Disputa K entre balaceras y muertos: las causas del desinterés del Gobierno por la violencia narco en Rosario
Por:
Eduardo van der Kooy
Domingo 12 de
Febrero 2023
Una es el loteo del Gabinete. El kirchnerismo maneja Justicia y desconfía de Aníbal. Otra es la mala gestión del Servicio Penitenciario a cargo de una ex jueza K. Incide la soledad del gobernador Perotti, marcado por Cristina.
Sergio Massa, el ministro que está a cargo de la crisis económica, pidió a Alberto Fernández que defina cuanto antes su postulación para las PASO. Fue durante una cena con intendentes en Olivos. Réplica política a otra similar que había realizado el kirchnerismo sin invitar al mandatario. Este anunció la formación de la “mesa política” exigida por Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Ninguno de los dos asistirá: no tienen garantías de que se vaya a discutir un cambio de rumbo en la administración.
El kirchnerismo aprobó las denuncias para impulsar en Diputados el juicio político a la Corte Suprema. Pese a la resistencia opositora. Juntos por el Cambio hizo un brevísimo paréntesis en su interna inagotable para advertir sobre “la bomba” financiera que podría recibir como herencia en caso de que consiga triunfar en las elecciones. En ese suelo siempre puede más la atracción irrefrenable que existe por las candidaturas. A los cuatro pretendientes potenciales que exhibe el PRO, se añade el florecimiento radical, con la novedad de Martín Lousteau. Además, la confirmación de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volverá a competir en las primarias.
Aquel espectáculo de la política induciría a suponer la existencia de un país relativamente normal. De una sociedad atraída por tales enjuagues, con los contratiempos naturales de cualquier realidad. Con un horizonte previsible. Nada que ver. Estaría ocurriendo otra cosa. A la prolongada decadencia económica se añade un deterioro en el sistema político de las coaliciones que comenzó a ser moldeado lentamente después de la crisis del 2001. Hay un laberinto donde resulta difícil hallar la salida.
El esfuerzo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio por conservar en la unión la competitividad electoral, iría quizás en desmedro de la capacidad posterior para el ejercicio del poder. Dificultades enormes para dar respuestas a las demandas sociales. Así se ha venido incubando el desencanto actual reflejado en el siguiente recorrido: la saturación kirchnerista disparó en 2015 la apuesta por la oposición; su pésimo final económico repuso, con la máscara de Alberto y la sombra de Cristina, a aquellos que habían sido cesanteados; el nuevo fracaso podría activar en octubre otra vez el círculo vicioso.
En ese contexto se inscriben fenómenos gravísimos que van escalando sin freno. Desatendidos por el Gobierno. Incorporados como hecho casi fatídico por la sociedad que se alarma pero no alcanza a mensurar la verdadera dimensión del problema. Rosario es desde hace tiempo la gran vidriera de los narcotraficantes. El problema crece en provincias fronterizas del Norte, tiene manifestaciones en Buenos Aires e, incluso, en la Ciudad. Un tiroteo de bandas narcos terminó en los últimos días con la vida de una niña de 4 años en una villa del Bajo Flores.
Aquella indolencia del Gobierno esconde varios problemas. Uno es de fondo: el kirchnerismo carece de una idea o fundamento para abordar el desafío del narcotráfico. Ninguno de sus principales dirigentes, La Cámpora, ni siquiera la vicepresidenta, se explayó alguna vez sobre el tema. Está de por medio el manejo de las fuerzas policiales y de seguridad que suele ser traumático para todos ellos. Alberto tampoco se anima a incursionar en ese terreno. Su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se convirtió en simple relator de un drama que, con evidencia, desconoce: “Hace más de 20 años que Rosario arrastra el problema”, justificó. Enseguida, el clásico paso al costado: “Que se arregle la provincia (Santa Fe) con su Policía”, concluyó.
Tanto resulta el temor reinante que el Gobierno y el kirchnerismo se repliegan también en el plano conceptual. Nadie invoca la necesidad de la presencia del Estado –latiguillo del libreto oficialista-- como garante de la seguridad. En Santa Fe está dejando de existir. En todos sus estamentos institucionales. Llamativamente bajo la tutela del gobernador peronista, Omar Perotti. Quizás el ex intendente de Rafaela incurrió en los últimos tiempos en pecados imperdonables. Nunca se conmovió por las causas de corrupción que jaquean a Cristina. Tampoco se montó en el lawfare. Evitó acompañar el juicio político a la Corte. Quedó apareado con el mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti. Las facturas internas iban a llegar.
