Milei y el mito de la restauración institucional
Por:
Carlos Pagni
Jueves 22 de
Agosto 2024
El control del espionaje y la promoción para la Corte de un funcionario que encarna los peores vicios de los tribunales federales prestan un servicio catastrófico al Presidente
Javier Milei sufrió una derrota estratégica: la Cámara de Diputados rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dispuso un incremento de $100.000 millones en el presupuesto de la SIDE. Es un doble fracaso. Su dimensión principal es procesal. Se volvió a demostrar que el Gobierno está expuesto a la composición de mayorías circunstanciales que pueden alterar, en un sentido u otro, la administración de las cuentas públicas. El otro aspecto importante del revés es que impacta sobre el corazón de la política oficial.
La mayor parte de aquellos fondos iba a destinarse a la constitución de la Agencia Federal de Ciberseguridad, que es la única innovación verdadera de la reforma del espionaje que llegó con la nueva SIDE. La justificación de esa dependencia es razonable: hay que defender los grandes archivos del Estado de eventuales ataques virtuales. Sin embargo, su encanto operativo es más ofensivo: montar un dispositivo de intervención en el campo digital para influir sobre la opinión pública y manipular la conducta del electorado. Una Cambridge Analytica criolla. Y, si cabe el oxímoron, libertaria. Son las dos caras de la misma capacidad. Del otro lado de todo vigilante cibernético hay un hacker. La víctima principal de la frustración de ayer es Santiago Caputo, responsable último del control del espionaje en el oficialismo. Es también en parte, y por muchas razones, el responsable de lo que sucedió.
La política suele presentar oscuras armonías. Mientras en Diputados se discutía el financiamiento al espionaje, en el Senado Ariel Lijo contestaba preguntas para ganarse el acuerdo de esa Cámara que lo convierta en juez de la Corte. Espionaje y Poder Judicial sigue juntos, también en el ritual institucional.
Hubo legisladores, como Carolina Losada o Francisco Paoltroni, que se expresaron con severidad ante un candidato tan impugnado como Lijo. Aun así, como era de esperar, no apareció en el intercambio con los miembros de la Comisión de Acuerdos ninguna información decisiva para el voto. Sobre todo, para el voto negativo. Esto se debe a que, entre otros motivos, el candidato a juez de la Corte les mintió ante los senadores sin que estos pudieran advertirlo. Y lo hizo en cuestiones delicadas. Por ejemplo, al decir que, cuando el Consejo de la Magistratura lo investigó por los indicios escandalosos de su presunto enriquecimiento ilícito, el consejero Pablo Tonelli aconsejó desestimar “todas las investigaciones patrimoniales” en su contra. Es falso. El dictamen de Tonelli sólo dijo que no se puedo probar que el haras “La Generación” etuviera incluido en la declaración jurada del magistrado, porque no estaba a su nombre. El pronunciamiento del Consejo fue clarísimo: dejó abierta la posibilidad de indagar a Lijo por su llamativo tren de vida. Es evidente que ningún senador había estudiado estos antecedentes. O que, si lo habían hecho, le dejó pasar el embuste. Lo más probable es lo primero. Por supuesto, a ningún integrante de la comisión se le pasó por la cabeza recordar al juez que su excuñada, Carla Lago, había declarado ante el Consejo que él era copropietario de ese haras opulento; y que él la desmintió. ¿Por qué no la demandó por difamación o falso testimonio? Una curiosidad que quedará en un limbo.
El rechazo del DNU de financiamiento de los servicios de Inteligencia fue una decisión inédita. Nunca antes la Cámara de Diputados le había dado de baja a un Presidente un decreto de ese tipo. En este caso, una medida decisiva por su importancia política. Los 100.000 millones de pesos asignados a ese organismo tendrían distintos destinos. Solventarían actividades de la SIDE pero también a las oficinas de Inteligencia del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, y del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri. Sin embargo, la parte más caudalosa de esa partida iría para la creación de la agencia de ciberespionaje. La asignación se justifica por completo. La Argentina está desguarnecida en ese campo. Y los servicios son costosos: para calibrarlo alcanza con saber que un banco internacional destina a su operación comercial en la Argentina un monto de 70 millones de dólares por año para protegerse de la piratería informática.
