Militantes bolsonaristas en Argentina: el Gobierno brasileño confirmó que ya solicitaron refugio
Miércoles 19 de
Junio 2024
Están acusados o investigados por la justicia brasileña por el intento de golpe de Estado, en 2023. Las amenazas a periodistas.
El Gobierno brasileño confirmó que un grupo de militantes bolsonaristas –algunos condenados y otros investigados por el intento de golpe de Estado en el país vecino- solicitaron refugio político en Argentina, aunque el número es impreciso, desde la Justicia brasileña asumen que son unas 143 personas las que cruzaron la frontera de manera ilegal. El pedido fue realizado ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) –bajo la órbita del ex Ministerio del Interior, ahora bajo el ala de la Jefatura de Gabinete de Presidencia-. La embajada de Brasil en Argentina, en tanto, repudió las amenazas a corresponsales que hicieron pública la información.
Según informó CNN Brasil, los militantes bolsonaristas en la mira de la policía y de la Justicia brasileña por su participación en los actos golpistas del 8 de enero del año pasado, serían unos siete los que ya hicieron la solicitud correspondiente ante la Conare y sigue los pasos legales correspondientes.
Aunque no hay un plazo para que se les dé una respuesta por parte del organismo argentino, el hecho de iniciar el trámite permite recibir un documento provisorio para permanecer en el país durante tres meses y bloquea la posibilidad de que sean detenidos. Sólo pueden ser extraditados en caso de que ese pedido estuviera efectivo por la Interpol y que la solicitud de refugio sea negada.
En tanto, aunque el pedido de extradición no necesariamente se hace público, se espera que se haga efectivo en los próximos días, al mismo tiempo que el Gobierno brasileño espera una respuesta por parte del argentino sobre el pedido de información de 143 personas que estarían en el país. En la mañana de este martes, durante su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a negar –al igual que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- haber recibido algún pedido por parte de las autoridades vecinas.
Ante la consulta de una periodista del diario paulista Folha, Adorni respondió: “Hablé con la ministra la semana pasada sobre ese tema y todavía no, yo no tengo la información actualizada hoy, hasta la semana pasada esa información no la había recibido”, dijo. Al igual que la semana anterior e insistió: “Respetamos la ley y respetamos la Justicia de otros países, por lo tanto, cuando llegue, efectivamente se va a cumplir con lo que indique la ley. Y si son prófugos, en tal caso, tomar intervención Interpol o quien tenga que intervenir para apresarlos y continuar el proceso legal. Te repito, no incumplimos la ley, no solo la nuestra, sino que no cumplimos la ley de ningún otro país”.
Adorni, además, dijo que “no depende” del Gobierno –aunque la Dirección Nacional de Migraciones y la Conare están bajo la órbita de presidencia- “sino que cada caso es particular y se analiza en la Comisión correspondiente, que es independiente”.
La presidencia de militantes bolsonaristas que huyeron de Brasil se dio a conocer a mediados de mayo por una investigación publicada por el portal de noticias UOL. En ese momento, se supo que eran unas 10 personas las que habían roto las tobilleras con las que eran vigilados y cruzaron las fronteras hacia Argentina, Paraguay y Uruguay, escondidos en auto y a través del río Paraná.
Luego, el mismo Eduardo Bolsonaro -diputado nacional e hijo del expresidente Jair, investigado en la misma causa que sus seguidores- junto con una comitiva de legisladores nacionales y abogados denunciaron en el Congreso argentino “persecución”, “censura” y solicitaron abiertamente el apoyo argentino para los bolsonaristas que se encuentran en el país, tal como publicó El Destape.
Incluso, dos de esas personas fueron entrevistadas por UOL a cara descubierta en la Plaza de Mayo, en pleno centro porteño por ese portal, con la Casa Rosada de fondo. Uno de ellos, de hecho, no tuvo pudor en decir "viva la libertad, carajo", el slogan del presidente ultraderechista Javier Milei.
La ratificación de toda esa información la llevó a cabo la Policía Federal de Brasil, que actúa en la causa Lesa Patria, junto con el Supremo Tribunal Federal, a través de la activación de la Ameripol, un organismo de cooperación de las policías de 30 países del continente, pudieron mapear hacia a dónde viajaron.
Pese a que la Conare es la responsable de otorgar o no refugio, se sabe del lineamiento del Gobierno de Milei con los Bolsonaro y su enfrentamiento con el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Amenazas a periodistas
“La Embajada de Brasil en Buenos Aires repudia las amenazas vertidas a periodistas brasileños desde el Portal UOL, en Argentina, por ejercer su derecho a informar”, sostuvieron en un breve comunicado publicado en las redes sociales de Itamaraty. De esa manera, respondieron al pedido realizado por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) que había solicitado protección para los trabajadores que se encuentran en el país.
