Elecciones en Uruguay: cómo es la reforma jubilatoria que, afirman, pondría en jaque a las finanzas uruguayas
Por:
Pedro Gianello
Jueves 24 de
Octubre 2024
Este domingo se vota en el plebiscito si se modifica el sistema previsional, que es en parte estatal y en parte privado, como las antiguas AFJP argentinas. Fue propuesto por la central sindical y los detractores estiman que generaría un rojo de 1.037 millones de dólares y llevaría el déficit del sistema jubilatorio a PBI. Sumó críticas tanto del ex presidente Pepe Mujica como del actual Luis Lacalle Pou.
Este domingo 2,7 millones de electores uruguayos están habilitados para elegir a su próximo presidente, pero la atención no está puesta en los candidatos sino en el plebiscito para reformar la constitución y cambiar el sistema de seguridad social.
El extenso cambio surgió de la izquierda y tiene el rechazo de la mayoría del arco político, pero si suma un voto más del 50% se aprobará. Los detractores estiman que generaría un rojo de 1.037 millones de dólares y llevaría el déficit del sistema jubilatorio a PBI. Sumó críticas tanto del ex presidente Pepe Mujica como del actual Luis Lacalle Pou, que no puede reelegir pese a tener una alta aprobación.
A cuatro días de la elección y en medio de una campaña electoral presidencial gris, este plebiscito acapara informativos, charlas de café y los altoparlantes en la calle. Si bien bajó la intención de voto, el argumento de la izquierda de subir los salarios es más tentador que la larga explicación de que el cambio es deficitario y perjudicial a largo plazo, y por eso el temor de los analistas.
En Uruguay, como en la región, a mediados de los '90 surgieron los sistemas previsionales mixtos: reparto del Estado y privados -optativos-, con las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFPS), similares a las AFJP de Argentina pero con menores comisiones y un funcionamiento estable.
Sin embargo, el sistema general empezó a ser deficitario y el Frente Amplio hizo una reforma en 2008, aunque no tocó la edad de jubilación que siguió en 60 años. El año pasado, mediante la ley 20.130, el Congreso aprobó la propuesta enviada por Lacalle Pou que elevó en escalas de 60 años a 65 años el piso de edad para jubilarse para todos los nacidos desde 1977 en adelante.
Eso generó un descontento y los sectores de izquierda, especialmente la central sindical PIT-CNT y el Partido Comunista, integrantes del Frente Amplio, juntaron las firmas para llegar al plebiscito que de aprobarse este domingo impone: estatización del sistema jubilatorio, el paso de los 22 mil millones de dólares de las AFAPS a un fideicomiso dos años y después al Estado, y la igualación de la jubilación mínima al salario mínimo.
“A partir del descontento de la reforma del 2023, este plebiscito incorpora el descontento de una parte de la izquierda con la reforma del '95 como que hace un mix entre las dos cosas”, señala a Clarín Rodolfo Saldain, abogado especialista en seguridad social y coordinador de la reforma previsional del año pasado para el Gobierno.
“El cambio estructural más grande es la estatización de todo el sistema y la confiscación de los ahorros jubilatorios, una línea muy similar a la Argentina en el 2008. Y eso no tiene que ver con la reforma del 2023”, agrega Saldain.
Hoy la jubilación mínima está en unos 18.840 pesos uruguayos (465 dólares) y el salario mínimo en 22.268 (670 dólares). Pero en este caso, la puja por el equilibrio fiscal depende de la interpretación de un “error” en el texto. En el punto 6 de la papeleta blanca por el “Sí”, dice que ninguna jubilación ni pensión debe ser inferior al salario mínimo, cuando debería haber dicho jubilado o pensionado.
Es que por el cobro de la pensión o jubilación del Estado o de la AFAP, más algunas de las otras cajas del sistema jubilatorio los que se oponen calculan el costo es de 1.037 millones de dólares, mientras que los defensores hablan de un costo en 460 millones de dólares.
