Fuerte crítica de Lorenzetti al resto de los ministros de la Corte: ''Se han creado oficinas sin sentido y cargos como nunca antes''
Viernes 20 de
Diciembre 2024
''Esta ambición desmedida implica que no sólo hubo un aumento de gasto, sino una perdida de ingresos'', aseguró el magistrado al firmar en disidencia dos acordadas publicadas hoy
El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti pronunció una fuerte crítica al resto de los integrantes del tribunal al firmar en disidencia dos acordadas a través de las cuáles se designó a un nuevo Secretario de Desarrollo Institucional y se delegaron facultades en el Secretario General del cuerpo.
En la primera, frente a la decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda de nombrar a Juan Pablo Lahitou en la secretaría de Desarrollo Institucional, Lorenzetti planteó que desde que la Casa Rosada propuso a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para completar el tribunal se crearon “cantidades increíbles de oficinas sin sentido”.
“Desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces, se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte, fijación de reglas generales para que las causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de Corte para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro y otras más que se enunciarán en considerandos posteriores”, puntualizó.
Y agregó: “Esta ambición desmedida implica que no sólo hubo un aumento de gasto, sino una pérdida de ingresos. Hubo un abandono total de los fondos anticíclicos, sin gestión alguna, que han perdido valor y que, seguramente afectará el funcionamiento, con las consiguientes responsabilidades. Es una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado austeridad en el Estado y es una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que carece de los recursos necesarios para brindar un adecuado servicio de justicia a la población. Que, es evidente que se trata no sólo de un fin de año, sino de un fin de ciclo, y es relevante que la sociedad conozca las posiciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El juez aseguró que estas decisiones avaladas por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda -que en las próximas horas dejará el Tribunal por cumplir 75 años- representan una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado “austeridad” y al Poder Judicial, que carece de recursos para brindar un servicio adecuado a la población.
Lorenzetti aseguró que este fin de año representa un fin de ciclo en el Máximo Tribunal y por tal motivo cree que es importante difundir públicamente estas circunstancias.
Al respecto, señaló que “se han dictado dos acordadas que afectan las competencias de los jueces de la Corte en materia de sentencias judiciales y de superintendencia, lo que no ha sucedido en toda la historia del Tribunal”.
“La acordada referida a los conjueces, tiene el claro objetivo de que muchos casos no sean resueltos por los jueces del Tribunal, sino por otros jueces; es algo que nunca existió en toda la historia del Tribunal. Afectará la seguridad jurídica de los precedentes, porque al cambiar los conjueces, cambiarán los precedentes, y además, motivará presentaciones de nulidades”, explicó.
“La acordada referida a la delegación de funciones en la administración, permitirá que el administrador dialogue con jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, otorgando o negando cuestiones relevantes, lo cual no sólo es llamativo, sino que nunca se hizo en la historia de la Corte”, continuó.
En ese contexto, Lorenzetti consideró que las peleas por ocupar espacios de poder en el tribunal terminaron menoscabando la función prioritaria de la Corte, que es la de dictar sentencias en casos de trascendencia institucional. El juez informó que hay 87.218 causas que esperan un pronunciamiento del tribunal, cifra histórica debido al atraso.
En la segunda acordada se delegaron amplias funciones administrativas al Secretario General de Administración. Según el máximo tribunal, la medida “busca agilizar la gestión interna y garantizar la continuidad de procesos repetitivos que hasta ahora requerían decisiones del pleno de la Corte”. Esta acción, sin embargo, para Lorenzetti es “ilegal” y no tiene “precedentes”.
La resolución autoriza al Secretario General de Administración a evaluar y resolver temas como licencias, jubilaciones anticipadas, prórrogas de contratos y administración de bienes judiciales. En el caso de las licencias, por ejemplo, se incluyen aquellas para magistrados y funcionarios que participan en eventos de la Asociación de Magistrados o que ejercen la docencia, siempre que ya cuenten con permisos previos. Además, se le delega la gestión de contratos relacionados con personal electoral y la administración de vehículos secuestrados o decomisados en causas penales.
Lorenzetti señaló que la delegación compromete la independencia judicial al concentrar en un funcionario, designado sin concurso, decisiones de alto impacto para jueces y empleados del Poder Judicial. Según Lorenzetti, este cambio administrativo supone una alteración grave en el funcionamiento del tribunal, ya que los jueces pierden protagonismo en temas esenciales.
