Menores encerradas con adultos y violadas, torturas, desapariciones y asesinatos: expertos de la ONU describen los crímenes del chavismo en Venezuela
Martes 17 de
Septiembre 2024
Este prontuario de crímenes de lesa humanidad se ha agudizado poco antes y después de la cuestionada elección presidencial del 28 de julio. Los casos fueron documentados por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.
Chicas menores de edad encerradas con hombres adultos, sometidas a vejaciones sexuales; torturas físicas y psicológicas; violaciones; detenciones arbitrarias; desapariciones temporales; persecuciones políticas y asesinatos de manifestantes en la calle. No estamos hablando de las dictaduras que horrorizaron a América del sur en los años70 y 80, estamos hablando de la Venezuela bajo el puño de Nicolás Maduro y la élite chavista.
Este prontuario de crímenes de lesa humanidad se ha agudizado poco antes y después de la cuestionada elección presidencial del 28 de julio. Los casos son documentados por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por mandato de Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que ha presentado hoy en Ginebra un informe sobre lo ocurrido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
“El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”, advirtió hoy la Misión en su último informe.
“Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro”, señaló el informe.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, al señalar que la intensidad y carácter sistemático de la represión, “representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
El demoledor informe constata que se mantiene prácticas denunciadas en reportes previos.
“La misión tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante este período representan la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad”, sentencia.
“Estas conductas se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno del presidente Maduro”.
“La misión obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente”, dice uno de los pasajes del documento.
La Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño entiende como tal a todo ser humano menor de 18 años.
Entre el 29 y el 30 de julio se produjeron 915 protestas ciudadanas en el país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, según los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
“Durante esos días, y en los días posteriores, se registró una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al Gobierno. La represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas, por el simple hecho de haber expresado una opinión. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, así como personas con discapacidad”, recoge el informe.
En algunos casos los menores permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género.
“Esta falta de división en los centros de detención afectó sobre todo a las niñas, que, en ocasiones, fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecieron detenidas junto con adultos hombres”, recoge el documento.
Se basa en testimonios de 383 personas, en expedientes judiciales, informes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, fuentes documentales y audiovisuales, denuncias, informaciones periodísticas y en fuentes abiertas y confidenciales.
Persecución sistemática contra disidentes
En el marco de las protestas espontáneas tras el anunció que dio el triunfo a Nicolás Maduro, las autoridades pusieron en marcha “una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente, al tiempo que continuaron las detenciones selectivas de actores de la oposición y de la sociedad civil”.
“El sistema de acoso y represión violenta contra personas opositoras o percibidas como tales se reactivó de manera intensa y acelerada. Como resultado, la represión llevó a la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y delitos”, apunta el documento.
“La represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas, por el simple hecho de haber expresado una opinión. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, así como personas con discapacidad”.
Algunas de las violaciones documentadas, “incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas, consideradas en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política fundada en motivos políticos”, contra personas críticas del Gobierno, opositoras políticas, o percibidas como tales.
Como parte de esta represión, las autoridades llevaron a cabo, “de forma consciente y planificada”, acciones para desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno y a impedir la protesta ciudadana pacífica. “La brutalidad de la represión sigue generando un clima de miedo generalizado en la población”.
Los expertos señalan que la respuesta represiva del Estado a las protestas “marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho”.
“Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo. En la práctica, muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder”.
El propio fiscal general, Tarek William Saab “continuó operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante este período” y lideró la acción del Estado “que condujo a violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones en masa, al amparo de la narrativa del Ejecutivo de la lucha contra un “golpe de Estado” y el “fascismo”.
En algunos de los casos investigados, “las condiciones de detención constituyeron actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Esas condiciones incluyen en casos investigados el aislamiento prolongado en una celda de cuatro metros cuadrados, sobre los 40 grados e inhalación obligada de monóxido de carbono; condiciones insalubres, insuficiente acceso al agua, comida y saneamiento; restricciones a visitas y a llamadas telefónicas; amenazas a los familiares y malos tratos.
Los métodos de torturas en los casos investigados incluyeron golpes, descargas eléctricas, incluidos en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño a través de iluminación y música alta las 24 horas del día.
La misión recomienda a la comunidad internacional mantener la investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela e insistir en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como justicia y reparación para las víctimas.
