La policía federal de Brasil concluye que Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado y pide que sea imputado
Por:
Marcelo Silva de Sousa
Jueves 21 de
Noviembre 2024
Los investigadores apuntaron al expresidente y otras 36 personas por los hechos que siguieron a su derrota electoral, que incluyen un complot para asesinar a Lula; “no puedo esperar nada” de la Justicia
BRASILIA.- La Policía Federal brasileña concluyó este jueves que Jair Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022 con el presidente Luiz Inazio Lula da Silva y pidió su imputación después de casi dos años de investigaciones.
La conclusión central de la policía es que Bolsonaro y otros 36 individuos, entre ellos varios militares de alto rango, actuaron de “forma coordinada” para intentar mantener a Bolsonaro en el poder tras la derrota en las presidenciales.
Los investigadores piden que Bolsonaro y otros 36 investigados, entre quienes se encuentran exministros y militares activos y de la reserva, sean imputados por abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado y organización criminal, delitos que, sumados, conllevan penas de hasta casi 30 años de prisión.
En la lista aparecen el exministro de Defensa, general Walter Souza Braga Netto, y el exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno.
También el exministro de Justicia Anderson Torres; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y diputado federal, Alexandre Ramagem, y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, agrupación de Bolsonaro.
De los 37 implicados, 25 son o fueron militares, entre ellos también Almir Garnier Santos, exjefe de la Marina durante la segunda mitad del gobierno de Bolsonaro.
La investigación también implica a un argentino: Fernando Cerimedo, el experto en marketing digital que fue consultor político del presidente Javier Milei en sus inicios en la política.
Cerimedo, próximo a la familia Bolsonaro, se hizo famoso en Brasil entre la militancia del ultraderechista por haber difundido información falsa durante transmisiones en línea sobre el conteo de votos en las presidenciales de 2022.
La policía concluyó que existieron al menos seis grupos, entre ellos el núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral; el núcleo responsable de incitar a militares a adherir al golpe de Estado; un núcleo jurídico; un núcleo operacional de acciones golpistas; un núcleo de inteligencia paralela, y un núcleo operativo para el cumplimiento de medidas coercitivas.
“Las investigaciones apuntaron que los investigados se organizaron por medio de una división de tareas, lo que permitió identificar las conductas individuales”, dijo la fuerza policial en una nota de prensa.
El informe de la policía se mantenía bajo secreto en manos de la Justicia, pero los nombres de los imputados fueron publicados este jueves oficialmente.
Las pruebas se obtuvieron mediante el levantamiento de secretos telefónicos, bancarios, fiscales, una colaboración premiada –del exayudante de Bolsonaro, Mauro Cid– y diversos allanamientos.
La investigación
La investigación de la policía comenzó en 2023, poco después del 8 de enero, cuando seguidores de Bolsonaro, enfurecidos por los resultados, invadieron y depredaron las sedes de los tres poderes clamando por una intervención militar que repusiera al presidente en el poder.
Los investigadores consideran que la trama golpista comenzó antes de las elecciones de octubre de 2022, con una campaña destinada a desprestigiar el sistema de votación de urnas electrónicas.
Tras la derrota, continuó con reuniones a puertas cerradas con militares para incitar un quiebre del orden democrático en los cuarteles y también la evaluación de medidas pseudolegales para quebrar el orden democrático y hasta un plan para asesinar a Lula.
El golpe no se concretó, según elementos reunidos en las investigaciones, por la falta de aval de los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea.
De acuerdo con la periodista de CNN Brasil Débora Bergamasco, la policía reunió indicios incluso de que el expresidente (2019-2022) tenía pleno conocimiento del plan para matar a Lula; a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), hecho por el cual la policía arrestó el martes pasado a cuatro militares y un agente de la Policía Federal.
“Soy una persona que tiene que agradecer mucho estar vivo. El intento de envenenarme a mí y a Alckmin no dio resultado, estamos acá”, dijo Lula durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, refiriéndose por primera vez a ese punto de la investigación.
El reloj comenzó a correr en la investigación penal más sensible contra Bolsonaro, quien atacó al juez Alexandre de Moraes, responsable por el caso en el STF.
El expresidente dijo que Moraes hace todo de forma “bastante creativa” y “fuera de la ley”. “Hay que ver qué hay en este pedido de imputación. En la Procuraduría General de la República (PGR) comienza la lucha. No puedo esperar nada de un equipo que usa la creatividad para denunciarme”, agregó el exmandatario.
La PGR deberá decidir en los próximos días, sobre la base del informe policial, si presenta una denuncia ante la Corte, en la investigación que conduce Moraes.
Bolsonaro y los otros implicados en el caso sólo podrán ser detenidos una vez que sean eventualmente reos juzgados o si la Justicia considera que existe riesgo de fuga o de obstrucción de la investigación.
Es la tercera investigación policial en la que se pide la imputación de Bolsonaro. Anteriormente, el expresidente quedó implicado por un fraude en certificados de vacunación contra el coronavirus para ingresar en Estados Unidos y también por la importación ilegal de joyas millonarias recibidas como regalo de naciones extranjeras.
Sin embargo, la decisión se convirtió en argumento político para el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, con varios referentes que pidieron cárcel para el expresidente.
“Abre camino para que todos paguen en la Justicia por los delitos que cometieron contra Brasil y la democracia: intentaron hacer fraude en las elecciones, asesinar autoridades e instalar una dictadura. Se merecen la prisión. Sin amnistía”, dijo la presidente del PT, Gleisi Hoffmann.