El magistrado también criticó el contexto en el que se tomó la resolución, aludiendo a un aumento en la designación de cargos sin concurso, la creación de nuevas dependencias y un gasto administrativo elevado en 2024. En su disidencia, Lorenzetti destacó que actualmente hay más de 87.000 causas pendientes en la Corte, un número sin precedentes que, a su juicio, refleja un desbalance entre la gestión administrativa y judicial.
En la primera, frente a la decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda de nombrar a Juan Pablo Lahitou en la secretaría de Desarrollo Institucional, Lorenzetti planteó que desde que la Casa Rosada propuso a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para completar el tribunal se crearon “cantidades increíbles de oficinas sin sentido”.
“Desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces, se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte, fijación de reglas generales para que las causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de Corte para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro y otras más que se enunciarán en considerandos posteriores”, puntualizó.
Y agregó: “Esta ambición desmedida implica que no sólo hubo un aumento de gasto, sino una pérdida de ingresos. Hubo un abandono total de los fondos anticíclicos, sin gestión alguna, que han perdido valor y que, seguramente afectará el funcionamiento, con las consiguientes responsabilidades. Es una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado austeridad en el Estado y es una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que carece de los recursos necesarios para brindar un adecuado servicio de justicia a la población. Que, es evidente que se trata no sólo de un fin de año, sino de un fin de ciclo, y es relevante que la sociedad conozca las posiciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El juez aseguró que estas decisiones avaladas por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda -que en las próximas horas dejará el Tribunal por cumplir 75 años- representan una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado “austeridad” y al Poder Judicial, que carece de recursos para brindar un servicio adecuado a la población.
Lorenzetti aseguró que este fin de año representa un fin de ciclo en el Máximo Tribunal y por tal motivo cree que es importante difundir públicamente estas circunstancias.
Al respecto, señaló que “se han dictado dos acordadas que afectan las competencias de los jueces de la Corte en materia de sentencias judiciales y de superintendencia, lo que no ha sucedido en toda la historia del Tribunal”.
“La acordada referida a los conjueces, tiene el claro objetivo de que muchos casos no sean resueltos por los jueces del Tribunal, sino por otros jueces; es algo que nunca existió en toda la historia del Tribunal. Afectará la seguridad jurídica de los precedentes, porque al cambiar los conjueces, cambiarán los precedentes, y además, motivará presentaciones de nulidades”, explicó.
“La acordada referida a la delegación de funciones en la administración, permitirá que el administrador dialogue con jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, otorgando o negando cuestiones relevantes, lo cual no sólo es llamativo, sino que nunca se hizo en la historia de la Corte”, continuó.
En ese contexto, Lorenzetti consideró que las peleas por ocupar espacios de poder en el tribunal terminaron menoscabando la función prioritaria de la Corte, que es la de dictar sentencias en casos de trascendencia institucional. El juez informó que hay 87.218 causas que esperan un pronunciamiento del tribunal, cifra histórica debido al atraso.
En la segunda acordada se delegaron amplias funciones administrativas al Secretario General de Administración. Según el máximo tribunal, la medida “busca agilizar la gestión interna y garantizar la continuidad de procesos repetitivos que hasta ahora requerían decisiones del pleno de la Corte”. Esta acción, sin embargo, para Lorenzetti es “ilegal” y no tiene “precedentes”.
La resolución autoriza al Secretario General de Administración a evaluar y resolver temas como licencias, jubilaciones anticipadas, prórrogas de contratos y administración de bienes judiciales. En el caso de las licencias, por ejemplo, se incluyen aquellas para magistrados y funcionarios que participan en eventos de la Asociación de Magistrados o que ejercen la docencia, siempre que ya cuenten con permisos previos. Además, se le delega la gestión de contratos relacionados con personal electoral y la administración de vehículos secuestrados o decomisados en causas penales.
Lorenzetti señaló que la delegación compromete la independencia judicial al concentrar en un funcionario, designado sin concurso, decisiones de alto impacto para jueces y empleados del Poder Judicial. Según Lorenzetti, este cambio administrativo supone una alteración grave en el funcionamiento del tribunal, ya que los jueces pierden protagonismo en temas esenciales.
El magistrado también criticó el contexto en el que se tomó la resolución, aludiendo a un aumento en la designación de cargos sin concurso, la creación de nuevas dependencias y un gasto administrativo elevado en 2024. En su disidencia, Lorenzetti destacó que actualmente hay más de 87.000 causas pendientes en la Corte, un número sin precedentes que, a su juicio, refleja un desbalance entre la gestión administrativa y judicial.
Con información de
Infobae
