Jubilaciones de la Anses: la suba por movilidad estará muy por debajo de la inflación, mientras el Gobierno ajusta fuerte el gasto previsiona
Por:
Silvia Stang
Viernes 09 de
Febrero 2024
La publicación de un dato oficial confirma que el reajuste rondaría el 30% o sería incluso más bajo, aunque desde el Gobierno no se hizo ningún anuncio y sigue la incertidumbre sobre el futuro de los bonos; en enero, de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las erogaciones ajustadas por precios cayeron un 32,5% interanual
Por la aplicación de la fórmula de movilidad vigente desde 2021, las jubilaciones del sistema general de la Anses tendrán un reajuste en marzo que no llegaría siquiera al 30% y, en consecuencia, de no haber una significativa recomposición adicional, los haberes profundizarán fuertemente la ya pronunciada caída del poder adquisitivo que sufren desde hace años. Ese nivel de reajuste haría, concretamente, que se pierda alrededor de 20% de la capacidad de compra en solo en un trimestre, luego de un año en el que hubo un deterioro de entre 14,2% y 37,4%, dependiendo del monto percibido. El dato, que fue anticipado por LA NACION días atrás, se confirma tras conocerse el dato de cómo les fue en diciembre a los salarios según el índice elaborado por el Indec, que forma parte del cálculo.
En rigor, conocidas todas las variables que integran el cálculo establecido por la ley 27.705, desde el Gobierno no hubo aún ningún anuncio, ni referido al porcentaje de suba que efectivamente tendrán los ingresos, ni respecto de qué ocurrirá con los bonos que los jubilados y pensionados de menores ingresos reciben de manera continua desde septiembre de 2022.
Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno no hubo ninguna variación en los montos cobrados por los jubilados de la Anses. Pese a la inflación de 25,5% en diciembre y de alrededor de 20% en enero, en el actual febrero se cobra lo mismo que en esos meses, al tiempo que continúa la indefinición sobre lo que ocurrirá en lo que queda del año.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo esta semana que en enero se alcanzó en las cuentas públicas el equilibrio financiero, algo en lo que tuvo un un rol no menor la licuación de las jubilaciones y pensiones. Según el informe mensual sobre ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en términos reales (corregidas las cifras por inflación), en enero el Gobierno gastó en jubilaciones y pensiones un 32,5% menos que lo destinado por el Estado a esos pagos en el mismo mes de 2023.
La variación trimestral de los salarios es uno de los componentes de la fórmula de actualizaciones, en tanto que el otro es la evolución interanual en un trimestre de la recaudación de impuestos que van a la Anses, medida por beneficio. Esta tarde el Indec dio a conocer la variación del índice de salarios correspondiente al último mes de 2023, que fue de 8,9%. Así, en el cuarto trimestre, que es el período de referencia para calcular la suba de haberes de marzo, la variación de ese índice fue de 28,67%, muy por debajo de la suba de los precios al consumidor que, también según el instituto oficial de estadística, trepó en el período de octubre a diciembre a 53,3%.
Con el dato conocido hoy, el economista especializado en seguridad social Sergio Rottenschweiler estimó que la suba por movilidad sería de 26,9%. En tanto, según el economista Rafael Rofman, investigador de Protección Social en el Cippec, el reajuste estaría en torno al 29,5%. La estimación de los economistas del Ieral de Fundación Mediterránea es que la suba sería de 27,9%, según dijo a LA NACION el economista Marcelo Capello.
Si se confirma que los jubilados tendrán solo una recomposición de ese nivel luego de cobrar lo mismo durante tres meses, pese a la alta inflación, entonces en el primer trimestre tendrán una pérdida de su poder adquisitivo que rondará el 20%. De acuerdo con la edición más reciente del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los economistas estiman, en promedio, que la inflación llegaría a alrededor de 60% entre enero y marzo.
La pérdida de poder adquisitivo, de todas formas, se da cada mes. La ley prevé actualizaciones trimestrales, mientras que los precios corren día a día. Solo en enero, un mes para el cual se estima que la inflación rondó el 20%, la pérdida del valor real de lo cobrado por los jubilados y pensionados habría sido cercana al 17%. Desde septiembre de 2017 y hasta el cierre de 2023 los ingresos llevaban acumuladas caídas de entre 26,2% y 55,4%.