Pero el proyecto de la SIDE en esa materia es, aunque no se lo confiese, defensivo y ofensivo. De la agencia de ciberespionaje, a cargo de Ariel Waissbein, se espera que constituya un dispositivo eficaz para intervenir en el debate público a través de las redes. Ese objetivo requiere de información de los usuarios. Y esa información está disponible en el Data Center de Arsat. Ambas dependencias están bajo el mando de Santiago Caputo. El principal delegado político del Presidente interviene en la SIDE a través de su jefe, Sergio Neiffert, y supervisa Arsat, entre otros colaboradores, a través de la inquieta Noelia Ruiz, una exmacrista ligada a Diego Santilli y Federico Salvai, que se presenta ahora como “la killer de Santi”.
En el organigrama administrativo, Arsat reporta a Darío Genua, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que antes fue secretario de Hacienda de Federico Achával, el intendente kirchnerista de Pilar. Bajo su dirección se mueve Mariano Greco, el presidente de Arsat, que dirigió su Data Center durante la gestión de Alberto Fernández. No es el único caso de continuidad en el área de tecnología y telecomunicaciones. Allí Milei, a través de Caputo, incorporó al equipo completo de Fernández, que regenteaba Micaela Sánchez Malcolm. Una continuidad que encarnan la hípermassista Agustina Grabsa, colaboradora preferida de Genua; los amigables consultores Edmundo Poggio y Guillermo Schor-Landman; y la última ratificación, César Gazzo, designado subsecretario según publicó ayer el Boletín Oficial. Estrellas que se reciclan bajo la modalidad del massismo austríaco.
Esa base de datos es una joya para quienes, como el joven Caputo, colocan al marketing en el corazón de la política. Allí se acumulan datos procedentes de la AFIP, de la Anses, la Aduana. Una cantera invalorable para intervenir en la esfera digital, que es donde La Libertad Avanza libra su principal batalla por el poder. El propósito de poner esa masa informativa al servicio de esa campaña electoral permanente que lleva adelante la Casa Rosada requiere de un aparato tecnológico que es el que la SIDE espera adquirir con los fondos que le provee el DNU rechazado por los diputados.
La disputa por controlar esa comisión revela con mucha claridad la creciente contaminación que se ha verificado en los últimos años entre política y servicios de inteligencia. A tal punto que figuras destacadas como el presidente de la UCR, Lousteau, o el exministro del Interior De Pedro, o el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, se desviven por ocupar una silla en ese gabinete. En el caso de Lousteau, libró una disputa despiadada hasta conseguir el desplazamiento de su correligionaria mendocina Mariana Juri.
También Macri observa con mucho interés esa palanca de poder, como quedó demostrado en un detalle: el siempre transigente Cristian “Pucho” Ritondo cedió su butaca a la inflexible Silvia Lospennato. El expresidente apunta a más de un blanco desde esa plataforma de control. Uno es Santiago Caputo, a quien señaló como un elemento tóxico del entorno de Milei. El otro, Patricia Bullrich, su rival en la interna del Pro. Porque no hay que olvidar que la Bicameral vigila a todos los organismos de Inteligencia: también a los de Seguridad y Defensa. Bullrich no lo olvida. Por eso entre los miembros de la comisión está su amigo el misionero Enrique Goerling. Otro detalle que no hay que dejar pasar. La comisión tendrá un director operativo. Es el abogado Osvaldo Miranda, un colaborador de Victoria Villarruel. En síntesis: el equipo de seguimiento del espionaje funcionará como un paralelogramo en el que se equilibrarán con dificultad extorsiones y pases de facturas.
