El Gobierno prorrogó hasta 2027 el impuesto para los pasajes al exterior
Lunes 06 de
Enero 2025
La medida fue informada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial de este lunes; aplicará para los boletos aéreos, marítimos y fluviales
Tal como había anticipado LA NACION, el Gobierno decidió extender hasta 2027 el Fondo Nacional del Turismo y mantener así el impuesto del 7% que se incluye en el precio de los pasajes aéreos, fluviales y marítimos al exterior. La medida -que fue publicada en el Decreto 4/2025 del Boletín Oficial de este lunes- lleva la firma del canciller Gerardo Werthein; el ministro de Defensa, Luis Petri; el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; Sandra Pettovello, titular de Capital Humano; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; el titular de Salud, Mario Lugones; y el presidente Javier Milei.
El objetivo del programa creado con la Ley Nacional de Turismo -promulgada en enero del 2005- es “promover, regular y desarrollar la actividad turística en el país”. Además, establece la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos turísticos nacionales, para así “garantizar la calidad” y “fomentar la cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito turístico”.
De esta forma, el fondo de desarrollo para la industria turística pasará a quedar a cargo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, conducida por Daniel Scioli.
Este impuesto implica la principal fuente de ingresos del Fondo Nacional de Turismo, que financia acciones promocionales, programas de capacitación y de desarrollo e infraestructura turística. La continuidad del programa había sido incluida en el presupuesto 2025, que finalmente no se trató. Sin embargo, entre las compañías predominó la lógica del Gobierno, que sostiene que el impuesto sigue vigente debido a que fue prorrogada su asignación específica.
El tema había ganado relevancia en los últimos días del año pasado, ya que las aerolíneas cobran el impuesto DNT a través de los sistemas de reserva y emisión de pasajes, y cuando se modifican los tributos es necesario informarlo con antelación para que se refleje en los boletos.
Ante el próximo vencimiento, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) y de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tuvieron un consenso interno para que el impuesto expirara este 5 de enero, pero de todas formas elevaron el tema a las oficinas de IATA en Ginebra. Finalmente, y con el apoyo de las compañías aéreas, ganó la intención del Gobierno y se estableció la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
El artículo 24 de la Ley 25.997 creó el Fondo Nacional de Turismo y estableció inicialmente el impuesto en un 5%. Posteriormente, el artículo 58 de la ley 27.008 de presupuesto prorrogó el impuesto por 10 años a partir del 5 de enero de 2015 hasta el 5 de enero de 2025.
Tras la quita del impuesto PAIS el pasado 23 de diciembre (que equivalía al 30% sobre la tarifa y lo recaudaba el Tesoro), los todas las compras de pasajes al exterior se ven afectados por los siguientes impuestos:
- La tasa de seguridad de la aviación, que es de US$8 y va a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
- La tasa aeroportuaria, que es de US$57, y va para los concesionarios de aeropuertos.
- La tasa de seguridad, que es de US$1,40 y va para la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
- La tasa de migraciones, que es de US$7 y la cobra la Dirección de Migraciones.
- El impuesto al turismo, del 7% sobre la tarifa aérea sin impuestos, que va a la Dirección Nacional de Turismo.
- La percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias, del 30% sobre la tarifa sin impuestos, que es un impuesto coparticipable con las provincias, aunque lo recaudado por esta vía puede ser devuelto al cliente si no corresponde.
Por otro lado el Ministerio de Economía definió a través del Decreto 6/2025 el cierre de tres fondos que, en línea con los disueltos anteriormente, registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.
En este sentido, el Gobierno dispuso el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social; el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU); y el Fondo Fiduciario PRODAF. Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente y eficiente de los recursos públicos, alejándose de los estándares requeridos para una administración responsable.
De esta manera, se cerró el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”. Este instrumento fue utilizado, según el Gobierno “con finalidades políticas y clientelísticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”. En esta línea, las Auditorias efectuadas por la SIGEN pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros.
En tanto, el FFSU había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC, con servicios pagados por los usuarios. Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció, siempre según la administración libertaria, “múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN”. Entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera.