El cálculo actual
Las diferencias en las estimaciones sobre cuál es el porcentaje de la movilidad tienen que ver con la complejidad y la falta de transparencia de la fórmula aprobada a fines de 2020 -luego de un año en el cual el gobierno de Alberto Fernández mantuvo la movilidad anterior suspendida- con el especial impulso de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien influyó para que se aprobara una modalidad de actualizaciones similar a la que había regido durante su gestión, luego modificada porque, dependiendo del contexto económico, no era sostenible. Para el cálculo actual, por ejemplo, debe hacerse una corrección de datos para que el resultado no se vea alterado por las modificaciones que tuvo el impuesto PAIS, uno de los que derivan parte de su recaudación al pago de prestaciones de la seguridad social y que, por tanto, está considerado en la fórmula. La normativa establece que la cuenta debe hacerse “a legislación constante”.
La normativa establece que, para hacer el cálculo se debe elegir uno de dos índices de ingresos laborales: el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), o el de salarios que publica el instituto oficial de estadística, que incluye ingresos del segmento informal (de ambos, se considera el que arroje la mayor variación en el período de referencia que, en este caso, es el cuarto trimestre de 2023). En este caso, el informe del Indec muestra una variación trimestral de 28,67%. El Ripte, en tanto, arrojó una evolución muy similar, de 28,59%, según la publicación que incluyó el dato de diciembre y que estuvo en la página oficial durante la tarde del martes último. Luego, se quitó del sitio la publicación referida al último mes de 2023 y, hasta el cierre de esta nota no hubo una explicación de los motivos.
Con los niveles estimados del reajuste, el haber mínimo, que hoy es de $105.713, se ubicaría en un rango de entre $133.500 y $137.500. Y el haber máximo, que desde diciembre y hasta este mes es de $711.346, sería de entre $900.000 y $925.000 (valores en bruto).
El ingreso básico quedaría muy por debajo de lo percibido actualmente por quienes tienen esa prestación, a la que se le agrega el bono de $55.000 mensuales. Así, quienes están en ese grupo completan un ingreso mensual de $160.713 (en bruto) y de $157.542 en términos netos. Con una suba de entre 26,9% y 29,5%, el ingreso tras el descuento al PAMI en el caso de quienes tienen el haber mínimo sería, aproximadamente, de entre $130.000 y $133.500 si solo se mantuviera el haber propiamente dicho. Por eso, el Gobierno debe definir qué va a ocurrir con el bono; si, por ejemplo, lo incorpora a los haberes y si compensa también a quienes tienen ingresos que, por ser algo superiores a la mínima, no tuvieron hasta ahora compensación por la fuerte pérdida del poder de compra.
Distorsiones y achatamiento
La política de bonos instrumentada por el gobierno anterior generó fuertes distorsiones y acható la pirámide de ingresos jubilatorios, en desmedro de quienes más aportaron al sistema. Actualmente, con haberes brutos que superan en más de un 55% al mínimo y que no por eso dejan de ser bajos (aproximadamente, $165.000), se cobra en mano prácticamente igual. Y eso ocurre en un contexto de ingresos reales a la baja, lo que equivale a decir que se decide discrecionalmente quiénes pierden más que otros
Sin precisiones hoy, tras conocerse el dato del índice de salarios de diciembre, no está claro qué ocurrirá en marzo ni en el resto del año con los haberes jubilatorios de la Anses. La primera propuesta del gobierno de Javier Milei, incluida en el texto original de la ley de bases, fue que se eliminara la fórmula de la ley 27.705 (la actual) y que se habilitara el otorgamiento de aumentos discrecionales y por decreto, sin plazo; además, se le pedía al Congreso que se le dieran facultades al Poder Ejecutivo para aprobar en algún momento no definido una nueva fórmula que rigiera de manera permanente.