“Si nosotros no hubiéramos la reforma del año pasado el déficit del sistema provisional caminaba hacia 4 puntos del PBI, y se lo estabilizó en 2 puntos de producto”, acota Saldain.
La mayoría de los partidos políticos hizo campaña para que no se apruebe la reforma y el Frente Amplio, que lidera las encuestas a Presidente en torno al 44%, dio libertad de acción a sus votantes. Sin embargo, 111 economistas del FA se pronunciaron en contra del plebiscito, incluido Gabriel Oddone, el hombre que de ganar Yamandú Orsi las elecciones en el balotaje será el ministro de Economía del futuro gobierno del Frente Amplio.
A su vez, la reforma vuelve a la edad jubilatoria de 60 años y aclara que es para quienes hayan cumplido 30 años de aporte. “Sólo la mitad de quienes trabajamos amparados por el Banco de Previsión Social llegamos a los 60 años con 30 años de aportes. Somos los que tuvimos trabajos más estables, con mejores remuneraciones. La otra mitad, que son las personas de menores ingresos y sobre todo las mujeres, no juntan estos años de aportes. Una de cada tres personas llega a los 70 años de edad sin juntar ni siquiera el mínimo de 15 años de aportes que le permite acceder a una jubilación, por lo que podría quedar sin cobertura”, alerta Jimena Pardo, una de las economistas del Frente Amplio que firmó el documento contra el plebiscito. Y advierte que la situación todavía empeora más para quienes tengan bajos ingresos.
Y para despejar incógnitas, también se opone a la estatización del sistema. “Hoy, un millón de trabajadores uruguayos tienen cuentas de ahorro, que administran las AFAP, en las que ingresan por año 1.400 millones de dólares y tienen acumulados 23.000 millones de dólares. El BPS, a cambio del dinero que recibe de las cuentas de ahorro individual, quedará obligado a pagar pasividades mayores que las que se hubieran pagado por el sistema actual, que adicionalmente tiene un diseño que otorga subsidios crecientes a los trabajadores de ingresos altos, lo que agrava el problema de la equidad -detalla Pardo a Clarín-. Pero el BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más su déficit previsional actual”.
Los defensores del proyecto reconocen que puede ser deficitario a 50 años, pero que esa cantidad de años es la suficiente para pensar en un sistema sustentable. Sin embargo, los detractores del sistema insisten en que el problema podría explotar antes.
El extenso cambio surgió de la izquierda y tiene el rechazo de la mayoría del arco político, pero si suma un voto más del 50% se aprobará. Los detractores estiman que generaría un rojo de 1.037 millones de dólares y llevaría el déficit del sistema jubilatorio a PBI. Sumó críticas tanto del ex presidente Pepe Mujica como del actual Luis Lacalle Pou, que no puede reelegir pese a tener una alta aprobación.
A cuatro días de la elección y en medio de una campaña electoral presidencial gris, este plebiscito acapara informativos, charlas de café y los altoparlantes en la calle. Si bien bajó la intención de voto, el argumento de la izquierda de subir los salarios es más tentador que la larga explicación de que el cambio es deficitario y perjudicial a largo plazo, y por eso el temor de los analistas.
En Uruguay, como en la región, a mediados de los '90 surgieron los sistemas previsionales mixtos: reparto del Estado y privados -optativos-, con las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFPS), similares a las AFJP de Argentina pero con menores comisiones y un funcionamiento estable.
Sin embargo, el sistema general empezó a ser deficitario y el Frente Amplio hizo una reforma en 2008, aunque no tocó la edad de jubilación que siguió en 60 años. El año pasado, mediante la ley 20.130, el Congreso aprobó la propuesta enviada por Lacalle Pou que elevó en escalas de 60 años a 65 años el piso de edad para jubilarse para todos los nacidos desde 1977 en adelante.