La presencia de Lousteau al frente de ese grupo exhibe un significado ambivalente. Ayer, dialogando con Marcelo Longobardi, el senador prometió que aspira a ejercer un control democrático sobre el espionaje estatal. Como presidente de la UCR se ufanó de que ese partido ha sido una mosca blanca, porque siempre se negó a utilizar a los servicios de Inteligencia como un arma de facción. Lousteau olvidó algunos antecedentes. Por ejemplo, el poder creciente que fueron adquiriendo Stiuso y sus métodos durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando en la Secretaría de Inteligencia reinaba Darío Richarte. Es decir, reinaba el abogado que, años después, renunció a mantener la defensa de numerosos funcionarios kirchneristas, acusados en causas de corrupción, el día en que Cristina Kirchner expulsó a “Jaime”. Es curioso que Lousteau haya perdido la memoria en ese punto. Porque Richarte fue, en el control del espionaje, un socio histórico de Daniel Angelici. Y Angelici, que tuvo una influencia destacada en la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a través Sebastián De Stéfano, es un aliado estrechísimo del propio Lousteau en el radicalismo porteño. Para entender del todo este mapa hay que sumar a otro dirigente gravitante: Emiliano Yacobitti, fraternal amigo del dúo Stiuso-Nejamkis, que se hace presente en la Bicameral a través de Lousteau, pero también de la diputada Mariela Coletta. Estos detalles plantean una incógnita: el enfrentamiento de Lousteau y Yacobitti con el Gobierno en el campo del espionaje podría estar revelando que la alianza del joven Caputo con “los malos” no terminó de consolidarse. O, es otra posibilidad, alguien se está burlando de Caputo: le vampiriza algunas gotas de poder en el Ejecutivo y lo hostiga desde el Congreso. “Los malos” suelen ser también malos con el que los convoca.
La disputa por controlar esa comisión revela con mucha claridad la creciente contaminación que se ha verificado en los últimos años entre política y servicios de inteligencia. A tal punto que figuras destacadas como el presidente de la UCR, Lousteau, o el exministro del Interior De Pedro, o el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, se desviven por ocupar una silla en ese gabinete. En el caso de Lousteau, libró una disputa despiadada hasta conseguir el desplazamiento de su correligionaria mendocina Mariana Juri.
También Macri observa con mucho interés esa palanca de poder, como quedó demostrado en un detalle: el siempre transigente Cristian “Pucho” Ritondo cedió su butaca a la inflexible Silvia Lospennato. El expresidente apunta a más de un blanco desde esa plataforma de control. Uno es Santiago Caputo, a quien señaló como un elemento tóxico del entorno de Milei. El otro, Patricia Bullrich, su rival en la interna del Pro. Porque no hay que olvidar que la Bicameral vigila a todos los organismos de Inteligencia: también a los de Seguridad y Defensa. Bullrich no lo olvida. Por eso entre los miembros de la comisión está su amigo el misionero Enrique Goerling. Otro detalle que no hay que dejar pasar. La comisión tendrá un director operativo. Es el abogado Osvaldo Miranda, un colaborador de Victoria Villarruel. En síntesis: el equipo de seguimiento del espionaje funcionará como un paralelogramo en el que se equilibrarán con dificultad extorsiones y pases de facturas.