Como resultaba ya inicialmente imposible reunir votos para que se aprobaran esas propuestas, los artículos fueron quitados en un momento y reemplazados por otros, que preveían la aplicación de la fórmula de movilidad actual para marzo y ajustes por inflación a partir de abril. Según la formulación de esa iniciativa, para el primer reajuste por inflación, el de abril, se consideraría la inflación de febrero. De esa manera, además del deterioro que se sumaría por la aplicación de la fórmula en marzo, la recomposición se saltearía enero, un mes con muy alta inflación. Se llegaría, así, al inicio de los reajustes por inflación con una muy fuerte pérdida de poder adquisitivo, sin ninguna compensación prevista o comprometida. Esta segunda propuesta tampoco logró aval para ser votada y fue eliminada del proyecto, que finalmente fue abandonado por el Gobierno en su totalidad.
En rigor, conocidas todas las variables que integran el cálculo establecido por la ley 27.705, desde el Gobierno no hubo aún ningún anuncio, ni referido al porcentaje de suba que efectivamente tendrán los ingresos, ni respecto de qué ocurrirá con los bonos que los jubilados y pensionados de menores ingresos reciben de manera continua desde septiembre de 2022.
Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno no hubo ninguna variación en los montos cobrados por los jubilados de la Anses. Pese a la inflación de 25,5% en diciembre y de alrededor de 20% en enero, en el actual febrero se cobra lo mismo que en esos meses, al tiempo que continúa la indefinición sobre lo que ocurrirá en lo que queda del año.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo esta semana que en enero se alcanzó en las cuentas públicas el equilibrio financiero, algo en lo que tuvo un un rol no menor la licuación de las jubilaciones y pensiones. Según el informe mensual sobre ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en términos reales (corregidas las cifras por inflación), en enero el Gobierno gastó en jubilaciones y pensiones un 32,5% menos que lo destinado por el Estado a esos pagos en el mismo mes de 2023.
La variación trimestral de los salarios es uno de los componentes de la fórmula de actualizaciones, en tanto que el otro es la evolución interanual en un trimestre de la recaudación de impuestos que van a la Anses, medida por beneficio. Esta tarde el Indec dio a conocer la variación del índice de salarios correspondiente al último mes de 2023, que fue de 8,9%. Así, en el cuarto trimestre, que es el período de referencia para calcular la suba de haberes de marzo, la variación de ese índice fue de 28,67%, muy por debajo de la suba de los precios al consumidor que, también según el instituto oficial de estadística, trepó en el período de octubre a diciembre a 53,3%.
Con el dato conocido hoy, el economista especializado en seguridad social Sergio Rottenschweiler estimó que la suba por movilidad sería de 26,9%. En tanto, según el economista Rafael Rofman, investigador de Protección Social en el Cippec, el reajuste estaría en torno al 29,5%. La estimación de los economistas del Ieral de Fundación Mediterránea es que la suba sería de 27,9%, según dijo a LA NACION el economista Marcelo Capello.
Si se confirma que los jubilados tendrán solo una recomposición de ese nivel luego de cobrar lo mismo durante tres meses, pese a la alta inflación, entonces en el primer trimestre tendrán una pérdida de su poder adquisitivo que rondará el 20%. De acuerdo con la edición más reciente del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los economistas estiman, en promedio, que la inflación llegaría a alrededor de 60% entre enero y marzo.
La pérdida de poder adquisitivo, de todas formas, se da cada mes. La ley prevé actualizaciones trimestrales, mientras que los precios corren día a día. Solo en enero, un mes para el cual se estima que la inflación rondó el 20%, la pérdida del valor real de lo cobrado por los jubilados y pensionados habría sido cercana al 17%. Desde septiembre de 2017 y hasta el cierre de 2023 los ingresos llevaban acumuladas caídas de entre 26,2% y 55,4%.
El cálculo actual
Las diferencias en las estimaciones sobre cuál es el porcentaje de la movilidad tienen que ver con la complejidad y la falta de transparencia de la fórmula aprobada a fines de 2020 -luego de un año en el cual el gobierno de Alberto Fernández mantuvo la movilidad anterior suspendida- con el especial impulso de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien influyó para que se aprobara una modalidad de actualizaciones similar a la que había regido durante su gestión, luego modificada porque, dependiendo del contexto económico, no era sostenible. Para el cálculo actual, por ejemplo, debe hacerse una corrección de datos para que el resultado no se vea alterado por las modificaciones que tuvo el impuesto PAIS, uno de los que derivan parte de su recaudación al pago de prestaciones de la seguridad social y que, por tanto, está considerado en la fórmula. La normativa establece que la cuenta debe hacerse “a legislación constante”.
