner en práctica los derechos de estas personas, para que puedan lograr la mayor autonomía posible”, concluyó la directora del Vera Candioti.
En cifras
5,1 millones de personas con discapacidad viven en Argentina.
15,3 millones de habitantes son impactados por esta problemática, considerando el entorno familiar directo.
El 20,6 % de los hogares alberga al menos a una persona con discapacidad.
El 38,4 % no tiene cobertura médica (obra social, plan de salud privado o mutual).
El 75 % de las personas con discapacidad se encuentra desempleado.
El 43,9 % de las personas con discapacidad es jefe o jefa de hogar.
102.793 son los alumnos con discapacidad desde el nivel inicial hasta el medio; 45.181 de ellos están integrados a la escuela común. De las personas que estudian, sólo un 7 % alcanza el nivel terciario o universitario.
Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 y Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003.
50 juntas evaluadoras que otorgan el certificado único de discapacidad hay en la provincia. Esto facilita a las personas y a sus familiares acceder al trámite necesario para acreditar su discapacidad.
Lo que falta
Gabriela Ortolochipi
Desde las últimas décadas del siglo pasado asistimos a cambios significativos en los marcos legales y políticos, a nivel nacional e internacional, dirigidos a promover los derechos de las personas con discapacidad a participar, tan plenamente como lo deseen y les sea posible, en todos los aspectos y sectores de la sociedad. Sin embargo, todavía hay varios obstáculos que debemos afrontar:
- La formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien no se hacen cumplir las políticas y normas existentes.
- La falta de servicios de apoyo y protección social para los niños con discapacidad y sus familias.
- Los prejuicios y falta de conocimiento son obstáculos para la educación, el empleo, la atención de salud y la participación social.
- Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios, tales como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo.
- Los recursos asignados a poner en práctica políticas y planes son insuficientes.
- Muchos edificios (incluidos los lugares públicos) y sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas las personas.
- La falta de datos actualizados sobre la cantidad y calidad de vida de las personas con discapacidad ocasiona que los programas y medidas que se proponen no siempre sean los adecuados a sus realidades y necesidades.
Debemos trabajar para posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales; reclamar presupuestos para programas de servicios de apoyo, formación y autonomía; acompañar y apoyar la plena participación de las personas con discapacidad respetando sus decisiones; informar para generar sensibilización pública; promover programas de detección temprana y prevención de discapacidades.
La consecución de los derechos de las personas con discapacidad requiere el trabajo colaborativo de todos los sectores, en especial entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
“Casi siempre después de un ACV o de un accidente en moto quedan secuelas motoras. En el hospital se trata de trabajar en el autovalimiento, es decir trabajar al máximo las capacidades que quedan en el individuo para que se pueda desenvolver y desarrollar en su casa, en su lugar de estudio o de trabajo y en lo social, todo lo cual hace a una buena calidad de vida”, explicó Revello.
En la provincia, hay 66.357 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento de validez nacional, que acredita esta situación. Más de la mitad (54 %) son hombres y están en edad productiva (entre 20 y 65 años), el 28 % tiene menos de 20 años y uno de tres tiene una discapacidad mental, según datos de la Subsecretaría de Inclusión para las Personas con Discapacidad de la provincia.
Por año, unas 16.000 personas tramitan su certificado de discapacidad en Santa Fe. Las tendencias demográficas indican que el número de estos individuos va en aumento y con ello se incrementan los efectos de la discapacidad en su familia y la comunidad. Según el último Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Mundial (BM), “más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; y casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento”, todo lo cual representa el 15 % de la población mundial.
Discriminación
Pese a los avances en materia legislativa y de derechos, en Santa Fe —y en la Argentina—, la discapacidad sigue siendo motivo de discriminación: así lo viven los protagonistas y así lo cree el resto de la población. El 15,9 % de los adultos mayores, el 13,9 % de las mujeres y el 12,6 % de los jóvenes santafesinos aseguraron haber sufrido algún tipo de discriminación por su discapacidad, según la encuesta del Mapa Nacional de la Discriminación, recientemente publicado por el Inadi y la UNL. Y el 63 % de los santafesinos comparte la idea de que se discrimina a estas personas. Sin embargo, el nivel socio-económico y el aspecto físico son motivos más fuertes para desdeñar al otro.
En este sentido, es necesario continuar concientizando sobre los derechos de estos sujetos. “Es importante tener un Día de las Personas con Discapacidad para sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer y poner en práctica los derechos de estas personas, para que puedan lograr la mayor autonomía posible”, concluyó la directora del Vera Candioti.
En cifras
5,1 millones de personas con discapacidad viven en Argentina.
15,3 millones de habitantes son impactados por esta problemática, considerando el entorno familiar directo.
El 20,6 % de los hogares alberga al menos a una persona con discapacidad.
El 38,4 % no tiene cobertura médica (obra social, plan de salud privado o mutual).
El 75 % de las personas con discapacidad se encuentra desempleado.
El 43,9 % de las personas con discapacidad es jefe o jefa de hogar.
102.793 son los alumnos con discapacidad desde el nivel inicial hasta el medio; 45.181 de ellos están integrados a la escuela común. De las personas que estudian, sólo un 7 % alcanza el nivel terciario o universitario.
Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 y Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003.
50 juntas evaluadoras que otorgan el certificado único de discapacidad hay en la provincia. Esto facilita a las personas y a sus familiares acceder al trámite necesario para acreditar su discapacidad.
Lo que falta
Gabriela Ortolochipi
Desde las últimas décadas del siglo pasado asistimos a cambios significativos en los marcos legales y políticos, a nivel nacional e internacional, dirigidos a promover los derechos de las personas con discapacidad a participar, tan plenamente como lo deseen y les sea posible, en todos los aspectos y sectores de la sociedad. Sin embargo, todavía hay varios obstáculos que debemos afrontar:
- La formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien no se hacen cumplir las políticas y normas existentes.
- La falta de servicios de apoyo y protección social para los niños con discapacidad y sus familias.
- Los prejuicios y falta de conocimiento son obstáculos para la educación, el empleo, la atención de salud y la participación social.
- Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias que presentan los servicios, tales como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo.
- Los recursos asignados a poner en práctica políticas y planes son insuficientes.
- Muchos edificios (incluidos los lugares públicos) y sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas las personas.
- La falta de datos actualizados sobre la cantidad y calidad de vida de las personas con discapacidad ocasiona que los programas y medidas que se proponen no siempre sean los adecuados a sus realidades y necesidades.
Debemos trabajar para posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales; reclamar presupuestos para programas de servicios de apoyo, formación y autonomía; acompañar y apoyar la plena participación de las personas con discapacidad respetando sus decisiones; informar para generar sensibilización pública; promover programas de detección temprana y prevención de discapacidades.
La consecución de los derechos de las personas con discapacidad requiere el trabajo colaborativo de todos los sectores, en especial entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Con información de
ellitoral