También aflora otra dificultad estructural que ha condenado al Gobierno estos tres años. El mecanismo de distribución del poder para conformar solo los intereses políticos del Frente constituyó una valla insalvable para la gestión. Alberto dispuso tener bajo su órbita el Ministerio de Seguridad. Primero, con la insipidez de Sabina Frederic. Ahora, con Aníbal. Nunca tuvo injerencia en la línea del Ministerio de Justicia. Debajo de la ex ministra Marcela Losardo estuvo Juan Martín Mena. Continúa como gendarme del ministro Martín Soria. Difícil hacer un combate eficiente del delito –en especial contra los narcos—con esas áreas de acción en permanente confrontación política.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) depende del Ministerio de Justicia. Recaló como interventora desde el inicio la kirchnerista y fundadora de Justicia Legítima, María Laura Garrigós. Fue en tiempos en que el Presidente se creía amigo de todos. Un informe del fiscal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de la Narcocriminalidad (Procunar), sostuvo que desde las cárceles federales crece el crimen organizado. Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, poseen certificación de que el 90% de los actos de las bandas narco se planean en las prisiones de Ezeiza y Marcos Paz. Donde se encuentran alojados los principales líderes de la droga (la banda de Los Monos) que actúan en aquella ciudad.
La situación del SPF no figura sólo en los enojos de Perotti o Javkin. La jueza María Servini denunció el año pasado a Garrigós y a Soria por no facilitar una investigación sobre tráfico de drogas en la cárcel de Villa Devoto. En verdad, refiere al desmantelamiento del Area de Inteligencia Criminal que funcionaba dentro del penitenciario. Esa fue una determinación del Presidente que abarcó a todas las prisiones. El kirchnerismo elucubró que habrían sido utilizadas por Mauricio Macri para montar su presunta red de espionaje y perjudicar a Cristina en las causas de corrupción.
Las quejas de Perotti y Javkin no constituyen una pavada. Hace diez días un malabarista callejero y músico fue secuestrado en un auto. Lo llevaron hasta la puerta del estadio de Newell’s y resultó ejecutado de tres balazos. En sus ropas había mensajes intimidantes enviados por capos narco encarcelados a otros, en apariencia, ligados a la barra del club. El joven muerto no tenía ninguna relación con el fútbol y la droga. Estupor en Rosario: cualquier ciudadano puede convertirse en correo fatal. Otro caso: el miércoles fue tiroteado un centro de salud minutos antes de que asistiera Javkin a un acto. De nuevo la esquela: “Botón mata inocentes”, decía. Figuraban los nombres de pila de dos líderes narco (Esteban y René) condenados y detenidos. Admonición para que no colaboren con los fiscales.
La fiscal de la Unidad de Balaceras, Valeria Haurigot, se encargó de destapar otra olla. Puso en duda la prolijidad del operativo policial después del ataque. Sostuvo además que los delitos son digitados desde las unidades carcelarias. La situación de la Policía provincial representa otro drama. Nunca está cuando debe. Su pasividad muchas veces exaspera. ¿Cómo entender que un ciclista haya baleado una comisaria y absolutamente nadie de la dependencia salió en su persecución? ¿Cómo explicar los disparos contra la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) luego de los cuales tampoco hubo reacción?
El intendente de Rosario subraya esas ausencias. También, la insuficiencia del número de gendarmes enviado por Aníbal frente a una realidad que es un drama. El jefe de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta, arriesgó que la Policía ha perdido el “control del territorio”.
Chocolate… Ninguna solución política doméstica alcanza. Perotti cambió a su cuarto ministro de Seguridad. Ahora designó a Claudio Brilloni, un ex gendarme que supo estar a cargo de investigaciones de delitos federales. En tres años el gobernador tuvo diez jefes de la Policía provincial. Nada cambia y todo empeora. Pese a la convergencia además de prefectos, gendarmes y agentes federales. Veamos algunas cifras del problema dantesco. En 2022 se registraron 286 asesinatos. Fue la mayor tasa de homicidios del país. En lo que va del 2023 se contabilizan 34. El año pasado se triplicó el número de víctimas mujeres. Pese a la disminución de los femicidios. Conclusión: habría aumentado la participación de mujeres en el mundo del crimen y el narco. En paralelo, resultaron asesinados 30 menores. Cabría, tal vez, una deducción similar.
En definitiva, frente a semejante escalada y deterioro ¿alguien puede comprender la prescindencia del Estado Nacional? ¿No supone el Gobierno que, antes o después, la infiltración de las bandas narco terminará por contaminar a otros conglomerados urbanos? El oficialismo tiene su cabeza en otras cosas. Dirimir sus diferencias internas. Acompañar como sea la victimización de Cristina, cuyo relato repetido por todos apunta a proclamar una supuesta proscripción antes que la inocencia.
