Jujuy
Jujuy: presentaron un amparo para revertir el seguro obligatorio para la atención en hospitales públicos
Jueves 26 de
Diciembre 2024
La senadora nacional Carolina Moisés hizo la presentación y le pidió al gobernador Sadir que vete la norma. Organizaciones que representan a médicos y profesionales universitarios cuestionaron la decisión aprobada en tiempo relámpago por la Legislatura.
La sanción en la Legislatura de Jujuy del proyecto oficial para crear el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA), que será obligatorio para tener atención en los hospitales públicos, generó más rechazos en los últimos días desde distintos sectores, mientras la senadora nacional jujeña Carolina Moisés (UP) presentó un recurso de amparo y solicitó formalmente al gobernador Carlos Sadir el veto de la Ley 6.453.
Para la seccional Jujuy de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), es una legislación que “privatiza el sistema de salud”; mientras el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), Nicolás Fernández, indicó que "el SEPROSA es inconstitucional".
La decisión del parlamento fue adoptada en la última sesión, tras el tratamiento relámpago de un proyecto presentado sobre tablas y sin la firma del presidente de la comisión de Salud Pública, el radical oficialista Omar Gutiérrez, que también faltó al debate. El nuevo régimen impone un sistema de seguro provincial que obliga a los jujeños a pagar para acceder a la salud en hospitales públicos.
La norma aprobada señala que para acceder a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio, todavía gratuito, se deberá abonar el equivalente "al menor valor vigente de cinco (5) consultas médicas" del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy. Quien lo pague, alrededor de $50.000 mensuales, recibirá una "Credencial Digital" con la que podrán "gozar de las prestaciones" médico asistenciales. Los únicos que quedarán exceptuados serán los que hagan el trámite y acrediten que sus ingresos no superan los dos salarios mínimos, es decir, cuyos ingresos no llegan a los $543.142.
La senadora Moisés presentó el recurso de amparo con el patrocinio de los abogados Arnaldo Plaza y Laureano Vilte, que solicita la suspensión inmediata de la aplicación de esta ley y su declaración de inconstitucionalidad. Los argumentos destacan que el SEPROSA contradice principios constitucionales y tratados internacionales que garantizan el acceso irrestricto a la salud pública. Y subrayó el impacto devastador que esta medida tendría en un contexto social y económico crítico. Según datos del INDEC, el 55,7% de los jujeños vive bajo la línea de pobreza y un 45,1% enfrenta empleo informal. "La salud no es un privilegio, es un derecho. Esta ley pone barreras económicas que condenan a miles de jujeños a la incertidumbre y al abandono sanitario. No podemos permitir que el acceso a la salud dependa de cuánto tenés en el bolsillo", expresó Moisés, en diálogo con Ámbito.
Por otra vía, la senadora elevó un pedido al gobernador Sadir para que vete la norma aprobada, justificando su requerimiento en que "atenta de manera directa contra el derecho humano a la salud, garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internaciones con jerarquía constitucional". "Es obligación del Estado provincial garantizar a todos los habitantes de Jujuy la prestación del Servicio de Salud Pública sin restricciones, distinciones, discriminación, sin la imposición de pago de seguro alguno o cualquier otra forma de aporte dinerario; como así también sin la necesidad de acreditar no tener recursos suficientes o una determinada cantidad de ingresos para costear el servicio mencionado", cerró.
El gremio que conduce a nivel provincial Rubén Camaño denunció que el SEPROSA se aprobó sin tratamiento formal en la Comisión de Salud, no fue anunciado por ningún medio público, no tuvo un debate transparente, ni participativo. "Los legisladores oficiales refieren que tiene como fin el fortalecimiento del sistema de salud, aunque en realidad los fondos del SEPROSA serán administrados por el Instituto de Seguros de Jujuy, que se encuentra al borde de la quiebra con una deuda estimada en $52.000 millones y cuyos ingresos siempre fueron empleados de manera discrecional", denunció.
También desde la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) cuestionaron la creación del SEPROSA, al que calificaron como "inconstitucional". "En los hechos, Jujuy es la primera provincia que privatiza el sistema de salud pública y esto es gravísimo porque hecha por tierra un derecho humano fundamental, como es el acceso a la salud oportuna y de calidad, que es uno de los pilares de la sociedad argentina", sostuvo el dirigente sindical Nicolás Fernández, cuya organización protestó en las puertas de la Legislatura para denunciar su oposición a la norma. "Es sistema es inconstitucional porque la Constitución Nacional establece la gratuidad de los sistemas de salud y educativo, y Jujuy no es una provincia separatista", agregó.
