A poco de dejar el poder, López Obrador piensa en su legado e impulsa reformas estructurales
Lunes 04 de
Marzo 2024
AMLO prometió cultivar una vida reservada tras su mandato, pero antes quiere cambios constitucionales para garantizar un Estado más fuerte. Pero no le será fácil. Un frente ciudadano colmó las plazas principales del país denunciando “intromisión anti-republicana”.
Rehúsa usar el avión presidencial y tiene buen diálogo con Donald Trump. Esos dos hechos habituales en el comportamiento político de Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) lo podrían asemejar con su par argentino Javier Milei; sin embargo, AMLO -como es nombrado a diario en la prensa de su país- está culminando con una alta popularidad su sexenio de gobierno con un manual de estilo político y económico diametralmente opuesto al libertario: nacionalista en lo económico, proteccionista en lo social, y expansivo en la arquitectura del Estado.
Esas tres banderas identitarias de la coalición oficialista MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) buscan ser profundizadas por López Obrador con el ambicioso paquete de leyes que ha enviado al Congreso el último 5 de febrero, fecha simbólica porque ese día de 1917 se promulgó la actual Carta Magna. Se trata de un proyecto de 20 reformas que, de aprobarse en el hemiciclo, modificarían un tercio de la Carta Magna en temas tan vastos como salario mínimo -lo protege ante la inflación-, la configuración de la matriz energética -prohíbe el fracking y la minería a cielo abierto-, el acceso a Internet -establece su gratuidad-, la elección de Magistrados –incorpora el voto directo ciudadano- y la composición del Congreso -reduce la composición-.
La monumental reforma fue anunciada en un momento particular tanto de la coyuntura política -AMLO advirtió que tras entregar el mando presidencial se mudará a su casa rural en Chiapas para vivir lejos del ruido político-, como del calendario electoral. En concreto, el mencionado proyecto coincide con el arranque de la campaña presidencial, en la que la dirigente apoyada por López Obrador, la ex alcaldesa de México DF y referente feminista Claudia Sheinbaum más que duplica en intención de voto a su contendiente, Xóchitl Gálvez, candidata de un frente integrado por los tres partidos que gobernaron México previo a la victoria de AMLO.
La supremacía de Sheinbaum en los sondeos se explica en la alta legitimidad social de López Obrador -termina su gobierno con un 60% de popularidad según la consultora CELAG-, un animal político que ha logrado inaugurar un nuevo ciclo político en su país. Así como el siglo XX fue la centuria donde reinó el Partido Revolucionario Institucional, el “ogro filantrópico” en palabras del premio Nóbel de Literatura Octavio Paz por su capacidad de partido total, plebeyo y conservador al mismo tiempo, el actual siglo está marcado por la ascendencia de López Obrador en la escena política mexicana.
Entonces, ¿por qué López Obrador impulsa un proyecto de tanta magnitud en el retiro de su actividad política? ¿Una iniciativa que, además, necesita un consenso muy alto interpartidario para poder plasmarlo? En paralelo, ¿por qué las principales plazas del país se colmaron de ciudadanos movilizados el tercer domingo de febrero si, en teoría, se trata de una reforma garantista de las conquistas sociales y el patrimonio ambiental?
Los apoyos y rechazos a la mega reforma de AMLO
En diálogo con El Destape, el diputado nacional y consejero nacional partidario en la coalición MORENA Antonio Attolini justificó en términos políticos la introducción de un proyecto legislativo de gran calado en la postrimería del sexenio gubernamental: “Las 20 iniciativas de reforma que ha presentado López Obrador pretenden ser el último eslabón que permita esta cadena de transmisión entre el primer gobierno de la Cuarta Transformación (Morena afirma liderar el cuarto período redencionista de la historia nacional, dicha autocongratulación es nominada en la jerga de los medios como 4T) y el siguiente gobierno de la 4T. Por lo tanto, vemos la reforma como un programa político para sentar las bases de lo que viene".