Entre los avances en esta rendición de cuentas destaca que en abril pasado la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional federal de Buenos Aires, Argentina, sentenció confirmando la jurisdicción de los tribunales argentinos para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Ese mismo tribunal además está considerando otra denuncia de crímenes de lesa humanidad, presenta en enero de 2023 por la ONG Foro Argentino por la Democracia en la Región.
Este prontuario de crímenes de lesa humanidad se ha agudizado poco antes y después de la cuestionada elección presidencial del 28 de julio. Los casos son documentados por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por mandato de Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que ha presentado hoy en Ginebra un informe sobre lo ocurrido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
“El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”, advirtió hoy la Misión en su último informe.
“Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro”, señaló el informe.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, al señalar que la intensidad y carácter sistemático de la represión, “representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
El demoledor informe constata que se mantiene prácticas denunciadas en reportes previos.
“La misión tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante este período representan la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad”, sentencia.
“Estas conductas se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno del presidente Maduro”.
“La misión obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente”, dice uno de los pasajes del documento.
La Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño entiende como tal a todo ser humano menor de 18 años.
Entre el 29 y el 30 de julio se produjeron 915 protestas ciudadanas en el país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, según los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
“Durante esos días, y en los días posteriores, se registró una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al Gobierno. La represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas, por el simple hecho de haber expresado una opinión. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, así como personas con discapacidad”, recoge el informe.
En algunos casos los menores permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género.
“Esta falta de división en los centros de detención afectó sobre todo a las niñas, que, en ocasiones, fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecieron detenidas junto con adultos hombres”, recoge el documento.
Se basa en testimonios de 383 personas, en expedientes judiciales, informes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, fuentes documentales y audiovisuales, denuncias, informaciones periodísticas y en fuentes abiertas y confidenciales.
Persecución sistemática contra disidentes
En el marco de las protestas espontáneas tras el anunció que dio el triunfo a Nicolás Maduro, las autoridades pusieron en marcha “una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente, al tiempo que continuaron las detenciones selectivas de actores de la oposición y de la sociedad civil”.
“El sistema de acoso y represión violenta contra personas opositoras o percibidas como tales se reactivó de manera intensa y acelerada. Como resultado, la represión llevó a la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y delitos”, apunta el documento.
“La represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas, por el simple hecho de haber expresado una opinión. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, así como personas con discapacidad”.
Algunas de las violaciones documentadas, “incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas, consideradas en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política fundada en motivos políticos”, contra personas críticas del Gobierno, opositoras políticas, o percibidas como tales.
Como parte de esta represión, las autoridades llevaron a cabo, “de forma consciente y planificada”, acciones para desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno y a impedir la protesta ciudadana pacífica. “La brutalidad de la represión sigue generando un clima de miedo generalizado en la población”.
Los expertos señalan que la respuesta represiva del Estado a las protestas “marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho”.
“Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo. En la práctica, muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder”.
El propio fiscal general, Tarek William Saab “continuó operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante este período” y lideró la acción del Estado “que condujo a violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones en masa, al amparo de la narrativa del Ejecutivo de la lucha contra un “golpe de Estado” y el “fascismo”.
En algunos de los casos investigados, “las condiciones de detención constituyeron actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Esas condiciones incluyen en casos investigados el aislamiento prolongado en una celda de cuatro metros cuadrados, sobre los 40 grados e inhalación obligada de monóxido de carbono; condiciones insalubres, insuficiente acceso al agua, comida y saneamiento; restricciones a visitas y a llamadas telefónicas; amenazas a los familiares y malos tratos.
Los métodos de torturas en los casos investigados incluyeron golpes, descargas eléctricas, incluidos en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño a través de iluminación y música alta las 24 horas del día.
La misión recomienda a la comunidad internacional mantener la investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela e insistir en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como justicia y reparación para las víctimas.
Entre los avances en esta rendición de cuentas destaca que en abril pasado la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional federal de Buenos Aires, Argentina, sentenció confirmando la jurisdicción de los tribunales argentinos para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Ese mismo tribunal además está considerando otra denuncia de crímenes de lesa humanidad, presenta en enero de 2023 por la ONG Foro Argentino por la Democracia en la Región.
