Amnistía Internacional recriminó a Michelle Bachelet la falta de actuación ante las violaciones de DDHH en la región de Xinjiang
Miércoles 06 de
Julio 2022
La ONG argumentó que existen testimonios estremecedores de familias de etnia uigur y kazaja que se encuentran amenazadas por el régimen chino
La ONG Amnistía Internacional (AI) recriminó este martes a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la falta de actuación ante las “graves violaciones de Derechos Humanos” perpetradas por las autoridades chinas contra minorías musulmanas en la región de Xinjiang.
En un comunicado, la organización calificó de “decepcionante” que esta semana se cierre un nuevo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “sin que hayan podido debatirse las conclusiones de la ONU sobre Xinjiang.
Así, señaló que existen nuevos testimonios “estremecedores” de familias de etnia uigur y kazaja que se encuentran “recluidas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang” y volvió a pedir a Bachelet, a la que acusó de “negarse reiteradamente a reconocer su gravedad”, que actúe.
“Los relatos de estas familias nos permiten asomarnos a los horrores que se están produciendo en Xinjiang, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Muchas personas contaron que tenían a varios miembros de la familia recluidos, lo que ilustra la enorme magnitud de los abusos”, aseveró la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
En este sentido, manifestó que la parsimonia que ha caracterizado la respuesta de la ONU a la “pesadilla distópica de Xinjiang empeora aún más la situación de las víctimas y supervivientes de la campaña masiva de encarcelamiento, tortura y persecución del Gobierno chino contra las minorías musulmanas”.
“Seguimos pidiendo al Gobierno chino que desmantele su vasto sistema de campos de internamiento; ponga fin a las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas y los malos tratos tanto en las prisiones como en otro lugares”, recoge el texto.
Además, la ONG hizo hincapié en la importancia de que las autoridades “rindan cuentas”, para lo que es “esencial” que Bachelet publique su informe, que “acumula mucho retraso”.
“Su constante negativa a denunciar los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de Derechos Humanos en Xinjiang es un obstáculo a la justicia, además de una vergüenza para el sistema de Naciones Unidas”, ha sostenido.
TESTIMONIOS
AI entrevistó recientemente a los familiares de decenas de personas recluidas en la región china y acusados de incurrir en presuntos delitos de terrorismo, entre otros cargos. Todos ellos señalaron que las detenciones se produjeron por cuestiones “tan triviales” como viajar o pagar la educación de sus hijos en el extranjero.
La kazaja Gulaisha Oralbay explicó que su hermano, Dilshat Oralbay, periodista y traductor uigur jubilado, fue detenido poco después de volver a la región en 2017. “No hay tribunal, lo metieron en la cárcel y le dijeron que sería por 25 años y ya”, dijo.
“Ni siquiera creo que él mismo conozca el motivo. Alguien dijo que era porque había viajado a Kazajistán. No hay una justificación ni una razón clara”, continuó.
Por su parte, Abdula Rasul explicó a Amnistía que su hermano Parhat Rasul, campesino y carnicero a tiempo parcial, fue detenido y llevado a un campo de internamiento en mayo de 2017. La familia no ha recibido noticias suyas directamente desde entonces, pero en 2018 una fuente cercana al asunto les informó de que Parhat había sido condenado a nueve años de prisión.
La familia de Parhat cree que lo detuvieron simplemente por ser musulmán practicante y llevar a cabo actividades benéficas. Algunos familiares han indicado que la esposa de Parhat, Kalbinur, y su suegra, Parizat Abdugul, también han sido encarceladas
La ONG recordó que aquellos que denuncian la situación corren un riesgo enorme; varios familiares de personas detenidas contaron que las autoridades los habían amenazado por hablar de ello públicamente.
Así, insistió en que la represión de China contra las personas de la etnia uigur, kazaja y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en Xinjiang, ejercida bajo el pretexto de combatir el “terrorismo”, está ampliamente documentada desde 2017. En 2021, un informe exhaustivo publicado por Amnistía Internacional reflejaba que el encarcelamiento, tortura y persecución masivos y sistemáticos organizados por las autoridades chinas constituían crímenes de lesa humanidad.
“Las autoridades chinas han empleado su Estado de vigilancia represivo para intentar ocultar esas violaciones, pero se sigue filtrando información desde Xinjiang”, expresó la organización.