Suena atinado que Juntos por el Cambio salga de la cápsula para atender la herencia económica. Pero la crisis estructural de la Argentina muestra una dimensión enormemente mayor. Quizás el deterioro social, en algún momento, pueda atenuarse. Es imposible pensar en una rehabilitación colectiva si, a la par, no se afronta la lucha contra el delito y el narcotráfico. No existe una solución sin la otra.
El kirchnerismo aprobó las denuncias para impulsar en Diputados el juicio político a la Corte Suprema. Pese a la resistencia opositora. Juntos por el Cambio hizo un brevísimo paréntesis en su interna inagotable para advertir sobre “la bomba” financiera que podría recibir como herencia en caso de que consiga triunfar en las elecciones. En ese suelo siempre puede más la atracción irrefrenable que existe por las candidaturas. A los cuatro pretendientes potenciales que exhibe el PRO, se añade el florecimiento radical, con la novedad de Martín Lousteau. Además, la confirmación de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volverá a competir en las primarias.
Aquel espectáculo de la política induciría a suponer la existencia de un país relativamente normal. De una sociedad atraída por tales enjuagues, con los contratiempos naturales de cualquier realidad. Con un horizonte previsible. Nada que ver. Estaría ocurriendo otra cosa. A la prolongada decadencia económica se añade un deterioro en el sistema político de las coaliciones que comenzó a ser moldeado lentamente después de la crisis del 2001. Hay un laberinto donde resulta difícil hallar la salida.
El esfuerzo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio por conservar en la unión la competitividad electoral, iría quizás en desmedro de la capacidad posterior para el ejercicio del poder. Dificultades enormes para dar respuestas a las demandas sociales. Así se ha venido incubando el desencanto actual reflejado en el siguiente recorrido: la saturación kirchnerista disparó en 2015 la apuesta por la oposición; su pésimo final económico repuso, con la máscara de Alberto y la sombra de Cristina, a aquellos que habían sido cesanteados; el nuevo fracaso podría activar en octubre otra vez el círculo vicioso.
En ese contexto se inscriben fenómenos gravísimos que van escalando sin freno. Desatendidos por el Gobierno. Incorporados como hecho casi fatídico por la sociedad que se alarma pero no alcanza a mensurar la verdadera dimensión del problema. Rosario es desde hace tiempo la gran vidriera de los narcotraficantes. El problema crece en provincias fronterizas del Norte, tiene manifestaciones en Buenos Aires e, incluso, en la Ciudad. Un tiroteo de bandas narcos terminó en los últimos días con la vida de una niña de 4 años en una villa del Bajo Flores.
Aquella indolencia del Gobierno esconde varios problemas. Uno es de fondo: el kirchnerismo carece de una idea o fundamento para abordar el desafío del narcotráfico. Ninguno de sus principales dirigentes, La Cámpora, ni siquiera la vicepresidenta, se explayó alguna vez sobre el tema. Está de por medio el manejo de las fuerzas policiales y de seguridad que suele ser traumático para todos ellos. Alberto tampoco se anima a incursionar en ese terreno. Su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se convirtió en simple relator de un drama que, con evidencia, desconoce: “Hace más de 20 años que Rosario arrastra el problema”, justificó. Enseguida, el clásico paso al costado: “Que se arregle la provincia (Santa Fe) con su Policía”, concluyó.
Tanto resulta el temor reinante que el Gobierno y el kirchnerismo se repliegan también en el plano conceptual. Nadie invoca la necesidad de la presencia del Estado –latiguillo del libreto oficialista-- como garante de la seguridad. En Santa Fe está dejando de existir. En todos sus estamentos institucionales. Llamativamente bajo la tutela del gobernador peronista, Omar Perotti. Quizás el ex intendente de Rafaela incurrió en los últimos tiempos en pecados imperdonables. Nunca se conmovió por las causas de corrupción que jaquean a Cristina. Tampoco se montó en el lawfare. Evitó acompañar el juicio político a la Corte. Quedó apareado con el mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti. Las facturas internas iban a llegar.