La presencia de Lousteau al frente de ese grupo exhibe un significado ambivalente. Ayer, dialogando con Marcelo Longobardi, el senador prometió que aspira a ejercer un control democrático sobre el espionaje estatal. Como presidente de la UCR se ufanó de que ese partido ha sido una mosca blanca, porque siempre se negó a utilizar a los servicios de Inteligencia como un arma de facción. Lousteau olvidó algunos antecedentes. Por ejemplo, el poder creciente que fueron adquiriendo Stiuso y sus métodos durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando en la Secretaría de Inteligencia reinaba Darío Richarte. Es decir, reinaba el abogado que, años después, renunció a mantener la defensa de numerosos funcionarios kirchneristas, acusados en causas de corrupción, el día en que Cristina Kirchner expulsó a “Jaime”. Es curioso que Lousteau haya perdido la memoria en ese punto. Porque Richarte fue, en el control del espionaje, un socio histórico de Daniel Angelici. Y Angelici, que tuvo una influencia destacada en la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a través Sebastián De Stéfano, es un aliado estrechísimo del propio Lousteau en el radicalismo porteño. Para entender del todo este mapa hay que sumar a otro dirigente gravitante: Emiliano Yacobitti, fraternal amigo del dúo Stiuso-Nejamkis, que se hace presente en la Bicameral a través de Lousteau, pero también de la diputada Mariela Coletta. Estos detalles plantean una incógnita: el enfrentamiento de Lousteau y Yacobitti con el Gobierno en el campo del espionaje podría estar revelando que la alianza del joven Caputo con “los malos” no terminó de consolidarse. O, es otra posibilidad, alguien se está burlando de Caputo: le vampiriza algunas gotas de poder en el Ejecutivo y lo hostiga desde el Congreso. “Los malos” suelen ser también malos con el que los convoca.
Javier Milei intentó varias veces justificar la postulación de Lijo en la necesidad de contar con un ministro de la Corte que defienda su modelo. Tendrá que pensar en otro. Porque el ahijado de Lorenzetti ha negociado numerosos votos de senadores a cambio de fallar como magistrado a favor de los reclamos fiscales de las provincias contra la Nación. Es decir, en perjuicio del equilibrio del Tesoro.
La candidatura de Lijo ha cumplido hasta ahora una misión muy poco conveniente para el oficialismo. Corroe un mensaje principal de su campaña: la pretensión de emancipar a la esfera pública del avasallamiento de una casta corrupta. No hay casta corrupta sin una Justicia que le suministre impunidad. En el centro de este problema está, como en el manejo de los servicios de Inteligencia, Santiago Caputo. No lo denunció la oposición. Lo denunció Francisco Paoltroni, un senador de La Libertad Avanza. El control del espionaje y la promoción para la Corte de un funcionario que encarna los peores vicios de los tribunales federales prestan un servicio catastrófico a Milei. Porque derrumban el mito de la restauración institucional que él había prometido liderar.
La mayor parte de aquellos fondos iba a destinarse a la constitución de la Agencia Federal de Ciberseguridad, que es la única innovación verdadera de la reforma del espionaje que llegó con la nueva SIDE. La justificación de esa dependencia es razonable: hay que defender los grandes archivos del Estado de eventuales ataques virtuales. Sin embargo, su encanto operativo es más ofensivo: montar un dispositivo de intervención en el campo digital para influir sobre la opinión pública y manipular la conducta del electorado. Una Cambridge Analytica criolla. Y, si cabe el oxímoron, libertaria. Son las dos caras de la misma capacidad. Del otro lado de todo vigilante cibernético hay un hacker. La víctima principal de la frustración de ayer es Santiago Caputo, responsable último del control del espionaje en el oficialismo. Es también en parte, y por muchas razones, el responsable de lo que sucedió.
La política suele presentar oscuras armonías. Mientras en Diputados se discutía el financiamiento al espionaje, en el Senado Ariel Lijo contestaba preguntas para ganarse el acuerdo de esa Cámara que lo convierta en juez de la Corte. Espionaje y Poder Judicial sigue juntos, también en el ritual institucional.
