Más tensión en Rosario. Intervienen la Fiscalía Regional por la indisciplina y las denuncias cruzadas entre funcionarios
Por:
Germán de los Santos
Martes 19 de
Marzo 2024
El Ministerio Público de Rosario está envuelto en una fuerte crisis interna. A la par, se multiplican las denuncias contra el Servicio Penitenciario por malos tratos.
ROSARIO.- Después de una semana en la que la ciudad quedó paralizada por acciones “terroristas” narco, en la Justicia se produjo un fuerte cimbronazo, con la intervención de la Fiscalía Regional, que estaba en manos de María Eugenia Iribarren, cuestionada luego de los escándalos que protagonizaron funcionarios del Ministerio Público acusándose unos a otros mientras Rosario está en crisis por la violencia desatada por las mafias esparcidas por todo el territorio.
El gobernador, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de la intervención de la Fiscalía Regional, que era conducida por Iribarren desde que su antecesor, Patricio Serjal, fue detenido por el supuesto cobro de sobornos. La decadencia institucional en el Ministerio Público rosarino viene desde hace tiempo, por lo que, desde que asumió, Pullaro fue partidario de que se produzca una serie de cambios que muestren mayor operatividad y convicción a la hora de investigar.
El fiscal Matías Edery, que formaba parte de la Unidad de Criminalidad Organizada, fue suspendido hasta que se aclare la causa penal en la que está imputado por tener relaciones inapropiadas con una extestigo protegida que era testaferro del líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. El caso de Edery, quien junto a Luis Schiappa Pietra habían investigado la corrupción política y los nexos con el crimen organizado, fue el que terminó de eclosionar el Ministerio Público, porque mostró una fuerte interna dentro del organismo. Uno de los acusadores de Edery fue el senador Armando Traferri, al que los fiscales nunca pudieron acusar porque se resguardó en sus fueros. Después, el propio fiscal que lo perseguía terminó suspendido.
La escalada de violencia extrema de las últimas dos semanas aceleró los tiempos y la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, resolvió apartar preventivamente de su cargo a Iribarren y nombrar como interventor interno al fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo. La medida es por un mínimo de seis meses y con carácter de prorrogable.
En medio de estos cambios, Pullaro recibió este martes en Rosario al ministro de Defensa Luis Petri, que desembarcó en la ciudad para presentar el equipamiento de refuerzo –cinco helicópteros, lanchas y 25 vehículos terrestres, entre otras cosas– que aportan las Fuerzas Armadas para el combate del llamado “narcoterrorismo” en la ciudad.
En el MPA se investiga el supuesto maltrato y torturas contra los presos del penal de Piñero, que fueron sometidos a requisas la semana pasada tras el ataque contra un colectivo que trasladaba a agentes penitenciarios. Luego, se exhibió la foto con los internos arrodillados y con la cabeza rapada, “a lo Bukele”que dio pie –según interpretan algunas fuentes, aunque en el gobierno lo nieguen– el raid de asesinatos que terminó con la vida de dos taxistas, un colectivero y el playero de una estación de servicio.
El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) de Santa Fe presentó una serie de denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de la cárcel de Piñero y de Pérez.
De acuerdo a lo informado por el organismo, los delitos se habrían producido en los pabellones 7, 8, y 23, de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, y del pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº16 de Pérez.
También aseguraron que los denunciantes manifestaron que, durante requisas realizadas en esos pabellones, fueron objeto de vejámenes y tratos crueles y degradantes. Además, se intentará establecer si estas situaciones se dieron luego de la balacera a un colectivo que trasladaba penitenciarios.
Además de la denuncia, la Asociación de Abogados Penalistas presentó una serie de habeas corpus, que fueron unificados. Lo que manifiestan los letrados, entre ellos, José Nanni, es que un médico forense confirmó las lesiones que anteriormente no habían sido informadas por el médico del penal de Piñero.
Desde el gobierno negaron que se hayan producido vejámenes y torturas en las cárceles. La titular del Servicio Penitenciario, Luciana Masneri, señaló que “este tipo de acusaciones tienen que ver con las requisas que se realizan desde diciembre”.
La gestión de Pullaro argumenta que los mayores controles en las prisiones lograron cortar parte del negocio mafioso que se manifestaba en las calles de Rosario. Y que las respuestas a estas exigencias dentro de las cárceles tienen que ver con los crímenes que se produjeron durante los últimos días.
“Tuvieron cuatro años de home office, con privilegios y aterrorizando a la gente. Los detenidos se acostumbraron a esto y desde el Ministerio de Seguridad no estamos de acuerdo”, manifestó Masneri, en referencia a lo que ocurría en la gestión anterior.
Para la funcionaria provincial, las cosas cambiaron tras las rejas y hay una consecuente reacción: “Se están haciendo requisas hace tres meses. No se pueden pasar 20 kilos de comida en las visitas como antes, algo que es imposible de requisar. Hay internos sin contacto, pero son muchas las medidas de seguridad”, sostuvo Masneri.
“Hay agresiones todo el tiempo en la cárcel. Los internos les tiran a los agentes agua o aceite caliente y lavandina a los ojos”, dijo y agregó: “Recientemente tuvimos que adquirir guantes aislantes de electricidad porque desde Inteligencia se sabía que lo próximo era electrificar puertas, porque son metálicas”.
