Crisis en Bolivia: Arce acelera un referéndum y Evo lo acusa de querer proscribirlo
Jueves 22 de
Agosto 2024
Después de eliminar las primarias que hubieran ayudado a dirimir la interna dentro del partido oficialista -el MAS-, el presidente Arce impulsa una consulta popular que propone prohibir la re-reelección, aún si son mandatos discontinuos. Esto inhabilitaría a Morales.
La crisis política que quedó al desnudo cuando una facción del Ejército instaló una tanqueta frente a la sede del Gobierno y amenazó con dar un golpe sumó esta semana un nuevo capítulo en Bolivia con el referéndum convocado por el presidente Luis Arce. La consulta popular podría abrirle paso a una reelección y, por eso, la propuesta es resistida por Evo Morales, quien busca volver a ser presidente en las elecciones del próximo año y denuncia que su ex ministro de Economía lo quiere proscribir. La interna entre los dos ex aliados escala cada vez y amenaza con arrastrar consigo a toda la política del país vecino, a menos de cuatro años de haber recuperado la democracia.
En este nuevo capítulo, Arce envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las preguntas del referéndum, cuyo primer punto será consultar a los ciudadanos si están de acuerdo con modificar la Constitución para establecer que los presidentes y vicepresidentes solo pueden ser reelegidos una vez, aunque se trate de mandatos discontinuos. Actualmente, el artículo 168 de la carta magna, sancionada durante la primera presidencia de Morales, establece el periodo de mandato de Presidente y Vice “es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Esto deja abierta la posibilidad de la reelección en mandatos discontinuos.
El presidente insistió en sus redes sociales en que no busca "cálculos electorales" o "ambiciones personales", sino "el futuro del país, el bienestar de las próximas generaciones y de las familias bolivianas". Pero Evo salió a cruzarlo por la misma vía y lo acusó de que “no sabe y no puede gobernar el país”, de presentar “preguntas engañosas” y de estar siguiendo los pasos de quien fuera vicepresidente y sucesor de Rafael Correa en Ecuador, Lenin Moreno, “en su traición al movimiento indígena y popular”. Y agregó: “El único objetivo de proscribirnos e intentar distraer de la grave crisis económica”. Además, le pidió “ser más valiente” y le sugirió preguntas para el referéndum: “¿Está usted de acuerdo con la proscripción de Evo Morales como candidato?, ¿Está usted de acuerdo con la gestión de Luis Arce?”
Morales gobernó durante tres mandatos continuos entre 2006 y 2019, pero el primer período, al ser bajo otro orden constitucional, no fue contabilizado. En 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó a Morales para competir por un cuarto mandato (o tercer mandato bajo la Constitución de 2009). Sin embargo, una sala de ese mismo tribunal, pero con otros integrantes, cambió de parecer en diciembre pasado y descartó la posibilidad de la reelección indefinida, así como la continua o discontinua por más de dos períodos.
“La naturaleza del referéndum se establece la primera pregunta y que es si se inhabilita o no inhabilita a Evo Morales”, dijo la politóloga y ex presidenta del Senado de Bolivia (2019) Adriana Salvatierra a El Destape. Según la militante del MAS, “hay muchas dudas en torno al valor legal que tiene ese pronunciamiento del TCP” y no tiene “la fuerza legal suficiente porque no es una interpretación todo el pleno del Tribunal, sino de una sala compuesta por dos magistrados”. Además, denunció que la sentencia de diciembre fue una “devolución de favores políticos entre el Tribunal y el Gobierno”. De todos modos, reconoció que “sí generaron un impacto en la opinión pública”.
“La convocatoria a un referéndum implica una modificación constitucional que debería ser sometida a votación de la Asamblea, pero como el Gobierno quiere evadir la Asamblea Legislativa porque no cuenta con los votos suficientes, lo que hace es plantear esto como un acto consultivo, no vinculante”, dijo la ex senadora.
Fuentes del entorno de Morales dijeron a El Destape que tanto el primer punto como el último suponen modificaciones constitucionales, pero que para esto, solo hay dos maneras de hacerlo; una, consiguiendo firmas del 20% del padrón electoral; y otra es a través del voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa. “Ninguno de esos caminos está siendo planteado por el oficialismo. El Gobierno quiere llamar a referéndum a través de un decreto y con la probable aprobación de ese referéndum quiere modificar la Constitución”, señalaron.
Desde el equipo jurídico del ala “evista” del MAS aseguraron que rechazarán las preguntas en la Justicia. “Vamos a impugnar en la medida pertinente la realización de estas preguntas y de este ilegal e inconstitucional referendo, que está convocando de manera engañosa con estas preguntas”, adelantó el abogado Wilfredo Chávez, durante una conferencia de prensa realizada el miércoles. Tanto Morales como Salvatierra señalaron que Arce busca evitar pasar por el Legislativo y prefiere dirimirlo en la Justicia, un poder al que acusan de ser afín al oficialismo y de tener mandatos “auto prorrogados”, ya que estos vencieron y deberán pasar por elecciones el 1 de diciembre próximo.