Estos motivos evidenciaron que el FFSU no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia. De esta manera, el cierre del FFSU es un claro ejemplo de que la política pública debe continuar, pero sin la existencia de un fondo fiduciario que evite el sistema de administración financiera (SAF).
Finalmente, se definió la disolución del Fondo PRODAF, creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito. En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución.
El objetivo del programa creado con la Ley Nacional de Turismo -promulgada en enero del 2005- es “promover, regular y desarrollar la actividad turística en el país”. Además, establece la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos turísticos nacionales, para así “garantizar la calidad” y “fomentar la cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito turístico”.
De esta forma, el fondo de desarrollo para la industria turística pasará a quedar a cargo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, conducida por Daniel Scioli.
Este impuesto implica la principal fuente de ingresos del Fondo Nacional de Turismo, que financia acciones promocionales, programas de capacitación y de desarrollo e infraestructura turística. La continuidad del programa había sido incluida en el presupuesto 2025, que finalmente no se trató. Sin embargo, entre las compañías predominó la lógica del Gobierno, que sostiene que el impuesto sigue vigente debido a que fue prorrogada su asignación específica.
El tema había ganado relevancia en los últimos días del año pasado, ya que las aerolíneas cobran el impuesto DNT a través de los sistemas de reserva y emisión de pasajes, y cuando se modifican los tributos es necesario informarlo con antelación para que se refleje en los boletos.
Ante el próximo vencimiento, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) y de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tuvieron un consenso interno para que el impuesto expirara este 5 de enero, pero de todas formas elevaron el tema a las oficinas de IATA en Ginebra. Finalmente, y con el apoyo de las compañías aéreas, ganó la intención del Gobierno y se estableció la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
El artículo 24 de la Ley 25.997 creó el Fondo Nacional de Turismo y estableció inicialmente el impuesto en un 5%. Posteriormente, el artículo 58 de la ley 27.008 de presupuesto prorrogó el impuesto por 10 años a partir del 5 de enero de 2015 hasta el 5 de enero de 2025.
Los impuestos en pasajes al exterior
Tras la quita del impuesto PAIS el pasado 23 de diciembre (que equivalía al 30% sobre la tarifa y lo recaudaba el Tesoro), los todas las compras de pasajes al exterior se ven afectados por los siguientes impuestos:
- La tasa de seguridad de la aviación, que es de US$8 y va a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
- La tasa aeroportuaria, que es de US$57, y va para los concesionarios de aeropuertos.
- La tasa de seguridad, que es de US$1,40 y va para la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
- La tasa de migraciones, que es de US$7 y la cobra la Dirección de Migraciones.
- El impuesto al turismo, del 7% sobre la tarifa aérea sin impuestos, que va a la Dirección Nacional de Turismo.
- La percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias, del 30% sobre la tarifa sin impuestos, que es un impuesto coparticipable con las provincias, aunque lo recaudado por esta vía puede ser devuelto al cliente si no corresponde.
Cierran tres fondos fiduciarios
Por otro lado el Ministerio de Economía definió a través del Decreto 6/2025 el cierre de tres fondos que, en línea con los disueltos anteriormente, registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.
En este sentido, el Gobierno dispuso el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social; el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU); y el Fondo Fiduciario PRODAF. Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente y eficiente de los recursos públicos, alejándose de los estándares requeridos para una administración responsable.
De esta manera, se cerró el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”. Este instrumento fue utilizado, según el Gobierno “con finalidades políticas y clientelísticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”. En esta línea, las Auditorias efectuadas por la SIGEN pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros.
En tanto, el FFSU había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC, con servicios pagados por los usuarios. Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció, siempre según la administración libertaria, “múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN”. Entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera.
Estos motivos evidenciaron que el FFSU no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia. De esta manera, el cierre del FFSU es un claro ejemplo de que la política pública debe continuar, pero sin la existencia de un fondo fiduciario que evite el sistema de administración financiera (SAF).
Finalmente, se definió la disolución del Fondo PRODAF, creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito. En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución.
Con información de
La Nación