Según las autoridades diplomáticas brasileñas, están en contacto con las argentinas para “garantizar que los periodistas puedan ejercer sus funciones profesionales con total libertad, sin amenazas ni intimidaciones”.
La semana pasada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Federación Argentina de Prensa (FatPren) también se había sumado al repudio y a la solicitud de que el Estado provea un “entorno seguro y favorable para el libre ejercicio de la prensa”.
Según informó CNN Brasil, los militantes bolsonaristas en la mira de la policía y de la Justicia brasileña por su participación en los actos golpistas del 8 de enero del año pasado, serían unos siete los que ya hicieron la solicitud correspondiente ante la Conare y sigue los pasos legales correspondientes.
Aunque no hay un plazo para que se les dé una respuesta por parte del organismo argentino, el hecho de iniciar el trámite permite recibir un documento provisorio para permanecer en el país durante tres meses y bloquea la posibilidad de que sean detenidos. Sólo pueden ser extraditados en caso de que ese pedido estuviera efectivo por la Interpol y que la solicitud de refugio sea negada.
En tanto, aunque el pedido de extradición no necesariamente se hace público, se espera que se haga efectivo en los próximos días, al mismo tiempo que el Gobierno brasileño espera una respuesta por parte del argentino sobre el pedido de información de 143 personas que estarían en el país. En la mañana de este martes, durante su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a negar –al igual que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- haber recibido algún pedido por parte de las autoridades vecinas.
Ante la consulta de una periodista del diario paulista Folha, Adorni respondió: “Hablé con la ministra la semana pasada sobre ese tema y todavía no, yo no tengo la información actualizada hoy, hasta la semana pasada esa información no la había recibido”, dijo. Al igual que la semana anterior e insistió: “Respetamos la ley y respetamos la Justicia de otros países, por lo tanto, cuando llegue, efectivamente se va a cumplir con lo que indique la ley. Y si son prófugos, en tal caso, tomar intervención Interpol o quien tenga que intervenir para apresarlos y continuar el proceso legal. Te repito, no incumplimos la ley, no solo la nuestra, sino que no cumplimos la ley de ningún otro país”.
Adorni, además, dijo que “no depende” del Gobierno –aunque la Dirección Nacional de Migraciones y la Conare están bajo la órbita de presidencia- “sino que cada caso es particular y se analiza en la Comisión correspondiente, que es independiente”.
La presidencia de militantes bolsonaristas que huyeron de Brasil se dio a conocer a mediados de mayo por una investigación publicada por el portal de noticias UOL. En ese momento, se supo que eran unas 10 personas las que habían roto las tobilleras con las que eran vigilados y cruzaron las fronteras hacia Argentina, Paraguay y Uruguay, escondidos en auto y a través del río Paraná.
Luego, el mismo Eduardo Bolsonaro -diputado nacional e hijo del expresidente Jair, investigado en la misma causa que sus seguidores- junto con una comitiva de legisladores nacionales y abogados denunciaron en el Congreso argentino “persecución”, “censura” y solicitaron abiertamente el apoyo argentino para los bolsonaristas que se encuentran en el país, tal como publicó El Destape.
Incluso, dos de esas personas fueron entrevistadas por UOL a cara descubierta en la Plaza de Mayo, en pleno centro porteño por ese portal, con la Casa Rosada de fondo. Uno de ellos, de hecho, no tuvo pudor en decir "viva la libertad, carajo", el slogan del presidente ultraderechista Javier Milei.
La ratificación de toda esa información la llevó a cabo la Policía Federal de Brasil, que actúa en la causa Lesa Patria, junto con el Supremo Tribunal Federal, a través de la activación de la Ameripol, un organismo de cooperación de las policías de 30 países del continente, pudieron mapear hacia a dónde viajaron.
Pese a que la Conare es la responsable de otorgar o no refugio, se sabe del lineamiento del Gobierno de Milei con los Bolsonaro y su enfrentamiento con el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Amenazas a periodistas
“La Embajada de Brasil en Buenos Aires repudia las amenazas vertidas a periodistas brasileños desde el Portal UOL, en Argentina, por ejercer su derecho a informar”, sostuvieron en un breve comunicado publicado en las redes sociales de Itamaraty. De esa manera, respondieron al pedido realizado por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) que había solicitado protección para los trabajadores que se encuentran en el país.
Según las autoridades diplomáticas brasileñas, están en contacto con las argentinas para “garantizar que los periodistas puedan ejercer sus funciones profesionales con total libertad, sin amenazas ni intimidaciones”.
La semana pasada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Federación Argentina de Prensa (FatPren) también se había sumado al repudio y a la solicitud de que el Estado provea un “entorno seguro y favorable para el libre ejercicio de la prensa”.
Con información de
El Destape
