Motosierra parlamentaria: Villarruel echó a otros 20 empleados y sigue ajustando la planta del Senado
Por:
Gustavo Ybarra
Martes 22 de
Octubre 2024
Se trata de personal temporario que desempeñaba funciones en comisiones bicamerales; se suman a los 36 trabajadores de la planta permanente que fueron despedidos el viernes
Antes de partir de viaje a Neuquén, donde participará de una exposición y visitará el yacimiento de Vaca Muerta, Victoria Villarruel dejó firmado un nuevo decreto por el que dio de baja a 20 empleados de la planta transitoria del Senado que reportaban a comisiones bicamerales y cuyo nombramiento había sido solicitado por legisladores que lograban, de esa manera, liberar cupos para designar a funcionarios en sus despachos.
Estas bajas se suman a las 36 cuyos despidos la vicepresidenta decretó el viernes de la semana pasada al revertir el pase a planta permanente de empleados que había adoptado en octubre del año pasado, poco menos de dos meses antes de concluir su mandato, Cristina Kirchner con la firma de la entonces secretaria Administrativa, la pampeana y dirigente de La Cámpora María Luz Alonso.
Los dos decretos merecieron una dura réplica de la Asociación del Personal Legislativo (APL) que lleva la firma de su mesa directiva, encabezada por su secretario general, Norberto Di Próspero, y en el que manifiesta su “repudio total y absoluto” a ambas medidas por considerarlas “viciadas de nulidad absoluta” y violatorias de la ley 24.600, el estatuto de los trabajadores del Congreso.
La principal afectada por la nueva tanda de despidos es, precisamente, una senadora que responde a La Cámpora. Se trata de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien había motorizado los nombramientos en las comisiones bicamerales de cuatro empleados. Otro más responde a Mariano Recalde (Capital), también de la misma agrupación política kirchnerista.
El resto de los afectados forma parte de lo que en la jerga de la política se conoce como “capas geológicas” de empleados cuya contratación fue solicitada por legisladores cuyos mandatos ya vencieron y no renovaron su banca.
El decreto se basa en varios artículos del estatuto del empleado legislativo (ley 24.600) al establecer que ya han caducado las razones excepcionales por las que las administraciones anteriores los habían designado haciendo una excepción al artículo 49 de la norma, que impide que personal temporario revista funciones en comisiones permanentes.
En realidad, la medida apunta a terminar con una práctica muy extendida, sobre todo durante la presidencia de Cristina Kirchner, por la que los senadores apelaban a nombrar personal transitorio en comisiones para de esa manera mantener liberados los módulos correspondientes a su despacho y poder, así, nombrar más gente.
El viernes de la semana pasada Villarruel firmó otro decreto por el que dio de baja 38 empleados de la planta permanente, aduciendo habían sido nombrados de manera irregular por la gestión kirchnerista que terminó en diciembre. En realidad fueron 36 las bajas, ya que dos de los legajos mencionados en el anexo corresponden a agentes que ya habían sido dados de baja con anterioridad por otros motivos.
La medida provocó malestar en algunos despachos de senadores aliados, que vieron como de un día para el otro fueron despedidos personal de sus despachos que cumplían horario de trabajo pero que desde la Presidencia de la Cámara alta se los acusaba de ser “ñoquis”.
Tras un fin de semana de silencio y luego de que se conociera la nueva tanda de despidos impulsados por la vicepresidenta, el gremio del personal legislativo condenó los dos decretos en un comunicado en el que advierte que desde la asunción de Villarruel “se visualizan decretos, dictámenes y resoluciones administrativas que violan abiertamente la ley 24.600″.
“Desde APL no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, arbitrariedades, persecuciones totalmente fuera de todo análisis objetivo, que demuestran un gran desconocimiento de gestión y dersprecio hacia los trabajadores del Senado de la Nación”, concluye el pronunciamiento sindical.
Estas bajas se suman a las 36 cuyos despidos la vicepresidenta decretó el viernes de la semana pasada al revertir el pase a planta permanente de empleados que había adoptado en octubre del año pasado, poco menos de dos meses antes de concluir su mandato, Cristina Kirchner con la firma de la entonces secretaria Administrativa, la pampeana y dirigente de La Cámpora María Luz Alonso.
Los dos decretos merecieron una dura réplica de la Asociación del Personal Legislativo (APL) que lleva la firma de su mesa directiva, encabezada por su secretario general, Norberto Di Próspero, y en el que manifiesta su “repudio total y absoluto” a ambas medidas por considerarlas “viciadas de nulidad absoluta” y violatorias de la ley 24.600, el estatuto de los trabajadores del Congreso.
La principal afectada por la nueva tanda de despidos es, precisamente, una senadora que responde a La Cámpora. Se trata de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien había motorizado los nombramientos en las comisiones bicamerales de cuatro empleados. Otro más responde a Mariano Recalde (Capital), también de la misma agrupación política kirchnerista.
El resto de los afectados forma parte de lo que en la jerga de la política se conoce como “capas geológicas” de empleados cuya contratación fue solicitada por legisladores cuyos mandatos ya vencieron y no renovaron su banca.
El decreto se basa en varios artículos del estatuto del empleado legislativo (ley 24.600) al establecer que ya han caducado las razones excepcionales por las que las administraciones anteriores los habían designado haciendo una excepción al artículo 49 de la norma, que impide que personal temporario revista funciones en comisiones permanentes.
En realidad, la medida apunta a terminar con una práctica muy extendida, sobre todo durante la presidencia de Cristina Kirchner, por la que los senadores apelaban a nombrar personal transitorio en comisiones para de esa manera mantener liberados los módulos correspondientes a su despacho y poder, así, nombrar más gente.
El viernes de la semana pasada Villarruel firmó otro decreto por el que dio de baja 38 empleados de la planta permanente, aduciendo habían sido nombrados de manera irregular por la gestión kirchnerista que terminó en diciembre. En realidad fueron 36 las bajas, ya que dos de los legajos mencionados en el anexo corresponden a agentes que ya habían sido dados de baja con anterioridad por otros motivos.
La medida provocó malestar en algunos despachos de senadores aliados, que vieron como de un día para el otro fueron despedidos personal de sus despachos que cumplían horario de trabajo pero que desde la Presidencia de la Cámara alta se los acusaba de ser “ñoquis”.
Tras un fin de semana de silencio y luego de que se conociera la nueva tanda de despidos impulsados por la vicepresidenta, el gremio del personal legislativo condenó los dos decretos en un comunicado en el que advierte que desde la asunción de Villarruel “se visualizan decretos, dictámenes y resoluciones administrativas que violan abiertamente la ley 24.600″.
“Desde APL no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, arbitrariedades, persecuciones totalmente fuera de todo análisis objetivo, que demuestran un gran desconocimiento de gestión y dersprecio hacia los trabajadores del Senado de la Nación”, concluye el pronunciamiento sindical.