"Buscamos aprobar las reformas en el último mes de gestión, durante el mes de septiembre. A esa altura del año, la Cámara Legislativa tendrá otra composición, porque tres meses antes hay elecciones. Confiamos en esa instancia electoral construir un triunfo político amplio que nos otorgue más representación en el Congreso. Insisto, el proyecto de reforma es una hoja de ruta que busca fungir como base política del próximo gobierno nacional, que esperamos siga siendo conducido por nosotros”, agregó.
Los principales analistas periodísticos mexicanos, más allá de sus simpatías políticas, tienen un punto de congruencia al momento de leer la reforma constitucional: en todos los tabloides se advierte sobre la directriz que AMLO desea marcarle a Sheinbaum: no desea un giro moderado en el rumbo del gobierno.
A su vez, el denominado Frente Cívico Nacional objeta la pretensión del gobierno de cerrar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con la intención que pasen a ser absorbidos por Secretarías de Estado-, y la meta establecida de permitir la elección de autoridades judiciales por voto directo. De hecho, esas fueron las principales razones de la estruendosa marcha, donde los manifestantes arroparon sus torsos con remeras rosas –un color no identificable con ninguna marquesina partidaria- que se concentró el domingo 18 de febrero en la plaza central del Zócalo en México DF.
En diálogo con El Destape, Amando Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, explicó: “Creemos que el proyecto busca la concentración del poder a través de disminuir el peso de instituciones que hacen al contrapeso gubernamental. La reforma busca concentrar el poder como se hacía 30 años atrás en México, que los derechos y libertades dependan cada vez más de quién gobierna. Además, en esta coyuntura política el paquete de leyes pretende influir en el proceso electoral y en el gobierno de su posible sucesora. AMLO sabe que estas reformas no pasarán por el Congreso, pero sí funcionan como un mecanismo de propaganda política”.
En segundo término, Avendaño subrayó: “Los ciudadanos estamos inconformes, la salida a las calles es un indicador de que no nos sentimos representados, el sentimiento es similar al que atravesamos con otros gobiernos, no nos sentimos representados por nuestra clase política. No vemos que haya la necesidad apremiante de reformas constitucionales, excepto que haya primarias obligatorias en los partidos políticos. Lo que se necesita es el respeto a la Carta Magna, puntualmente vemos un ataque contra el Poder Judicial, que es un garante de la Constitución”.
Esas tres banderas identitarias de la coalición oficialista MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) buscan ser profundizadas por López Obrador con el ambicioso paquete de leyes que ha enviado al Congreso el último 5 de febrero, fecha simbólica porque ese día de 1917 se promulgó la actual Carta Magna. Se trata de un proyecto de 20 reformas que, de aprobarse en el hemiciclo, modificarían un tercio de la Carta Magna en temas tan vastos como salario mínimo -lo protege ante la inflación-, la configuración de la matriz energética -prohíbe el fracking y la minería a cielo abierto-, el acceso a Internet -establece su gratuidad-, la elección de Magistrados –incorpora el voto directo ciudadano- y la composición del Congreso -reduce la composición-.
La monumental reforma fue anunciada en un momento particular tanto de la coyuntura política -AMLO advirtió que tras entregar el mando presidencial se mudará a su casa rural en Chiapas para vivir lejos del ruido político-, como del calendario electoral. En concreto, el mencionado proyecto coincide con el arranque de la campaña presidencial, en la que la dirigente apoyada por López Obrador, la ex alcaldesa de México DF y referente feminista Claudia Sheinbaum más que duplica en intención de voto a su contendiente, Xóchitl Gálvez, candidata de un frente integrado por los tres partidos que gobernaron México previo a la victoria de AMLO.
La supremacía de Sheinbaum en los sondeos se explica en la alta legitimidad social de López Obrador -termina su gobierno con un 60% de popularidad según la consultora CELAG-, un animal político que ha logrado inaugurar un nuevo ciclo político en su país. Así como el siglo XX fue la centuria donde reinó el Partido Revolucionario Institucional, el “ogro filantrópico” en palabras del premio Nóbel de Literatura Octavio Paz por su capacidad de partido total, plebeyo y conservador al mismo tiempo, el actual siglo está marcado por la ascendencia de López Obrador en la escena política mexicana.