La funcionaria explicó que, con esto, los presos intentan no ser requisados para poder lograr controlar el espacio físico en el que están encerrados. “Desde diciembre se retiraron los privilegios y eso genera resistencia; son los que impedían a la gente vivir tranquila y hoy ya no tienen esa facilidad”, apuntó.
El gobernador, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de la intervención de la Fiscalía Regional, que era conducida por Iribarren desde que su antecesor, Patricio Serjal, fue detenido por el supuesto cobro de sobornos. La decadencia institucional en el Ministerio Público rosarino viene desde hace tiempo, por lo que, desde que asumió, Pullaro fue partidario de que se produzca una serie de cambios que muestren mayor operatividad y convicción a la hora de investigar.
El fiscal Matías Edery, que formaba parte de la Unidad de Criminalidad Organizada, fue suspendido hasta que se aclare la causa penal en la que está imputado por tener relaciones inapropiadas con una extestigo protegida que era testaferro del líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. El caso de Edery, quien junto a Luis Schiappa Pietra habían investigado la corrupción política y los nexos con el crimen organizado, fue el que terminó de eclosionar el Ministerio Público, porque mostró una fuerte interna dentro del organismo. Uno de los acusadores de Edery fue el senador Armando Traferri, al que los fiscales nunca pudieron acusar porque se resguardó en sus fueros. Después, el propio fiscal que lo perseguía terminó suspendido.
La escalada de violencia extrema de las últimas dos semanas aceleró los tiempos y la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, resolvió apartar preventivamente de su cargo a Iribarren y nombrar como interventor interno al fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo. La medida es por un mínimo de seis meses y con carácter de prorrogable.
En medio de estos cambios, Pullaro recibió este martes en Rosario al ministro de Defensa Luis Petri, que desembarcó en la ciudad para presentar el equipamiento de refuerzo –cinco helicópteros, lanchas y 25 vehículos terrestres, entre otras cosas– que aportan las Fuerzas Armadas para el combate del llamado “narcoterrorismo” en la ciudad.
En el MPA se investiga el supuesto maltrato y torturas contra los presos del penal de Piñero, que fueron sometidos a requisas la semana pasada tras el ataque contra un colectivo que trasladaba a agentes penitenciarios. Luego, se exhibió la foto con los internos arrodillados y con la cabeza rapada, “a lo Bukele”que dio pie –según interpretan algunas fuentes, aunque en el gobierno lo nieguen– el raid de asesinatos que terminó con la vida de dos taxistas, un colectivero y el playero de una estación de servicio.
El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) de Santa Fe presentó una serie de denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de la cárcel de Piñero y de Pérez.
De acuerdo a lo informado por el organismo, los delitos se habrían producido en los pabellones 7, 8, y 23, de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, y del pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº16 de Pérez.
También aseguraron que los denunciantes manifestaron que, durante requisas realizadas en esos pabellones, fueron objeto de vejámenes y tratos crueles y degradantes. Además, se intentará establecer si estas situaciones se dieron luego de la balacera a un colectivo que trasladaba penitenciarios.
Además de la denuncia, la Asociación de Abogados Penalistas presentó una serie de habeas corpus, que fueron unificados. Lo que manifiestan los letrados, entre ellos, José Nanni, es que un médico forense confirmó las lesiones que anteriormente no habían sido informadas por el médico del penal de Piñero.
Desde el gobierno negaron que se hayan producido vejámenes y torturas en las cárceles. La titular del Servicio Penitenciario, Luciana Masneri, señaló que “este tipo de acusaciones tienen que ver con las requisas que se realizan desde diciembre”.
La gestión de Pullaro argumenta que los mayores controles en las prisiones lograron cortar parte del negocio mafioso que se manifestaba en las calles de Rosario. Y que las respuestas a estas exigencias dentro de las cárceles tienen que ver con los crímenes que se produjeron durante los últimos días.
“Tuvieron cuatro años de home office, con privilegios y aterrorizando a la gente. Los detenidos se acostumbraron a esto y desde el Ministerio de Seguridad no estamos de acuerdo”, manifestó Masneri, en referencia a lo que ocurría en la gestión anterior.
Para la funcionaria provincial, las cosas cambiaron tras las rejas y hay una consecuente reacción: “Se están haciendo requisas hace tres meses. No se pueden pasar 20 kilos de comida en las visitas como antes, algo que es imposible de requisar. Hay internos sin contacto, pero son muchas las medidas de seguridad”, sostuvo Masneri.
“Hay agresiones todo el tiempo en la cárcel. Los internos les tiran a los agentes agua o aceite caliente y lavandina a los ojos”, dijo y agregó: “Recientemente tuvimos que adquirir guantes aislantes de electricidad porque desde Inteligencia se sabía que lo próximo era electrificar puertas, porque son metálicas”.
La funcionaria explicó que, con esto, los presos intentan no ser requisados para poder lograr controlar el espacio físico en el que están encerrados. “Desde diciembre se retiraron los privilegios y eso genera resistencia; son los que impedían a la gente vivir tranquila y hoy ya no tienen esa facilidad”, apuntó.
