Motosierra en salud: el Gobierno dio de baja 58 prepagas y hay más de 100 que están bajo la lupa
Jueves 12 de
Septiembre 2024
A través de una resolución publicada el miércoles, la Superintendencia de Servicios de Salud deslistó a presuntas entidades que figuraban como reguladas, pero en realidad no prestaban servicios. El plan de tres etapas para continuar con los ajustes
La Superintendencia de Servicios de Salud a cargo de Gabriel Oriolo publicó este miércoles una resolución que dio de baja a 58 prepagas que estaban inscriptas en el registro oficial como empresas de salud. A las entidades se las acusa de haber incumplido con la presentación de papeles obligatorios y figuraban como entidades reguladas desde hace años pese a no brindar servicios.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 2438/2024, que en su primer artículo oficializó la baja de las entidades de medicina prepaga que habían sido inscriptas provisoriamente en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).
La decisión la tomó el exdirector de Prestaciones Médicas en Modum Salud y ahora gerente general de la SSS, Claudio Stivelman, el principal articulador de la reestructuración que se están haciendo en el área de las prepagas. Según se redactó en la resolución, el funcionario lo hizo ante los "incumplimientos de una importante cantidad de entidades obligadas a proporcionar la información exigida por las normas señaladas".
Antes habían salido edictos en el Boletín Oficial por casi una semana en la que se les solicitaba a 60 entidades para que corrijan las irregularidades: hubo dos que dijeron que sí estaban prestando servicios y mandaron papeles, por los que pasaron a formar de un proceso evaluativo aparte; los 58 restantes se dieron de baja.
"La Superintendencia comenzó a exigir a las Prepagas toda la documentación obligatoria que debían entregar y no lo hacían: padrones, estados contables, cartillas, balances, contratos con prestadores, entre otros", detallaron este miércoles desde la entidad sanitaria.
Ese listado es conformado desde Sociedades Anónimas hasta cooperativas y asociaciones mutuales (como, por ejemplo, la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester). Si no se cuentan estas prepagas que fueron removidas, el sistema de salud cuenta, actualmente, con 603 compañías.
El número prevé ser aún menor para las próximas semanas. Según pudo saber El Cronista de fuentes inobjetables, ya está terminándose de redactar un nuevo edicto que obligue a 65 prepagas a presentar documentación para que no se las dé de baja. También habrá una tercera tanda que en la que habrá entre 60 y 70 prepagas puestas a evaluación.
"Esta primera tanda de 58 prepagas son de obras sociales que no habían mandado un solo papel en los últimos años. Estas dos nuevas etapas que vienen son de entidades que sí tuvieron algún tipo de presentación, pero de las que se evidencian grandes irregularidades", afirmaron desde la SSS.
En un comunicado oficial, la Superintendencia indicó que "trabaja para que las entidades que forman parte del sistema sean aquellas que cumplan con las normativas, brinden prestaciones de calidad y compitan entre sí, asegurando la confianza y seguridad de sus beneficiarios".
Y agregaron: "Esta medida tiene como objetivo que los beneficiarios accedan a un mercado más transparente y ordenado, donde se garantice el acceso a prestaciones de calidad a partir de la libre competencia entre los Agentes del Seguro de Salud y la libertad de elección de los usuarios".
En la Superintendencia afirman que están haciendo una depuración del sistema de salud para eficientizar los controles, evitando mayores gastos administrativos y para los usuarios mismos. Oriolo lo llama "reordenamiento del sistema de salud", que contempla también a las obras sociales, con quienes mantienen una contienda más áspera que con las prepagas.
En relación a las OOSS, la entidad sanitaria mantiene una batalla judicial con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que reclama que la conducción de su obra social, OSPRERA, vuelva a manos de la conducción del sindicato -dirigido por José Voytenco- y se retrotraiga la intervención decidida semanas atrás.
Los funcionarios libertarios argumentaron la decisión debido a que la obra social padece una grave situación de liquidez y endeudamiento que complica la prestación de sus servicios. Por su parte, la UATRE pide que se deje atrás la intervención y que se respete la decisión de la Justicia de que la normalización de OSPRERA siga por los cuerpos orgánicos del gremio.
Durante su participación en el AmCham Health Forum 2024, Oriolo subrayó como prioridades de su gestión el reordenamiento del sistema de salud, la creación de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías Sanitarias, la actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO) y el fortalecimiento de los procesos institucionales para lograr transparencia y eficiencia en la distribución de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Una de las últimas medidas del sector se había dado una semana atrás, cuando el Gobierno autorizó a las prepagas a realizar aumentos diferenciales según las condiciones del plan o la región en la que se ofrezcan (es decir, que se pueda cobrar más barato si la región tiene un costo operativo menor que en otras partes del país). Además, dispuso que deberán informar las subas con un plazo no mayor a 5 días de la publicación de la inflación mensual y que tendrán que detallar los costos facturados a los usuarios.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 2438/2024, que en su primer artículo oficializó la baja de las entidades de medicina prepaga que habían sido inscriptas provisoriamente en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).