Entonces, ¿por qué López Obrador impulsa un proyecto de tanta magnitud en el retiro de su actividad política? ¿Una iniciativa que, además, necesita un consenso muy alto interpartidario para poder plasmarlo? En paralelo, ¿por qué las principales plazas del país se colmaron de ciudadanos movilizados el tercer domingo de febrero si, en teoría, se trata de una reforma garantista de las conquistas sociales y el patrimonio ambiental?
Los apoyos y rechazos a la mega reforma de AMLO
En diálogo con El Destape, el diputado nacional y consejero nacional partidario en la coalición MORENA Antonio Attolini justificó en términos políticos la introducción de un proyecto legislativo de gran calado en la postrimería del sexenio gubernamental: “Las 20 iniciativas de reforma que ha presentado López Obrador pretenden ser el último eslabón que permita esta cadena de transmisión entre el primer gobierno de la Cuarta Transformación (Morena afirma liderar el cuarto período redencionista de la historia nacional, dicha autocongratulación es nominada en la jerga de los medios como 4T) y el siguiente gobierno de la 4T. Por lo tanto, vemos la reforma como un programa político para sentar las bases de lo que viene".
"Buscamos aprobar las reformas en el último mes de gestión, durante el mes de septiembre. A esa altura del año, la Cámara Legislativa tendrá otra composición, porque tres meses antes hay elecciones. Confiamos en esa instancia electoral construir un triunfo político amplio que nos otorgue más representación en el Congreso. Insisto, el proyecto de reforma es una hoja de ruta que busca fungir como base política del próximo gobierno nacional, que esperamos siga siendo conducido por nosotros”, agregó.
Los principales analistas periodísticos mexicanos, más allá de sus simpatías políticas, tienen un punto de congruencia al momento de leer la reforma constitucional: en todos los tabloides se advierte sobre la directriz que AMLO desea marcarle a Sheinbaum: no desea un giro moderado en el rumbo del gobierno.
A su vez, el denominado Frente Cívico Nacional objeta la pretensión del gobierno de cerrar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con la intención que pasen a ser absorbidos por Secretarías de Estado-, y la meta establecida de permitir la elección de autoridades judiciales por voto directo. De hecho, esas fueron las principales razones de la estruendosa marcha, donde los manifestantes arroparon sus torsos con remeras rosas –un color no identificable con ninguna marquesina partidaria- que se concentró el domingo 18 de febrero en la plaza central del Zócalo en México DF.
En diálogo con El Destape, Amando Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, explicó: “Creemos que el proyecto busca la concentración del poder a través de disminuir el peso de instituciones que hacen al contrapeso gubernamental. La reforma busca concentrar el poder como se hacía 30 años atrás en México, que los derechos y libertades dependan cada vez más de quién gobierna. Además, en esta coyuntura política el paquete de leyes pretende influir en el proceso electoral y en el gobierno de su posible sucesora. AMLO sabe que estas reformas no pasarán por el Congreso, pero sí funcionan como un mecanismo de propaganda política”.
En segundo término, Avendaño subrayó: “Los ciudadanos estamos inconformes, la salida a las calles es un indicador de que no nos sentimos representados, el sentimiento es similar al que atravesamos con otros gobiernos, no nos sentimos representados por nuestra clase política. No vemos que haya la necesidad apremiante de reformas constitucionales, excepto que haya primarias obligatorias en los partidos políticos. Lo que se necesita es el respeto a la Carta Magna, puntualmente vemos un ataque contra el Poder Judicial, que es un garante de la Constitución”.
Nacionalización de 13 centrales de energía eléctrica, desde Tamazunchale, San Luis Potosí https://t.co/Z5TXv04dMK
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 27, 2024
Con información de
El Destape