También aflora otra dificultad estructural que ha condenado al Gobierno estos tres años. El mecanismo de distribución del poder para conformar solo los intereses políticos del Frente constituyó una valla insalvable para la gestión. Alberto dispuso tener bajo su órbita el Ministerio de Seguridad. Primero, con la insipidez de Sabina Frederic. Ahora, con Aníbal. Nunca tuvo injerencia en la línea del Ministerio de Justicia. Debajo de la ex ministra Marcela Losardo estuvo Juan Martín Mena. Continúa como gendarme del ministro Martín Soria. Difícil hacer un combate eficiente del delito –en especial contra los narcos—con esas áreas de acción en permanente confrontación política.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) depende del Ministerio de Justicia. Recaló como interventora desde el inicio la kirchnerista y fundadora de Justicia Legítima, María Laura Garrigós. Fue en tiempos en que el Presidente se creía amigo de todos. Un informe del fiscal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de la Narcocriminalidad (Procunar), sostuvo que desde las cárceles federales crece el crimen organizado. Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, poseen certificación de que el 90% de los actos de las bandas narco se planean en las prisiones de Ezeiza y Marcos Paz. Donde se encuentran alojados los principales líderes de la droga (la banda de Los Monos) que actúan en aquella ciudad.
La situación del SPF no figura sólo en los enojos de Perotti o Javkin. La jueza María Servini denunció el año pasado a Garrigós y a Soria por no facilitar una investigación sobre tráfico de drogas en la cárcel de Villa Devoto. En verdad, refiere al desmantelamiento del Area de Inteligencia Criminal que funcionaba dentro del penitenciario. Esa fue una determinación del Presidente que abarcó a todas las prisiones. El kirchnerismo elucubró que habrían sido utilizadas por Mauricio Macri para montar su presunta red de espionaje y perjudicar a Cristina en las causas de corrupción.
Las quejas de Perotti y Javkin no constituyen una pavada. Hace diez días un malabarista callejero y músico fue secuestrado en un auto. Lo llevaron hasta la puerta del estadio de Newell’s y resultó ejecutado de tres balazos. En sus ropas había mensajes intimidantes enviados por capos narco encarcelados a otros, en apariencia, ligados a la barra del club. El joven muerto no tenía ninguna relación con el fútbol y la droga. Estupor en Rosario: cualquier ciudadano puede convertirse en correo fatal. Otro caso: el miércoles fue tiroteado un centro de salud minutos antes de que asistiera Javkin a un acto. De nuevo la esquela: “Botón mata inocentes”, decía. Figuraban los nombres de pila de dos líderes narco (Esteban y René) condenados y detenidos. Admonición para que no colaboren con los fiscales.
La fiscal de la Unidad de Balaceras, Valeria Haurigot, se encargó de destapar otra olla. Puso en duda la prolijidad del operativo policial después del ataque. Sostuvo además que los delitos son digitados desde las unidades carcelarias. La situación de la Policía provincial representa otro drama. Nunca está cuando debe. Su pasividad muchas veces exaspera. ¿Cómo entender que un ciclista haya baleado una comisaria y absolutamente nadie de la dependencia salió en su persecución? ¿Cómo explicar los disparos contra la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) luego de los cuales tampoco hubo reacción?
El intendente de Rosario subraya esas ausencias. También, la insuficiencia del número de gendarmes enviado por Aníbal frente a una realidad que es un drama. El jefe de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta, arriesgó que la Policía ha perdido el “control del territorio”.
Chocolate… Ninguna solución política doméstica alcanza. Perotti cambió a su cuarto ministro de Seguridad. Ahora designó a Claudio Brilloni, un ex gendarme que supo estar a cargo de investigaciones de delitos federales. En tres años el gobernador tuvo diez jefes de la Policía provincial. Nada cambia y todo empeora. Pese a la convergencia además de prefectos, gendarmes y agentes federales. Veamos algunas cifras del problema dantesco. En 2022 se registraron 286 asesinatos. Fue la mayor tasa de homicidios del país. En lo que va del 2023 se contabilizan 34. El año pasado se triplicó el número de víctimas mujeres. Pese a la disminución de los femicidios. Conclusión: habría aumentado la participación de mujeres en el mundo del crimen y el narco. En paralelo, resultaron asesinados 30 menores. Cabría, tal vez, una deducción similar.
En definitiva, frente a semejante escalada y deterioro ¿alguien puede comprender la prescindencia del Estado Nacional? ¿No supone el Gobierno que, antes o después, la infiltración de las bandas narco terminará por contaminar a otros conglomerados urbanos? El oficialismo tiene su cabeza en otras cosas. Dirimir sus diferencias internas. Acompañar como sea la victimización de Cristina, cuyo relato repetido por todos apunta a proclamar una supuesta proscripción antes que la inocencia.
Suena atinado que Juntos por el Cambio salga de la cápsula para atender la herencia económica. Pero la crisis estructural de la Argentina muestra una dimensión enormemente mayor. Quizás el deterioro social, en algún momento, pueda atenuarse. Es imposible pensar en una rehabilitación colectiva si, a la par, no se afronta la lucha contra el delito y el narcotráfico. No existe una solución sin la otra.