Una millonada
Eso generó un descontento y los sectores de izquierda, especialmente la central sindical PIT-CNT y el Partido Comunista, integrantes del Frente Amplio, juntaron las firmas para llegar al plebiscito que de aprobarse este domingo impone: estatización del sistema jubilatorio, el paso de los 22 mil millones de dólares de las AFAPS a un fideicomiso dos años y después al Estado, y la igualación de la jubilación mínima al salario mínimo.
“A partir del descontento de la reforma del 2023, este plebiscito incorpora el descontento de una parte de la izquierda con la reforma del '95 como que hace un mix entre las dos cosas”, señala a Clarín Rodolfo Saldain, abogado especialista en seguridad social y coordinador de la reforma previsional del año pasado para el Gobierno.
“El cambio estructural más grande es la estatización de todo el sistema y la confiscación de los ahorros jubilatorios, una línea muy similar a la Argentina en el 2008. Y eso no tiene que ver con la reforma del 2023”, agrega Saldain.
Hoy la jubilación mínima está en unos 18.840 pesos uruguayos (465 dólares) y el salario mínimo en 22.268 (670 dólares). Pero en este caso, la puja por el equilibrio fiscal depende de la interpretación de un “error” en el texto. En el punto 6 de la papeleta blanca por el “Sí”, dice que ninguna jubilación ni pensión debe ser inferior al salario mínimo, cuando debería haber dicho jubilado o pensionado.
Es que por el cobro de la pensión o jubilación del Estado o de la AFAP, más algunas de las otras cajas del sistema jubilatorio los que se oponen calculan el costo es de 1.037 millones de dólares, mientras que los defensores hablan de un costo en 460 millones de dólares.
“Si nosotros no hubiéramos la reforma del año pasado el déficit del sistema provisional caminaba hacia 4 puntos del PBI, y se lo estabilizó en 2 puntos de producto”, acota Saldain.
La mayoría de los partidos políticos hizo campaña para que no se apruebe la reforma y el Frente Amplio, que lidera las encuestas a Presidente en torno al 44%, dio libertad de acción a sus votantes. Sin embargo, 111 economistas del FA se pronunciaron en contra del plebiscito, incluido Gabriel Oddone, el hombre que de ganar Yamandú Orsi las elecciones en el balotaje será el ministro de Economía del futuro gobierno del Frente Amplio.
A su vez, la reforma vuelve a la edad jubilatoria de 60 años y aclara que es para quienes hayan cumplido 30 años de aporte. “Sólo la mitad de quienes trabajamos amparados por el Banco de Previsión Social llegamos a los 60 años con 30 años de aportes. Somos los que tuvimos trabajos más estables, con mejores remuneraciones. La otra mitad, que son las personas de menores ingresos y sobre todo las mujeres, no juntan estos años de aportes. Una de cada tres personas llega a los 70 años de edad sin juntar ni siquiera el mínimo de 15 años de aportes que le permite acceder a una jubilación, por lo que podría quedar sin cobertura”, alerta Jimena Pardo, una de las economistas del Frente Amplio que firmó el documento contra el plebiscito. Y advierte que la situación todavía empeora más para quienes tengan bajos ingresos.
Y para despejar incógnitas, también se opone a la estatización del sistema. “Hoy, un millón de trabajadores uruguayos tienen cuentas de ahorro, que administran las AFAP, en las que ingresan por año 1.400 millones de dólares y tienen acumulados 23.000 millones de dólares. El BPS, a cambio del dinero que recibe de las cuentas de ahorro individual, quedará obligado a pagar pasividades mayores que las que se hubieran pagado por el sistema actual, que adicionalmente tiene un diseño que otorga subsidios crecientes a los trabajadores de ingresos altos, lo que agrava el problema de la equidad -detalla Pardo a Clarín-. Pero el BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más su déficit previsional actual”.
Los defensores del proyecto reconocen que puede ser deficitario a 50 años, pero que esa cantidad de años es la suficiente para pensar en un sistema sustentable. Sin embargo, los detractores del sistema insisten en que el problema podría explotar antes.