Para la seccional Jujuy de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), es una legislación que “privatiza el sistema de salud”; mientras el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), Nicolás Fernández, indicó que "el SEPROSA es inconstitucional".
La decisión del parlamento fue adoptada en la última sesión, tras el tratamiento relámpago de un proyecto presentado sobre tablas y sin la firma del presidente de la comisión de Salud Pública, el radical oficialista Omar Gutiérrez, que también faltó al debate. El nuevo régimen impone un sistema de seguro provincial que obliga a los jujeños a pagar para acceder a la salud en hospitales públicos.
La norma aprobada señala que para acceder a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio, todavía gratuito, se deberá abonar el equivalente "al menor valor vigente de cinco (5) consultas médicas" del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy. Quien lo pague, alrededor de $50.000 mensuales, recibirá una "Credencial Digital" con la que podrán "gozar de las prestaciones" médico asistenciales. Los únicos que quedarán exceptuados serán los que hagan el trámite y acrediten que sus ingresos no superan los dos salarios mínimos, es decir, cuyos ingresos no llegan a los $543.142.
La senadora Moisés presentó el recurso de amparo con el patrocinio de los abogados Arnaldo Plaza y Laureano Vilte, que solicita la suspensión inmediata de la aplicación de esta ley y su declaración de inconstitucionalidad. Los argumentos destacan que el SEPROSA contradice principios constitucionales y tratados internacionales que garantizan el acceso irrestricto a la salud pública. Y subrayó el impacto devastador que esta medida tendría en un contexto social y económico crítico. Según datos del INDEC, el 55,7% de los jujeños vive bajo la línea de pobreza y un 45,1% enfrenta empleo informal. "La salud no es un privilegio, es un derecho. Esta ley pone barreras económicas que condenan a miles de jujeños a la incertidumbre y al abandono sanitario. No podemos permitir que el acceso a la salud dependa de cuánto tenés en el bolsillo", expresó Moisés, en diálogo con Ámbito.
Por otra vía, la senadora elevó un pedido al gobernador Sadir para que vete la norma aprobada, justificando su requerimiento en que "atenta de manera directa contra el derecho humano a la salud, garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internaciones con jerarquía constitucional". "Es obligación del Estado provincial garantizar a todos los habitantes de Jujuy la prestación del Servicio de Salud Pública sin restricciones, distinciones, discriminación, sin la imposición de pago de seguro alguno o cualquier otra forma de aporte dinerario; como así también sin la necesidad de acreditar no tener recursos suficientes o una determinada cantidad de ingresos para costear el servicio mencionado", cerró.
Paro de dos días
Mientras tanto, la seccional Jujuy de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), que nuclea a profesionales de la salud del sector estatal y privado a nivel nacional, anunció un paro por 48 hs en hospitales del territorio jujeño para este jueves 26 y viernes 27. Desde el gremio advirtieron que la norma sancionada implica una “privatización del sistema de salud”. “La Legislatura de Jujuy impone un cobro obligatorio a quienes no tienen obra social y necesitan atenderse en un hospital público. Esto implica un arancelamiento de la salud y el fin de la atención gratuita, afectando a más de 280.000 jujeños, la mitad de la población económicamente activa de la provincia”, expresaron en un comunicado desde la organización gremial.El gremio que conduce a nivel provincial Rubén Camaño denunció que el SEPROSA se aprobó sin tratamiento formal en la Comisión de Salud, no fue anunciado por ningún medio público, no tuvo un debate transparente, ni participativo. "Los legisladores oficiales refieren que tiene como fin el fortalecimiento del sistema de salud, aunque en realidad los fondos del SEPROSA serán administrados por el Instituto de Seguros de Jujuy, que se encuentra al borde de la quiebra con una deuda estimada en $52.000 millones y cuyos ingresos siempre fueron empleados de manera discrecional", denunció.
También desde la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) cuestionaron la creación del SEPROSA, al que calificaron como "inconstitucional". "En los hechos, Jujuy es la primera provincia que privatiza el sistema de salud pública y esto es gravísimo porque hecha por tierra un derecho humano fundamental, como es el acceso a la salud oportuna y de calidad, que es uno de los pilares de la sociedad argentina", sostuvo el dirigente sindical Nicolás Fernández, cuya organización protestó en las puertas de la Legislatura para denunciar su oposición a la norma. "Es sistema es inconstitucional porque la Constitución Nacional establece la gratuidad de los sistemas de salud y educativo, y Jujuy no es una provincia separatista", agregó.
Con información de
Ámbito