Hubo legisladores, como Carolina Losada o Francisco Paoltroni, que se expresaron con severidad ante un candidato tan impugnado como Lijo. Aun así, como era de esperar, no apareció en el intercambio con los miembros de la Comisión de Acuerdos ninguna información decisiva para el voto. Sobre todo, para el voto negativo. Esto se debe a que, entre otros motivos, el candidato a juez de la Corte les mintió ante los senadores sin que estos pudieran advertirlo. Y lo hizo en cuestiones delicadas. Por ejemplo, al decir que, cuando el Consejo de la Magistratura lo investigó por los indicios escandalosos de su presunto enriquecimiento ilícito, el consejero Pablo Tonelli aconsejó desestimar “todas las investigaciones patrimoniales” en su contra. Es falso. El dictamen de Tonelli sólo dijo que no se puedo probar que el haras “La Generación” etuviera incluido en la declaración jurada del magistrado, porque no estaba a su nombre. El pronunciamiento del Consejo fue clarísimo: dejó abierta la posibilidad de indagar a Lijo por su llamativo tren de vida. Es evidente que ningún senador había estudiado estos antecedentes. O que, si lo habían hecho, le dejó pasar el embuste. Lo más probable es lo primero. Por supuesto, a ningún integrante de la comisión se le pasó por la cabeza recordar al juez que su excuñada, Carla Lago, había declarado ante el Consejo que él era copropietario de ese haras opulento; y que él la desmintió. ¿Por qué no la demandó por difamación o falso testimonio? Una curiosidad que quedará en un limbo.
El rechazo del DNU de financiamiento de los servicios de Inteligencia fue una decisión inédita. Nunca antes la Cámara de Diputados le había dado de baja a un Presidente un decreto de ese tipo. En este caso, una medida decisiva por su importancia política. Los 100.000 millones de pesos asignados a ese organismo tendrían distintos destinos. Solventarían actividades de la SIDE pero también a las oficinas de Inteligencia del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, y del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri. Sin embargo, la parte más caudalosa de esa partida iría para la creación de la agencia de ciberespionaje. La asignación se justifica por completo. La Argentina está desguarnecida en ese campo. Y los servicios son costosos: para calibrarlo alcanza con saber que un banco internacional destina a su operación comercial en la Argentina un monto de 70 millones de dólares por año para protegerse de la piratería informática.
Pero el proyecto de la SIDE en esa materia es, aunque no se lo confiese, defensivo y ofensivo. De la agencia de ciberespionaje, a cargo de Ariel Waissbein, se espera que constituya un dispositivo eficaz para intervenir en el debate público a través de las redes. Ese objetivo requiere de información de los usuarios. Y esa información está disponible en el Data Center de Arsat. Ambas dependencias están bajo el mando de Santiago Caputo. El principal delegado político del Presidente interviene en la SIDE a través de su jefe, Sergio Neiffert, y supervisa Arsat, entre otros colaboradores, a través de la inquieta Noelia Ruiz, una exmacrista ligada a Diego Santilli y Federico Salvai, que se presenta ahora como “la killer de Santi”.
En el organigrama administrativo, Arsat reporta a Darío Genua, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que antes fue secretario de Hacienda de Federico Achával, el intendente kirchnerista de Pilar. Bajo su dirección se mueve Mariano Greco, el presidente de Arsat, que dirigió su Data Center durante la gestión de Alberto Fernández. No es el único caso de continuidad en el área de tecnología y telecomunicaciones. Allí Milei, a través de Caputo, incorporó al equipo completo de Fernández, que regenteaba Micaela Sánchez Malcolm. Una continuidad que encarnan la hípermassista Agustina Grabsa, colaboradora preferida de Genua; los amigables consultores Edmundo Poggio y Guillermo Schor-Landman; y la última ratificación, César Gazzo, designado subsecretario según publicó ayer el Boletín Oficial. Estrellas que se reciclan bajo la modalidad del massismo austríaco.
Esa base de datos es una joya para quienes, como el joven Caputo, colocan al marketing en el corazón de la política. Allí se acumulan datos procedentes de la AFIP, de la Anses, la Aduana. Una cantera invalorable para intervenir en la esfera digital, que es donde La Libertad Avanza libra su principal batalla por el poder. El propósito de poner esa masa informativa al servicio de esa campaña electoral permanente que lleva adelante la Casa Rosada requiere de un aparato tecnológico que es el que la SIDE espera adquirir con los fondos que le provee el DNU rechazado por los diputados.