El trasfondo de la medida y las más de 100 prepagas en la mira
La decisión la tomó el exdirector de Prestaciones Médicas en Modum Salud y ahora gerente general de la SSS, Claudio Stivelman, el principal articulador de la reestructuración que se están haciendo en el área de las prepagas. Según se redactó en la resolución, el funcionario lo hizo ante los "incumplimientos de una importante cantidad de entidades obligadas a proporcionar la información exigida por las normas señaladas".
Antes habían salido edictos en el Boletín Oficial por casi una semana en la que se les solicitaba a 60 entidades para que corrijan las irregularidades: hubo dos que dijeron que sí estaban prestando servicios y mandaron papeles, por los que pasaron a formar de un proceso evaluativo aparte; los 58 restantes se dieron de baja.
"La Superintendencia comenzó a exigir a las Prepagas toda la documentación obligatoria que debían entregar y no lo hacían: padrones, estados contables, cartillas, balances, contratos con prestadores, entre otros", detallaron este miércoles desde la entidad sanitaria.
Ese listado es conformado desde Sociedades Anónimas hasta cooperativas y asociaciones mutuales (como, por ejemplo, la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester). Si no se cuentan estas prepagas que fueron removidas, el sistema de salud cuenta, actualmente, con 603 compañías.
El número prevé ser aún menor para las próximas semanas. Según pudo saber El Cronista de fuentes inobjetables, ya está terminándose de redactar un nuevo edicto que obligue a 65 prepagas a presentar documentación para que no se las dé de baja. También habrá una tercera tanda que en la que habrá entre 60 y 70 prepagas puestas a evaluación.
"Esta primera tanda de 58 prepagas son de obras sociales que no habían mandado un solo papel en los últimos años. Estas dos nuevas etapas que vienen son de entidades que sí tuvieron algún tipo de presentación, pero de las que se evidencian grandes irregularidades", afirmaron desde la SSS.
En un comunicado oficial, la Superintendencia indicó que "trabaja para que las entidades que forman parte del sistema sean aquellas que cumplan con las normativas, brinden prestaciones de calidad y compitan entre sí, asegurando la confianza y seguridad de sus beneficiarios".
Y agregaron: "Esta medida tiene como objetivo que los beneficiarios accedan a un mercado más transparente y ordenado, donde se garantice el acceso a prestaciones de calidad a partir de la libre competencia entre los Agentes del Seguro de Salud y la libertad de elección de los usuarios".
Las últimas medidas que se fueron gestando y las que vienen
En la Superintendencia afirman que están haciendo una depuración del sistema de salud para eficientizar los controles, evitando mayores gastos administrativos y para los usuarios mismos. Oriolo lo llama "reordenamiento del sistema de salud", que contempla también a las obras sociales, con quienes mantienen una contienda más áspera que con las prepagas.
En relación a las OOSS, la entidad sanitaria mantiene una batalla judicial con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que reclama que la conducción de su obra social, OSPRERA, vuelva a manos de la conducción del sindicato -dirigido por José Voytenco- y se retrotraiga la intervención decidida semanas atrás.
Los funcionarios libertarios argumentaron la decisión debido a que la obra social padece una grave situación de liquidez y endeudamiento que complica la prestación de sus servicios. Por su parte, la UATRE pide que se deje atrás la intervención y que se respete la decisión de la Justicia de que la normalización de OSPRERA siga por los cuerpos orgánicos del gremio.
Durante su participación en el AmCham Health Forum 2024, Oriolo subrayó como prioridades de su gestión el reordenamiento del sistema de salud, la creación de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías Sanitarias, la actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO) y el fortalecimiento de los procesos institucionales para lograr transparencia y eficiencia en la distribución de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Una de las últimas medidas del sector se había dado una semana atrás, cuando el Gobierno autorizó a las prepagas a realizar aumentos diferenciales según las condiciones del plan o la región en la que se ofrezcan (es decir, que se pueda cobrar más barato si la región tiene un costo operativo menor que en otras partes del país). Además, dispuso que deberán informar las subas con un plazo no mayor a 5 días de la publicación de la inflación mensual y que tendrán que detallar los costos facturados a los usuarios.
Con información de
Cronista
