Tras el fallo de la Corte, el Tribunal Superior porteño decide si revoca la quiebra de Correo Argentino, de la familia de Macri
Por:
Hernán Cappiello
Lunes 30 de
Diciembre 2024
La empresa de familia del expresidente quiere apartar a la jueza y a la fiscal que manejan el expediente; deberá dictaminar el fiscal general de la Ciudad, que fue funcionario macrista
Tras el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ya tiene en sus manos la causa del Correo Argentino, de la familia Macri, y de su decisión depende que se revoque la quiebra de la empresa.
El Estado Nacional le reclama a la familia Macri una deuda desde 2001, mientras la firma tenía la concesión del correo (la tuvo entre 1997 y 2003, hasta que el gobierno de Néstor Kirchner se la rescindió). El Estado decía que la empresa solo pagó el canon de concesión durante un año y que a 2001, la deuda equivalía a unos 296 millones de dólares. La empresa considera que con las propiedades y los vehículos con los que se quedó el Estado tras la recisión del contrato, la deuda está cubierta.
Sin embargo, el Estado le reclama intereses entre 2003 y 2015. El Correo Argentino hizo propuestas que fueron rechazadas por los representantes del Estado Nacional, que es el acreedor mayoritario (33% de las deudas). En junio de 2016, ya con Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo. Luego de una primera propuesta rechazada, los representantes del Estado aceptaron la segunda oferta presentada.
La empresa ofertó el pago del “100% del capital verificado”, es decir los $296 millones, en 15 cuotas anuales y consecutivas a pagar desde fines de 2017. La aceptación de esta propuesta por parte del Estado motivó una denuncia penal contra el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y los directivos de la empresa, que tramitó ante el fiscal Gerardo Policita y el juez Ariel Lijo.
La fiscal comercial Gabriela Boquín había calculado que la deuda era de unos 6000 millones de pesos y entendió que la propuesta de la firma era abusiva e iba contra los interese del Estado. Socma cuestionó a la jueza Marta Cirulli y a la fiscal Boquín, que rechazaron la recusación en un fallo confirmado por la Cámara Comercial.
La puja en la justicia comercial continuó: la jueza Cirulli decretó la quiebra de la empresa y el kirchnerismo, en 2021, buscó extenderla a los accionistas. Carlos Zannini, que era procurador del Tesoro, dijo que iba a impulsarla en contra de Socma (principal accionista de Correo Argentino SA; el otro es el propio Estado Nacional, con un 14%).
Para los Macri, la idea del kirchnerismo era avanzar sobre su familia. Los accionistas de Socma son los tres hermanos de Mauricio Macri y los hijos de su hermana Sandra, que falleció. Ni el expresidente ni sus hijos son accionistas. Los tres hijos del primer matrimonio de Mauricio Macri lo fueron, pero hace más de tres años le vendieron sus acciones a Gianfranco Macri. En el entorno de Macri temían que extendiendo la quiebra a Socma, el Gobierno apuntara contra los hijos del expresidente por las decisiones que pudieron haber tomado mientras fueron accionistas.
Socma siguió con su cuestionamiento a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquín y buscó que el Tribunal Superior de Justicia revise esas recusaciones. Además, plateó un recurso ante la Corte.
La Corte resolvió, la semana pasada, en el caso “Levinas”, que los fallos de la justicia nacional ordinaria, por ejemplo de la Cámara Comercial, son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, antes que ir directamente a la Corte.
La interpretación de la Corte, que es un avance hacia el reconocimiento de la autonomía porteña, implica que ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad debe decidir sobre la recusación de Cirulli y Boquín. Si hace lugar, se cae el decreto de la quiebra del Correo dispuesta el 5 de junio de 2021. Una noticia que espera la familia Macri.
La Corte Suprema ya remitió al tribunal porteño la causa Correo Argentino. En un fallo de una carilla que remite al precedente Levinas, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti mandaron la causa.
Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Consideró que establecer al Tribunal Superior de Justicia como alzada de tribunales nacionales supone un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino e implicaría darle el carácter de tribunal nacional.
El fallo de la Corte dice: “Por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en el día de la fecha [Levinas] se establece que el Tribunal Superior de Justicia es el superior tribunal de la causa al que se refiere el artículo 14 de la Ley 48, y consecuentemente, resulta competente para revisar la sentencia dictada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial”. Dispuso entonces: “Se resuelve, por mayoría, remitir las actuaciones al TSJ a sus efectos. Hágase saber a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”.
Ahora, la causa se tramita de la siguiente manera en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ): el caso ingresa a la secretaría Asuntos Originarios y se sortea un juez que lo tramite con esa secretaría. El juez del tribunal revisa que el expediente esté completo o si es necesario reclamar algo a las partes. Si esta completo, se envía al fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, que debe dictaminar.
Juan Bautista Mahiques fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri: fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia de Germán Garavano, y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura en el macrismo. Su padre, Carlos, es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, adonde llegó por traslado durante el macrismo. Antes, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando gobernaba María Eugenia Vidal.
