COVID-19: revelaron una disparidad entre las provincias en la distribución de las vacunas
Por:
Víctor Ingrassia
Viernes 15 de
Julio 2022
El éxito de la lucha contra el coronavirus y la enfermedad COVID-19 que produce fue sin dudas la aparición y disponibilidad de las vacunas para prevenir contagios y sobre todo la enfermedad grave que origina el SARS-CoV-2.
Con la economía parada y en busca de regularizar la situación sanitaria, cada uno de los países pugnó por adquirir la mayor cantidad posible de vacunas de diferentes laboratorios y así enfrentar la actual pandemia.
Así, en marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia sanitaria, con el fin de tomar las medidas necesarias para mitigar la propagación del virus y su impacto en la salud colectiva en Argentina. Una de esas medidas fue la de generar un sistema de compras públicas que pudiera dar respuesta a las necesidades propias de la pandemia. En Argentina, el proceso de adquisición de vacunas comenzó con aquel primer lote de Sputnik V que llegó al país a fin de diciembre de 2020. Y esa misma semana la ANMAT ya autorizó la distribución y aplicación de la misma en las 24 jurisdicciones que posee el país (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Luego, llegaron las vacunas Sinopharm, AstraZeneca, Cansino y finalmente las demoradas Pfizer y Moderna.
Distintas ONG’s y entidades no gubernamentales constataron las compras y adquisiciones que hizo el Estado en todo lo relacionado a la pandemia. El Observatorio de Compras COVID19 creado por Poder Ciudadano es un ejemplo de ello, y tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía, en un único espacio y en un formato accesible, información pública sobre las contrataciones realizadas por los organismos nacionales durante la emergencia sanitaria, con la finalidad de ejercer un control social efectivo de cada una de ellas y velar de esta manera por la integridad de los fondos públicos afectados, con foco en el refuerzo del acceso, la publicidad e integridad del sistema de compras.
De ese informe, nació otro que es el que presentamos recientemente llamado Observatorio de vacunas COVID-19. Es un trabajo que comenzó en noviembre de 2021 con información relevada desde diciembre de 2020 hasta abril de 2022″, explicó a Infobae Alejandra Bauer, coordinadora de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la ONG Poder Ciudadano.
“El informe denuncia la falta de información pública de diversos temas que tienen que ver con la adquisición, distribución y aplicación de las vacunas en Argentina y muestra diferencias en la adquisición de las distintas dosis en las 24 jurisdicciones. La falta de datos que no entrega el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud provinciales, impide evaluar si las diferencias entre jurisdicciones subnacionales responden a criterios objetivos o si la distribución se realizó a discreción de las autoridades a cargo de llevar adelante la pandemia”, agregó.
El Gobierno nacional informó en su “Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID-19 en Argentina”, que la cantidad de vacunas contra el coronavirus se debía repartir en cada territorio provincial en función de la población objetivo de cada jurisdicción y de la disponibilidad de vacunas. Pero a lo largo de más de un año y medio, por diferentes motivos no informados, esas prioridades cambiaron. Y desde Poder Ciudadano, señalaron que el Gobierno nacional no informó de forma transparente qué criterios objetivos utilizó para su distribución.
Por ello, la ONG debió realizar varios pedidos de acceso a la información pública al Estado Nacional y también cruzar los datos que se publicaban en forma oficial. Poder Ciudadano procesó esta información y elaboró un mapa de distribución disponible en el Observatorio de Vacunas COVID-19. En cuanto a los promedios de vacunas recibidas por habitantes se identificó que:
-A abril de 2022, el promedio de vacunas por habitantes recibidas por provincia fue 2.3.
-Formosa (2.9), La Rioja, (2.7), CABA y Neuquén (2.6) recibieron más vacunas por habitante que el promedio nacional.
-Salta (2), Jujuy, Misiones y Chubut (2.2) recibieron vacunas por habitante por debajo al promedio nacional. En cuanto a los laboratorios predominantes en cada jurisdicción:
-Mientras la mayoría de las provincias recibieron aproximadamente 1 dosis de vacunas Pfizer cada 3 habitantes, Santa Fe recibió solo 1 dosis de este laboratorio cada 5 habitantes.