La normativa establece que, para hacer el cálculo se debe elegir uno de dos índices de ingresos laborales: el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), o el de salarios que publica el instituto oficial de estadística, que incluye ingresos del segmento informal (de ambos, se considera el que arroje la mayor variación en el período de referencia que, en este caso, es el cuarto trimestre de 2023). En este caso, el informe del Indec muestra una variación trimestral de 28,67%. El Ripte, en tanto, arrojó una evolución muy similar, de 28,59%, según la publicación que incluyó el dato de diciembre y que estuvo en la página oficial durante la tarde del martes último. Luego, se quitó del sitio la publicación referida al último mes de 2023 y, hasta el cierre de esta nota no hubo una explicación de los motivos.
Con los niveles estimados del reajuste, el haber mínimo, que hoy es de $105.713, se ubicaría en un rango de entre $133.500 y $137.500. Y el haber máximo, que desde diciembre y hasta este mes es de $711.346, sería de entre $900.000 y $925.000 (valores en bruto).
El ingreso básico quedaría muy por debajo de lo percibido actualmente por quienes tienen esa prestación, a la que se le agrega el bono de $55.000 mensuales. Así, quienes están en ese grupo completan un ingreso mensual de $160.713 (en bruto) y de $157.542 en términos netos. Con una suba de entre 26,9% y 29,5%, el ingreso tras el descuento al PAMI en el caso de quienes tienen el haber mínimo sería, aproximadamente, de entre $130.000 y $133.500 si solo se mantuviera el haber propiamente dicho. Por eso, el Gobierno debe definir qué va a ocurrir con el bono; si, por ejemplo, lo incorpora a los haberes y si compensa también a quienes tienen ingresos que, por ser algo superiores a la mínima, no tuvieron hasta ahora compensación por la fuerte pérdida del poder de compra.
Distorsiones y achatamiento
La política de bonos instrumentada por el gobierno anterior generó fuertes distorsiones y acható la pirámide de ingresos jubilatorios, en desmedro de quienes más aportaron al sistema. Actualmente, con haberes brutos que superan en más de un 55% al mínimo y que no por eso dejan de ser bajos (aproximadamente, $165.000), se cobra en mano prácticamente igual. Y eso ocurre en un contexto de ingresos reales a la baja, lo que equivale a decir que se decide discrecionalmente quiénes pierden más que otros
Sin precisiones hoy, tras conocerse el dato del índice de salarios de diciembre, no está claro qué ocurrirá en marzo ni en el resto del año con los haberes jubilatorios de la Anses. La primera propuesta del gobierno de Javier Milei, incluida en el texto original de la ley de bases, fue que se eliminara la fórmula de la ley 27.705 (la actual) y que se habilitara el otorgamiento de aumentos discrecionales y por decreto, sin plazo; además, se le pedía al Congreso que se le dieran facultades al Poder Ejecutivo para aprobar en algún momento no definido una nueva fórmula que rigiera de manera permanente.
Como resultaba ya inicialmente imposible reunir votos para que se aprobaran esas propuestas, los artículos fueron quitados en un momento y reemplazados por otros, que preveían la aplicación de la fórmula de movilidad actual para marzo y ajustes por inflación a partir de abril. Según la formulación de esa iniciativa, para el primer reajuste por inflación, el de abril, se consideraría la inflación de febrero. De esa manera, además del deterioro que se sumaría por la aplicación de la fórmula en marzo, la recomposición se saltearía enero, un mes con muy alta inflación. Se llegaría, así, al inicio de los reajustes por inflación con una muy fuerte pérdida de poder adquisitivo, sin ninguna compensación prevista o comprometida. Esta segunda propuesta tampoco logró aval para ser votada y fue eliminada del proyecto, que finalmente fue abandonado por el Gobierno en su totalidad.