“Esta es una decisión de carácter administrativo que debería ser asumida por el presidente, pero como no cuenta con la legitimidad suficiente para tomarla, prefiere delegarle esa responsabilidad a la gente. Carga sobre la subvención, defectos que son propios de la gestión y no de la subvención en sí misma”, cuestionó Salvatierra.
Finalmente, la cuarta pregunta plantea modificar la Constitución para aumentar los escaños de la Cámara de Diputados -actualmente compuesto por 130 bancas- y reconfigurar el reparto en función del censo poblacional de 2024. La Constitución establece un límite de 130 escaños a ser redistribuidos después de realizarse cada censo.
A las críticas sobre el presente, se suma también la pelea por la sucesión. La semana pasada Morales ya había sufrido un duro golpe luego que el Congreso aprobara un proyecto que elimina la celebración de elecciones primarias de este año. El texto argumentaba que dado que la normativa boliviana impide la superposición de procesos electorales, se daría lugar a las elecciones judiciales (el Poder Judicial es electo por voto popular en las urnas) de diciembre, en lugar de las primarias que debían celebrarse este año y que daban inicio al calendario electoral de cara a los comicios presidenciales de 2025. El proyecto, enviado por el oficialismo al Legislativo, logró tener luz verde gracias a la alianza circunstancial entre el ala de Arce y la oposición de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y el ex presidente Carlos Mesa.
Otra pelea que aún no ha sido saldada es respecto al sello partidario, ya que el MAS sigue siendo disputado por las dos facciones. “Los partidos deben cumplir tres requisitos: hacer una actualización del registro de militantes -el MAS es el mayor partido, tiene 1 millón de militantes inscritos-; tiene que actualizar sus estatutos conforme a la Ley de Organizaciones Políticas; y tiene que renovar sus directivos a nivel nacional y a nivel departamental”, explicó Salvatierra. Este último punto es uno de los más críticos, ya que “evismo” y “arcismo” vienen impulsando congresos para definir sus autoridades en paralelo. Antes de abril de 2025, cuando empiece a correr el calendario electoral, deberán saldar estas disputas.
En este nuevo capítulo, Arce envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las preguntas del referéndum, cuyo primer punto será consultar a los ciudadanos si están de acuerdo con modificar la Constitución para establecer que los presidentes y vicepresidentes solo pueden ser reelegidos una vez, aunque se trate de mandatos discontinuos. Actualmente, el artículo 168 de la carta magna, sancionada durante la primera presidencia de Morales, establece el periodo de mandato de Presidente y Vice “es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Esto deja abierta la posibilidad de la reelección en mandatos discontinuos.
El presidente insistió en sus redes sociales en que no busca "cálculos electorales" o "ambiciones personales", sino "el futuro del país, el bienestar de las próximas generaciones y de las familias bolivianas". Pero Evo salió a cruzarlo por la misma vía y lo acusó de que “no sabe y no puede gobernar el país”, de presentar “preguntas engañosas” y de estar siguiendo los pasos de quien fuera vicepresidente y sucesor de Rafael Correa en Ecuador, Lenin Moreno, “en su traición al movimiento indígena y popular”. Y agregó: “El único objetivo de proscribirnos e intentar distraer de la grave crisis económica”. Además, le pidió “ser más valiente” y le sugirió preguntas para el referéndum: “¿Está usted de acuerdo con la proscripción de Evo Morales como candidato?, ¿Está usted de acuerdo con la gestión de Luis Arce?”
Morales gobernó durante tres mandatos continuos entre 2006 y 2019, pero el primer período, al ser bajo otro orden constitucional, no fue contabilizado. En 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó a Morales para competir por un cuarto mandato (o tercer mandato bajo la Constitución de 2009). Sin embargo, una sala de ese mismo tribunal, pero con otros integrantes, cambió de parecer en diciembre pasado y descartó la posibilidad de la reelección indefinida, así como la continua o discontinua por más de dos períodos.
“La naturaleza del referéndum se establece la primera pregunta y que es si se inhabilita o no inhabilita a Evo Morales”, dijo la politóloga y ex presidenta del Senado de Bolivia (2019) Adriana Salvatierra a El Destape. Según la militante del MAS, “hay muchas dudas en torno al valor legal que tiene ese pronunciamiento del TCP” y no tiene “la fuerza legal suficiente porque no es una interpretación todo el pleno del Tribunal, sino de una sala compuesta por dos magistrados”. Además, denunció que la sentencia de diciembre fue una “devolución de favores políticos entre el Tribunal y el Gobierno”. De todos modos, reconoció que “sí generaron un impacto en la opinión pública”.