La disputa por controlar esa comisión revela con mucha claridad la creciente contaminación que se ha verificado en los últimos años entre política y servicios de inteligencia. A tal punto que figuras destacadas como el presidente de la UCR, Lousteau, o el exministro del Interior De Pedro, o el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, se desviven por ocupar una silla en ese gabinete. En el caso de Lousteau, libró una disputa despiadada hasta conseguir el desplazamiento de su correligionaria mendocina Mariana Juri.
También Macri observa con mucho interés esa palanca de poder, como quedó demostrado en un detalle: el siempre transigente Cristian “Pucho” Ritondo cedió su butaca a la inflexible Silvia Lospennato. El expresidente apunta a más de un blanco desde esa plataforma de control. Uno es Santiago Caputo, a quien señaló como un elemento tóxico del entorno de Milei. El otro, Patricia Bullrich, su rival en la interna del Pro. Porque no hay que olvidar que la Bicameral vigila a todos los organismos de Inteligencia: también a los de Seguridad y Defensa. Bullrich no lo olvida. Por eso entre los miembros de la comisión está su amigo el misionero Enrique Goerling. Otro detalle que no hay que dejar pasar. La comisión tendrá un director operativo. Es el abogado Osvaldo Miranda, un colaborador de Victoria Villarruel. En síntesis: el equipo de seguimiento del espionaje funcionará como un paralelogramo en el que se equilibrarán con dificultad extorsiones y pases de facturas.
La presencia de Lousteau al frente de ese grupo exhibe un significado ambivalente. Ayer, dialogando con Marcelo Longobardi, el senador prometió que aspira a ejercer un control democrático sobre el espionaje estatal. Como presidente de la UCR se ufanó de que ese partido ha sido una mosca blanca, porque siempre se negó a utilizar a los servicios de Inteligencia como un arma de facción. Lousteau olvidó algunos antecedentes. Por ejemplo, el poder creciente que fueron adquiriendo Stiuso y sus métodos durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando en la Secretaría de Inteligencia reinaba Darío Richarte. Es decir, reinaba el abogado que, años después, renunció a mantener la defensa de numerosos funcionarios kirchneristas, acusados en causas de corrupción, el día en que Cristina Kirchner expulsó a “Jaime”. Es curioso que Lousteau haya perdido la memoria en ese punto. Porque Richarte fue, en el control del espionaje, un socio histórico de Daniel Angelici. Y Angelici, que tuvo una influencia destacada en la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a través Sebastián De Stéfano, es un aliado estrechísimo del propio Lousteau en el radicalismo porteño. Para entender del todo este mapa hay que sumar a otro dirigente gravitante: Emiliano Yacobitti, fraternal amigo del dúo Stiuso-Nejamkis, que se hace presente en la Bicameral a través de Lousteau, pero también de la diputada Mariela Coletta. Estos detalles plantean una incógnita: el enfrentamiento de Lousteau y Yacobitti con el Gobierno en el campo del espionaje podría estar revelando que la alianza del joven Caputo con “los malos” no terminó de consolidarse. O, es otra posibilidad, alguien se está burlando de Caputo: le vampiriza algunas gotas de poder en el Ejecutivo y lo hostiga desde el Congreso. “Los malos” suelen ser también malos con el que los convoca.
La disputa por controlar esa comisión revela con mucha claridad la creciente contaminación que se ha verificado en los últimos años entre política y servicios de inteligencia. A tal punto que figuras destacadas como el presidente de la UCR, Lousteau, o el exministro del Interior De Pedro, o el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, se desviven por ocupar una silla en ese gabinete. En el caso de Lousteau, libró una disputa despiadada hasta conseguir el desplazamiento de su correligionaria mendocina Mariana Juri.