Tras el traslado al fiscal general y el dictamen de Mahiques, “se ponen los autos en acuerdo”; es decir, se los somete al debate de los cinco magistrados del TSJ. Todo esto empezará a tramitarse en febrero, una vez que concluya le feria judicial de verano.
El Estado Nacional le reclama a la familia Macri una deuda desde 2001, mientras la firma tenía la concesión del correo (la tuvo entre 1997 y 2003, hasta que el gobierno de Néstor Kirchner se la rescindió). El Estado decía que la empresa solo pagó el canon de concesión durante un año y que a 2001, la deuda equivalía a unos 296 millones de dólares. La empresa considera que con las propiedades y los vehículos con los que se quedó el Estado tras la recisión del contrato, la deuda está cubierta.
Sin embargo, el Estado le reclama intereses entre 2003 y 2015. El Correo Argentino hizo propuestas que fueron rechazadas por los representantes del Estado Nacional, que es el acreedor mayoritario (33% de las deudas). En junio de 2016, ya con Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo. Luego de una primera propuesta rechazada, los representantes del Estado aceptaron la segunda oferta presentada.
La empresa ofertó el pago del “100% del capital verificado”, es decir los $296 millones, en 15 cuotas anuales y consecutivas a pagar desde fines de 2017. La aceptación de esta propuesta por parte del Estado motivó una denuncia penal contra el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y los directivos de la empresa, que tramitó ante el fiscal Gerardo Policita y el juez Ariel Lijo.
La fiscal comercial Gabriela Boquín había calculado que la deuda era de unos 6000 millones de pesos y entendió que la propuesta de la firma era abusiva e iba contra los interese del Estado. Socma cuestionó a la jueza Marta Cirulli y a la fiscal Boquín, que rechazaron la recusación en un fallo confirmado por la Cámara Comercial.
La puja en la justicia comercial continuó: la jueza Cirulli decretó la quiebra de la empresa y el kirchnerismo, en 2021, buscó extenderla a los accionistas. Carlos Zannini, que era procurador del Tesoro, dijo que iba a impulsarla en contra de Socma (principal accionista de Correo Argentino SA; el otro es el propio Estado Nacional, con un 14%).
Para los Macri, la idea del kirchnerismo era avanzar sobre su familia. Los accionistas de Socma son los tres hermanos de Mauricio Macri y los hijos de su hermana Sandra, que falleció. Ni el expresidente ni sus hijos son accionistas. Los tres hijos del primer matrimonio de Mauricio Macri lo fueron, pero hace más de tres años le vendieron sus acciones a Gianfranco Macri. En el entorno de Macri temían que extendiendo la quiebra a Socma, el Gobierno apuntara contra los hijos del expresidente por las decisiones que pudieron haber tomado mientras fueron accionistas.
Socma siguió con su cuestionamiento a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquín y buscó que el Tribunal Superior de Justicia revise esas recusaciones. Además, plateó un recurso ante la Corte.
La Corte resolvió, la semana pasada, en el caso “Levinas”, que los fallos de la justicia nacional ordinaria, por ejemplo de la Cámara Comercial, son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, antes que ir directamente a la Corte.
La interpretación de la Corte, que es un avance hacia el reconocimiento de la autonomía porteña, implica que ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad debe decidir sobre la recusación de Cirulli y Boquín. Si hace lugar, se cae el decreto de la quiebra del Correo dispuesta el 5 de junio de 2021. Una noticia que espera la familia Macri.
La Corte Suprema ya remitió al tribunal porteño la causa Correo Argentino. En un fallo de una carilla que remite al precedente Levinas, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti mandaron la causa.
Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Consideró que establecer al Tribunal Superior de Justicia como alzada de tribunales nacionales supone un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino e implicaría darle el carácter de tribunal nacional.
El fallo de la Corte dice: “Por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en el día de la fecha [Levinas] se establece que el Tribunal Superior de Justicia es el superior tribunal de la causa al que se refiere el artículo 14 de la Ley 48, y consecuentemente, resulta competente para revisar la sentencia dictada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial”. Dispuso entonces: “Se resuelve, por mayoría, remitir las actuaciones al TSJ a sus efectos. Hágase saber a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”.
Ahora, la causa se tramita de la siguiente manera en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ): el caso ingresa a la secretaría Asuntos Originarios y se sortea un juez que lo tramite con esa secretaría. El juez del tribunal revisa que el expediente esté completo o si es necesario reclamar algo a las partes. Si esta completo, se envía al fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, que debe dictaminar.
Juan Bautista Mahiques fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri: fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia de Germán Garavano, y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura en el macrismo. Su padre, Carlos, es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, adonde llegó por traslado durante el macrismo. Antes, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando gobernaba María Eugenia Vidal.
Tras el traslado al fiscal general y el dictamen de Mahiques, “se ponen los autos en acuerdo”; es decir, se los somete al debate de los cinco magistrados del TSJ. Todo esto empezará a tramitarse en febrero, una vez que concluya le feria judicial de verano.