-Santa Cruz y Neuquén recibieron 1 dosis de Sputnik cada 2 habitantes, posicionándose como las principales jurisdicciones receptoras de vacunas de este laboratorio.
-Santiago del Estero y Catamarca son las provincias que mayor cantidad de vacunas Sinopharm por habitante recibieron.
-Formosa fue la que más dosis de AstraZeneca por habitante obtuvo.
Estos datos dan lugar a preguntarse acerca de las variaciones entre las dosis de los distintos laboratorios que recibieron las provincias. “¿Existen criterios de distribución que expliquen estas diferencias? ¿Qué evidencia fue considerada para definirlos? La falta de información pública relativa a la composición de la población objetivo de cada provincia (en relación con las metas del Plan de Vacunación) impide evaluar si las diferencias de las cantidades de vacunas distribuidas entre jurisdicciones subnacionales responden a criterios objetivos o si la distribución se realizó a discreción de las autoridades sanitarias”, alegaron desde Poder Ciudadano.
Otra cuestión que les llamó la atención de la información existente es que la documentación relativa a la distribución de vacunas contra el COVID-19 entre las distintas provincias no incluye el número de expediente correspondiente al contrato de adquisición de los lotes despachados, imposibilitando de manera explícita su adecuada trazabilidad. “No podemos vincular la información de la llegada al país de las vacunas con su distribución entre las provincias, ya que no existe un elemento en común entre ambos procesos. Esto impide saber qué pasó con las vacunas desde que llegaron al país hasta que Nación las mandó a cada provincia”, agregó Bauer.
Y remarcó: “A la falta de información pública del Gobierno Nacional, se le suma la de las provincias. La ley de acceso a la información pública es nacional pero cada provincia puede adoptarla o no. Si se adhieren, luego reglamentan la ley, pero le suman restricciones. A nivel federal el acceso es desigual. Ninguno de los informes que hicimos al interior del países fue contestado. Solo se obtuvo respuesta en el caso de la Provincia de Mendoza. No obstante, la información entregada es imprecisa indicando que la información existe en sitios oficiales del Gobierno provincial, pero omitiendo precisar su ubicación o identificación. De las respuestas brindadas a nivel nacional surge que el Ministerio de Salud no considera necesario que el envío y distribución de vacunas contra el COVID-19 en las distintas jurisdicciones se realice a través de actos administrativos”.
La encargada del informe sostuvo que ni en el plan original ni en las modificaciones posteriores se establecieron metas de vacunación en función de parámetros objetivos, lo que deriva en que se desconozca por ejemplo el dato de qué porcentaje de población objetivo representó cada provincia en la distribución. “La falta de información pública relativa a la composición de la población objetivo de cada provincia, impide evaluar si las diferencias de vacunas recibida en las 24 jurisdicciones responden a criterios objetivos o si la distribución se realizó a discreción de las autoridades sanitarias”, puntualizó.
El Ministerio de Salud de la Nación también informó que a lo largo de la campaña de vacunación se realizaron “adecuaciones” y “ajustes” de las cantidades a enviar a cada provincia afirmando que estos se hicieron “…según acuerdo entre las máximas autoridades nacionales y jurisdiccionales en el marco del Consejo Federal de Salud para atender las diferencias que pudieran surgir entre la realidad y la proyección realizada”. 10 Sin embargo, del análisis de las actas del Consejo Federal de la Salud de 2021 no surge que existieran acuerdos de esta índole en dicho ámbito, si los mismos se fundaron en parámetros objetivos o si se trató de decisiones de índole política.