También Macri observa con mucho interés esa palanca de poder, como quedó demostrado en un detalle: el siempre transigente Cristian “Pucho” Ritondo cedió su butaca a la inflexible Silvia Lospennato. El expresidente apunta a más de un blanco desde esa plataforma de control. Uno es Santiago Caputo, a quien señaló como un elemento tóxico del entorno de Milei. El otro, Patricia Bullrich, su rival en la interna del Pro. Porque no hay que olvidar que la Bicameral vigila a todos los organismos de Inteligencia: también a los de Seguridad y Defensa. Bullrich no lo olvida. Por eso entre los miembros de la comisión está su amigo el misionero Enrique Goerling. Otro detalle que no hay que dejar pasar. La comisión tendrá un director operativo. Es el abogado Osvaldo Miranda, un colaborador de Victoria Villarruel. En síntesis: el equipo de seguimiento del espionaje funcionará como un paralelogramo en el que se equilibrarán con dificultad extorsiones y pases de facturas.
La presencia de Lousteau al frente de ese grupo exhibe un significado ambivalente. Ayer, dialogando con Marcelo Longobardi, el senador prometió que aspira a ejercer un control democrático sobre el espionaje estatal. Como presidente de la UCR se ufanó de que ese partido ha sido una mosca blanca, porque siempre se negó a utilizar a los servicios de Inteligencia como un arma de facción. Lousteau olvidó algunos antecedentes. Por ejemplo, el poder creciente que fueron adquiriendo Stiuso y sus métodos durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando en la Secretaría de Inteligencia reinaba Darío Richarte. Es decir, reinaba el abogado que, años después, renunció a mantener la defensa de numerosos funcionarios kirchneristas, acusados en causas de corrupción, el día en que Cristina Kirchner expulsó a “Jaime”. Es curioso que Lousteau haya perdido la memoria en ese punto. Porque Richarte fue, en el control del espionaje, un socio histórico de Daniel Angelici. Y Angelici, que tuvo una influencia destacada en la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a través Sebastián De Stéfano, es un aliado estrechísimo del propio Lousteau en el radicalismo porteño. Para entender del todo este mapa hay que sumar a otro dirigente gravitante: Emiliano Yacobitti, fraternal amigo del dúo Stiuso-Nejamkis, que se hace presente en la Bicameral a través de Lousteau, pero también de la diputada Mariela Coletta. Estos detalles plantean una incógnita: el enfrentamiento de Lousteau y Yacobitti con el Gobierno en el campo del espionaje podría estar revelando que la alianza del joven Caputo con “los malos” no terminó de consolidarse. O, es otra posibilidad, alguien se está burlando de Caputo: le vampiriza algunas gotas de poder en el Ejecutivo y lo hostiga desde el Congreso. “Los malos” suelen ser también malos con el que los convoca.
Javier Milei intentó varias veces justificar la postulación de Lijo en la necesidad de contar con un ministro de la Corte que defienda su modelo. Tendrá que pensar en otro. Porque el ahijado de Lorenzetti ha negociado numerosos votos de senadores a cambio de fallar como magistrado a favor de los reclamos fiscales de las provincias contra la Nación. Es decir, en perjuicio del equilibrio del Tesoro.
La candidatura de Lijo ha cumplido hasta ahora una misión muy poco conveniente para el oficialismo. Corroe un mensaje principal de su campaña: la pretensión de emancipar a la esfera pública del avasallamiento de una casta corrupta. No hay casta corrupta sin una Justicia que le suministre impunidad. En el centro de este problema está, como en el manejo de los servicios de Inteligencia, Santiago Caputo. No lo denunció la oposición. Lo denunció Francisco Paoltroni, un senador de La Libertad Avanza. El control del espionaje y la promoción para la Corte de un funcionario que encarna los peores vicios de los tribunales federales prestan un servicio catastrófico a Milei. Porque derrumban el mito de la restauración institucional que él había prometido liderar.
Con información de
La Nación