Callamard, por su parte, subrayó que “pese al cada vez mayor número de pruebas, las autoridades chinas continúan mintiendo sobre la detención arbitraria a gran escala en Xinjiang” y sostiene que AI apoya la idea de que la ONU establezca un mecanismo independiente, imparcial e internacional para investigar los presuntos crímenes y otras violaciones cometidas por el Gobierno chino en Xinjiang.
En un comunicado, la organización calificó de “decepcionante” que esta semana se cierre un nuevo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “sin que hayan podido debatirse las conclusiones de la ONU sobre Xinjiang.
Así, señaló que existen nuevos testimonios “estremecedores” de familias de etnia uigur y kazaja que se encuentran “recluidas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang” y volvió a pedir a Bachelet, a la que acusó de “negarse reiteradamente a reconocer su gravedad”, que actúe.
“Los relatos de estas familias nos permiten asomarnos a los horrores que se están produciendo en Xinjiang, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Muchas personas contaron que tenían a varios miembros de la familia recluidos, lo que ilustra la enorme magnitud de los abusos”, aseveró la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
En este sentido, manifestó que la parsimonia que ha caracterizado la respuesta de la ONU a la “pesadilla distópica de Xinjiang empeora aún más la situación de las víctimas y supervivientes de la campaña masiva de encarcelamiento, tortura y persecución del Gobierno chino contra las minorías musulmanas”.
“Seguimos pidiendo al Gobierno chino que desmantele su vasto sistema de campos de internamiento; ponga fin a las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas y los malos tratos tanto en las prisiones como en otro lugares”, recoge el texto.
Además, la ONG hizo hincapié en la importancia de que las autoridades “rindan cuentas”, para lo que es “esencial” que Bachelet publique su informe, que “acumula mucho retraso”.
“Su constante negativa a denunciar los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de Derechos Humanos en Xinjiang es un obstáculo a la justicia, además de una vergüenza para el sistema de Naciones Unidas”, ha sostenido.
TESTIMONIOS
AI entrevistó recientemente a los familiares de decenas de personas recluidas en la región china y acusados de incurrir en presuntos delitos de terrorismo, entre otros cargos. Todos ellos señalaron que las detenciones se produjeron por cuestiones “tan triviales” como viajar o pagar la educación de sus hijos en el extranjero.
La kazaja Gulaisha Oralbay explicó que su hermano, Dilshat Oralbay, periodista y traductor uigur jubilado, fue detenido poco después de volver a la región en 2017. “No hay tribunal, lo metieron en la cárcel y le dijeron que sería por 25 años y ya”, dijo.
“Ni siquiera creo que él mismo conozca el motivo. Alguien dijo que era porque había viajado a Kazajistán. No hay una justificación ni una razón clara”, continuó.
Por su parte, Abdula Rasul explicó a Amnistía que su hermano Parhat Rasul, campesino y carnicero a tiempo parcial, fue detenido y llevado a un campo de internamiento en mayo de 2017. La familia no ha recibido noticias suyas directamente desde entonces, pero en 2018 una fuente cercana al asunto les informó de que Parhat había sido condenado a nueve años de prisión.
La familia de Parhat cree que lo detuvieron simplemente por ser musulmán practicante y llevar a cabo actividades benéficas. Algunos familiares han indicado que la esposa de Parhat, Kalbinur, y su suegra, Parizat Abdugul, también han sido encarceladas
La ONG recordó que aquellos que denuncian la situación corren un riesgo enorme; varios familiares de personas detenidas contaron que las autoridades los habían amenazado por hablar de ello públicamente.
Así, insistió en que la represión de China contra las personas de la etnia uigur, kazaja y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en Xinjiang, ejercida bajo el pretexto de combatir el “terrorismo”, está ampliamente documentada desde 2017. En 2021, un informe exhaustivo publicado por Amnistía Internacional reflejaba que el encarcelamiento, tortura y persecución masivos y sistemáticos organizados por las autoridades chinas constituían crímenes de lesa humanidad.
“Las autoridades chinas han empleado su Estado de vigilancia represivo para intentar ocultar esas violaciones, pero se sigue filtrando información desde Xinjiang”, expresó la organización.
Callamard, por su parte, subrayó que “pese al cada vez mayor número de pruebas, las autoridades chinas continúan mintiendo sobre la detención arbitraria a gran escala en Xinjiang” y sostiene que AI apoya la idea de que la ONU establezca un mecanismo independiente, imparcial e internacional para investigar los presuntos crímenes y otras violaciones cometidas por el Gobierno chino en Xinjiang.
Con información de
Europa Press