“Además de la falta de transparencia, los pocos criterios que se anuncian no son claros, son cambiantes y sus cambios no son anunciados. Se entiende que ante la emergencia y la necesidad de satisfacer demandas tan urgentes se improvise, pero el problema no fue solo la falta de planificación, sino la falta de transparencia de los criterios utilizados. Nos llama la atención, no solo un actitud opaca del gobierno, que no quiere publicar los contratos, sino que nos preocupa además de que hay una mala gestión de la información”, concluyó Bauer, que remarcó que el Observatorio de Vacunas COVID-19 tiene como finalidad generar herramientas de control social sobre el proceso de compras, distribución y efectiva aplicación de vacunas contra el COVID-19 en Argentina y promover mejoras en términos de integridad en la gestión y disponibilidad de la información pública.
El informe de la ONG precisó que incluso un análisis superficial arroja que, independientemente del tipo de vacuna que se compre, el proceso de adquisición de dichos insumos en Argentina no parece cumplir con los requisitos mínimos exigibles en materia de transparencia e integridad: “Esto arroja una luz diferente sobre la información publicada en torno a las adquisiciones vinculadas al COVID-19. Como se recordará, a principios de la pandemia era casi nula: inmediatamente después de los escándalos ocurridos al inicio de la implementación del Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina (los llamados “Vacunatorios VIP”), el Estado Nacional creó el Monitor Público de Vacunación donde solo se publican datos generales sobre la compra, distribución y aplicación de vacunas. Es decir, que los déficits de transparencia no son frutos de la emergencia: son la vieja normalidad, no la nueva”.
A modo de conclusión, desde Poder Ciudadano solicitaron:
-En cuanto a la disponibilidad de la información, se garantice el efectivo acceso a la documentación consignada en portales oficiales y se adopte una postura activa en lo que respecta a la transparencia de la gestión, publicando la información disponible sin necesidad de actuar en respuesta a la presentación de solicitudes formales por parte de la ciudadanía o la sociedad civil.
– Con respecto a la trazabilidad de las vacunas —tanto contra el COVID-19 como para el resto de las aplicables en el país—, se urge a que la documentación de las diferentes etapas del proceso de compra, distribución y aplicación contenga elementos identificatorios comunes, de modo tal que permita tanto a las autoridades como a la ciudadanía, realizar un seguimiento integral desde su adquisición hasta su destino último: el ejercicio del derecho a la salud de toda la población.
Desde el Ministerio de Salud, explicaron a Infobae que “en un principio se distribuía por población por la alta demanda y la oferta crítica. Luego fue en función del avance del plan provincial, todas las provincias recibieron dosis en forma equitativa.
Así, en marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia sanitaria, con el fin de tomar las medidas necesarias para mitigar la propagación del virus y su impacto en la salud colectiva en Argentina. Una de esas medidas fue la de generar un sistema de compras públicas que pudiera dar respuesta a las necesidades propias de la pandemia. En Argentina, el proceso de adquisición de vacunas comenzó con aquel primer lote de Sputnik V que llegó al país a fin de diciembre de 2020. Y esa misma semana la ANMAT ya autorizó la distribución y aplicación de la misma en las 24 jurisdicciones que posee el país (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Luego, llegaron las vacunas Sinopharm, AstraZeneca, Cansino y finalmente las demoradas Pfizer y Moderna.
Distintas ONG’s y entidades no gubernamentales constataron las compras y adquisiciones que hizo el Estado en todo lo relacionado a la pandemia. El Observatorio de Compras COVID19 creado por Poder Ciudadano es un ejemplo de ello, y tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía, en un único espacio y en un formato accesible, información pública sobre las contrataciones realizadas por los organismos nacionales durante la emergencia sanitaria, con la finalidad de ejercer un control social efectivo de cada una de ellas y velar de esta manera por la integridad de los fondos públicos afectados, con foco en el refuerzo del acceso, la publicidad e integridad del sistema de compras.
De ese informe, nació otro que es el que presentamos recientemente llamado Observatorio de vacunas COVID-19. Es un trabajo que comenzó en noviembre de 2021 con información relevada desde diciembre de 2020 hasta abril de 2022″, explicó a Infobae Alejandra Bauer, coordinadora de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la ONG Poder Ciudadano.