El ministro de Comunicación, Paulo Pimenta, aseguró que el informe policial “no deja dudas de que esa banda terrorista merece castigo, jamás amnistía”.
La conclusión central de la policía es que Bolsonaro y otros 36 individuos, entre ellos varios militares de alto rango, actuaron de “forma coordinada” para intentar mantener a Bolsonaro en el poder tras la derrota en las presidenciales.
Los investigadores piden que Bolsonaro y otros 36 investigados, entre quienes se encuentran exministros y militares activos y de la reserva, sean imputados por abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado y organización criminal, delitos que, sumados, conllevan penas de hasta casi 30 años de prisión.
En la lista aparecen el exministro de Defensa, general Walter Souza Braga Netto, y el exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno.
También el exministro de Justicia Anderson Torres; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y diputado federal, Alexandre Ramagem, y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, agrupación de Bolsonaro.
De los 37 implicados, 25 son o fueron militares, entre ellos también Almir Garnier Santos, exjefe de la Marina durante la segunda mitad del gobierno de Bolsonaro.
La investigación también implica a un argentino: Fernando Cerimedo, el experto en marketing digital que fue consultor político del presidente Javier Milei en sus inicios en la política.
Cerimedo, próximo a la familia Bolsonaro, se hizo famoso en Brasil entre la militancia del ultraderechista por haber difundido información falsa durante transmisiones en línea sobre el conteo de votos en las presidenciales de 2022.
La policía concluyó que existieron al menos seis grupos, entre ellos el núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral; el núcleo responsable de incitar a militares a adherir al golpe de Estado; un núcleo jurídico; un núcleo operacional de acciones golpistas; un núcleo de inteligencia paralela, y un núcleo operativo para el cumplimiento de medidas coercitivas.
“Las investigaciones apuntaron que los investigados se organizaron por medio de una división de tareas, lo que permitió identificar las conductas individuales”, dijo la fuerza policial en una nota de prensa.
El informe de la policía se mantenía bajo secreto en manos de la Justicia, pero los nombres de los imputados fueron publicados este jueves oficialmente.
Las pruebas se obtuvieron mediante el levantamiento de secretos telefónicos, bancarios, fiscales, una colaboración premiada –del exayudante de Bolsonaro, Mauro Cid– y diversos allanamientos.
La investigación
La investigación de la policía comenzó en 2023, poco después del 8 de enero, cuando seguidores de Bolsonaro, enfurecidos por los resultados, invadieron y depredaron las sedes de los tres poderes clamando por una intervención militar que repusiera al presidente en el poder.
Los investigadores consideran que la trama golpista comenzó antes de las elecciones de octubre de 2022, con una campaña destinada a desprestigiar el sistema de votación de urnas electrónicas.
Tras la derrota, continuó con reuniones a puertas cerradas con militares para incitar un quiebre del orden democrático en los cuarteles y también la evaluación de medidas pseudolegales para quebrar el orden democrático y hasta un plan para asesinar a Lula.
El golpe no se concretó, según elementos reunidos en las investigaciones, por la falta de aval de los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea.
De acuerdo con la periodista de CNN Brasil Débora Bergamasco, la policía reunió indicios incluso de que el expresidente (2019-2022) tenía pleno conocimiento del plan para matar a Lula; a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), hecho por el cual la policía arrestó el martes pasado a cuatro militares y un agente de la Policía Federal.
“Soy una persona que tiene que agradecer mucho estar vivo. El intento de envenenarme a mí y a Alckmin no dio resultado, estamos acá”, dijo Lula durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, refiriéndose por primera vez a ese punto de la investigación.
El reloj comenzó a correr en la investigación penal más sensible contra Bolsonaro, quien atacó al juez Alexandre de Moraes, responsable por el caso en el STF.
El expresidente dijo que Moraes hace todo de forma “bastante creativa” y “fuera de la ley”. “Hay que ver qué hay en este pedido de imputación. En la Procuraduría General de la República (PGR) comienza la lucha. No puedo esperar nada de un equipo que usa la creatividad para denunciarme”, agregó el exmandatario.
La PGR deberá decidir en los próximos días, sobre la base del informe policial, si presenta una denuncia ante la Corte, en la investigación que conduce Moraes.
Bolsonaro y los otros implicados en el caso sólo podrán ser detenidos una vez que sean eventualmente reos juzgados o si la Justicia considera que existe riesgo de fuga o de obstrucción de la investigación.
Es la tercera investigación policial en la que se pide la imputación de Bolsonaro. Anteriormente, el expresidente quedó implicado por un fraude en certificados de vacunación contra el coronavirus para ingresar en Estados Unidos y también por la importación ilegal de joyas millonarias recibidas como regalo de naciones extranjeras.
Sin embargo, la decisión se convirtió en argumento político para el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, con varios referentes que pidieron cárcel para el expresidente.
“Abre camino para que todos paguen en la Justicia por los delitos que cometieron contra Brasil y la democracia: intentaron hacer fraude en las elecciones, asesinar autoridades e instalar una dictadura. Se merecen la prisión. Sin amnistía”, dijo la presidente del PT, Gleisi Hoffmann.
El ministro de Comunicación, Paulo Pimenta, aseguró que el informe policial “no deja dudas de que esa banda terrorista merece castigo, jamás amnistía”.