“La convocatoria a un referéndum implica una modificación constitucional que debería ser sometida a votación de la Asamblea, pero como el Gobierno quiere evadir la Asamblea Legislativa porque no cuenta con los votos suficientes, lo que hace es plantear esto como un acto consultivo, no vinculante”, dijo la ex senadora.
Fuentes del entorno de Morales dijeron a El Destape que tanto el primer punto como el último suponen modificaciones constitucionales, pero que para esto, solo hay dos maneras de hacerlo; una, consiguiendo firmas del 20% del padrón electoral; y otra es a través del voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa. “Ninguno de esos caminos está siendo planteado por el oficialismo. El Gobierno quiere llamar a referéndum a través de un decreto y con la probable aprobación de ese referéndum quiere modificar la Constitución”, señalaron.
Desde el equipo jurídico del ala “evista” del MAS aseguraron que rechazarán las preguntas en la Justicia. “Vamos a impugnar en la medida pertinente la realización de estas preguntas y de este ilegal e inconstitucional referendo, que está convocando de manera engañosa con estas preguntas”, adelantó el abogado Wilfredo Chávez, durante una conferencia de prensa realizada el miércoles. Tanto Morales como Salvatierra señalaron que Arce busca evitar pasar por el Legislativo y prefiere dirimirlo en la Justicia, un poder al que acusan de ser afín al oficialismo y de tener mandatos “auto prorrogados”, ya que estos vencieron y deberán pasar por elecciones el 1 de diciembre próximo.
Escaños e hidrocarburos, los otros puntos del plebiscito
La consulta no vinculante también tendrá una pregunta sobre la continuidad del subsidio a los hidrocarburos. El Gobierno pone así en consideración de la población el mantenimiento de las subvenciones a los combustibles, con dos preguntas en las que se alude de manera explícita al "gran costo económico" que representan esas erogaciones y a los supuestos efectos no deseados como son el "contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles".“Esta es una decisión de carácter administrativo que debería ser asumida por el presidente, pero como no cuenta con la legitimidad suficiente para tomarla, prefiere delegarle esa responsabilidad a la gente. Carga sobre la subvención, defectos que son propios de la gestión y no de la subvención en sí misma”, cuestionó Salvatierra.
Finalmente, la cuarta pregunta plantea modificar la Constitución para aumentar los escaños de la Cámara de Diputados -actualmente compuesto por 130 bancas- y reconfigurar el reparto en función del censo poblacional de 2024. La Constitución establece un límite de 130 escaños a ser redistribuidos después de realizarse cada censo.
Sin elecciones primarias
Lejos de querer saldar la interna del Movimiento al Socialismo (MAS), Arce y Evo están radicalizando más sus posiciones y dejan cada vez más expuesta la herida que abrió intentona golpista de junio. Sin bien las rivalidades ya estaban presente desde hace meses, con críticas de parte del ex presidente en torno actual rumbo del Gobierno, con los militares en las calles, la proliferación de acusaciones de parte del “evismo” llegaron incluso a sostener que el “arcismo” buscó dar un “autogolpe”.A las críticas sobre el presente, se suma también la pelea por la sucesión. La semana pasada Morales ya había sufrido un duro golpe luego que el Congreso aprobara un proyecto que elimina la celebración de elecciones primarias de este año. El texto argumentaba que dado que la normativa boliviana impide la superposición de procesos electorales, se daría lugar a las elecciones judiciales (el Poder Judicial es electo por voto popular en las urnas) de diciembre, en lugar de las primarias que debían celebrarse este año y que daban inicio al calendario electoral de cara a los comicios presidenciales de 2025. El proyecto, enviado por el oficialismo al Legislativo, logró tener luz verde gracias a la alianza circunstancial entre el ala de Arce y la oposición de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y el ex presidente Carlos Mesa.
Otra pelea que aún no ha sido saldada es respecto al sello partidario, ya que el MAS sigue siendo disputado por las dos facciones. “Los partidos deben cumplir tres requisitos: hacer una actualización del registro de militantes -el MAS es el mayor partido, tiene 1 millón de militantes inscritos-; tiene que actualizar sus estatutos conforme a la Ley de Organizaciones Políticas; y tiene que renovar sus directivos a nivel nacional y a nivel departamental”, explicó Salvatierra. Este último punto es uno de los más críticos, ya que “evismo” y “arcismo” vienen impulsando congresos para definir sus autoridades en paralelo. Antes de abril de 2025, cuando empiece a correr el calendario electoral, deberán saldar estas disputas.
Con información de
El Destape