“El informe denuncia la falta de información pública de diversos temas que tienen que ver con la adquisición, distribución y aplicación de las vacunas en Argentina y muestra diferencias en la adquisición de las distintas dosis en las 24 jurisdicciones. La falta de datos que no entrega el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud provinciales, impide evaluar si las diferencias entre jurisdicciones subnacionales responden a criterios objetivos o si la distribución se realizó a discreción de las autoridades a cargo de llevar adelante la pandemia”, agregó.
El Gobierno nacional informó en su “Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID-19 en Argentina”, que la cantidad de vacunas contra el coronavirus se debía repartir en cada territorio provincial en función de la población objetivo de cada jurisdicción y de la disponibilidad de vacunas. Pero a lo largo de más de un año y medio, por diferentes motivos no informados, esas prioridades cambiaron. Y desde Poder Ciudadano, señalaron que el Gobierno nacional no informó de forma transparente qué criterios objetivos utilizó para su distribución.
Por ello, la ONG debió realizar varios pedidos de acceso a la información pública al Estado Nacional y también cruzar los datos que se publicaban en forma oficial. Poder Ciudadano procesó esta información y elaboró un mapa de distribución disponible en el Observatorio de Vacunas COVID-19. En cuanto a los promedios de vacunas recibidas por habitantes se identificó que:
-A abril de 2022, el promedio de vacunas por habitantes recibidas por provincia fue 2.3.
-Formosa (2.9), La Rioja, (2.7), CABA y Neuquén (2.6) recibieron más vacunas por habitante que el promedio nacional.
-Salta (2), Jujuy, Misiones y Chubut (2.2) recibieron vacunas por habitante por debajo al promedio nacional. En cuanto a los laboratorios predominantes en cada jurisdicción:
-Mientras la mayoría de las provincias recibieron aproximadamente 1 dosis de vacunas Pfizer cada 3 habitantes, Santa Fe recibió solo 1 dosis de este laboratorio cada 5 habitantes.
-Santa Cruz y Neuquén recibieron 1 dosis de Sputnik cada 2 habitantes, posicionándose como las principales jurisdicciones receptoras de vacunas de este laboratorio.
-Santiago del Estero y Catamarca son las provincias que mayor cantidad de vacunas Sinopharm por habitante recibieron.
-Formosa fue la que más dosis de AstraZeneca por habitante obtuvo.
Estos datos dan lugar a preguntarse acerca de las variaciones entre las dosis de los distintos laboratorios que recibieron las provincias. “¿Existen criterios de distribución que expliquen estas diferencias? ¿Qué evidencia fue considerada para definirlos? La falta de información pública relativa a la composición de la población objetivo de cada provincia (en relación con las metas del Plan de Vacunación) impide evaluar si las diferencias de las cantidades de vacunas distribuidas entre jurisdicciones subnacionales responden a criterios objetivos o si la distribución se realizó a discreción de las autoridades sanitarias”, alegaron desde Poder Ciudadano.
Otra cuestión que les llamó la atención de la información existente es que la documentación relativa a la distribución de vacunas contra el COVID-19 entre las distintas provincias no incluye el número de expediente correspondiente al contrato de adquisición de los lotes despachados, imposibilitando de manera explícita su adecuada trazabilidad. “No podemos vincular la información de la llegada al país de las vacunas con su distribución entre las provincias, ya que no existe un elemento en común entre ambos procesos. Esto impide saber qué pasó con las vacunas desde que llegaron al país hasta que Nación las mandó a cada provincia”, agregó Bauer.
Y remarcó: “A la falta de información pública del Gobierno Nacional, se le suma la de las provincias. La ley de acceso a la información pública es nacional pero cada provincia puede adoptarla o no. Si se adhieren, luego reglamentan la ley, pero le suman restricciones. A nivel federal el acceso es desigual. Ninguno de los informes que hicimos al interior del países fue contestado. Solo se obtuvo respuesta en el caso de la Provincia de Mendoza. No obstante, la información entregada es imprecisa indicando que la información existe en sitios oficiales del Gobierno provincial, pero omitiendo precisar su ubicación o identificación. De las respuestas brindadas a nivel nacional surge que el Ministerio de Salud no considera necesario que el envío y distribución de vacunas contra el COVID-19 en las distintas jurisdicciones se realice a través de actos administrativos”.
La encargada del informe sostuvo que ni en el plan original ni en las modificaciones posteriores se establecieron metas de vacunación en función de parámetros objetivos, lo que deriva en que se desconozca por ejemplo el dato de qué porcentaje de población objetivo representó cada provincia en la distribución. “La falta de información pública relativa a la composición de la población objetivo de cada provincia, impide evaluar si las diferencias de vacunas recibida en las 24 jurisdicciones responden a criterios objetivos o si la distribución se realizó a discreción de las autoridades sanitarias”, puntualizó.
El Ministerio de Salud de la Nación también informó que a lo largo de la campaña de vacunación se realizaron “adecuaciones” y “ajustes” de las cantidades a enviar a cada provincia afirmando que estos se hicieron “…según acuerdo entre las máximas autoridades nacionales y jurisdiccionales en el marco del Consejo Federal de Salud para atender las diferencias que pudieran surgir entre la realidad y la proyección realizada”. 10 Sin embargo, del análisis de las actas del Consejo Federal de la Salud de 2021 no surge que existieran acuerdos de esta índole en dicho ámbito, si los mismos se fundaron en parámetros objetivos o si se trató de decisiones de índole política.
“Además de la falta de transparencia, los pocos criterios que se anuncian no son claros, son cambiantes y sus cambios no son anunciados. Se entiende que ante la emergencia y la necesidad de satisfacer demandas tan urgentes se improvise, pero el problema no fue solo la falta de planificación, sino la falta de transparencia de los criterios utilizados. Nos llama la atención, no solo un actitud opaca del gobierno, que no quiere publicar los contratos, sino que nos preocupa además de que hay una mala gestión de la información”, concluyó Bauer, que remarcó que el Observatorio de Vacunas COVID-19 tiene como finalidad generar herramientas de control social sobre el proceso de compras, distribución y efectiva aplicación de vacunas contra el COVID-19 en Argentina y promover mejoras en términos de integridad en la gestión y disponibilidad de la información pública.
El informe de la ONG precisó que incluso un análisis superficial arroja que, independientemente del tipo de vacuna que se compre, el proceso de adquisición de dichos insumos en Argentina no parece cumplir con los requisitos mínimos exigibles en materia de transparencia e integridad: “Esto arroja una luz diferente sobre la información publicada en torno a las adquisiciones vinculadas al COVID-19. Como se recordará, a principios de la pandemia era casi nula: inmediatamente después de los escándalos ocurridos al inicio de la implementación del Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina (los llamados “Vacunatorios VIP”), el Estado Nacional creó el Monitor Público de Vacunación donde solo se publican datos generales sobre la compra, distribución y aplicación de vacunas. Es decir, que los déficits de transparencia no son frutos de la emergencia: son la vieja normalidad, no la nueva”.
A modo de conclusión, desde Poder Ciudadano solicitaron:
-En cuanto a la disponibilidad de la información, se garantice el efectivo acceso a la documentación consignada en portales oficiales y se adopte una postura activa en lo que respecta a la transparencia de la gestión, publicando la información disponible sin necesidad de actuar en respuesta a la presentación de solicitudes formales por parte de la ciudadanía o la sociedad civil.
– Con respecto a la trazabilidad de las vacunas —tanto contra el COVID-19 como para el resto de las aplicables en el país—, se urge a que la documentación de las diferentes etapas del proceso de compra, distribución y aplicación contenga elementos identificatorios comunes, de modo tal que permita tanto a las autoridades como a la ciudadanía, realizar un seguimiento integral desde su adquisición hasta su destino último: el ejercicio del derecho a la salud de toda la población.
Desde el Ministerio de Salud, explicaron a Infobae que “en un principio se distribuía por población por la alta demanda y la oferta crítica. Luego fue en función del avance del plan provincial, todas las provincias recibieron dosis en forma equitativa.
Con información de
Infobae
